La jueza de la dana pone el foco en los bomberos que se retiraron del barranco del Poyo antes del desbordamiento

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha puesto el foco en los bomberos que se retiraron del barranco del Poyo antes de que el desbordamiento de esta rambla causara la inundación que provocó la desgracia que dejó 230 muertos en Valencia el 29 de octubre de 2024.

En su última resolución, la instructora pide al Consorcio Provincial de Bomberos que identifique a los efectivos que, a instancias del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, vigilaron el río Magro a la altura del municipio de Carlet (16.857 habitantes) y el barranco del Poyo a su paso por Torrent (90.900), Picanya (12.000) y Paiporta (28.000). En esta última localidad, la riada se llevó 55 vidas. La jueza ordena esta pesquisa “a efectos de citar como testigos” en un futuro a estos efectivos.

La actuación de estos profesionales se ha situado en el epicentro de la polémica desde que el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la dana, José Miguel Basset, ya jubilado, asegurara en abril que se dejó de supervisar el barranco del Poyo porque su caudal cayó y había “ganas de comer”. Los bomberos se fueron de esta rambla el 29O de 2024 a las 15.00 horas, una hora y media antes de que la infraestructura se desbordara a la altura de poblaciones como Chiva (17.245 habitantes) o Cheste (9.022). Prueba del interés que ha mostrado la jueza en analizar este episodio es la programación de dos jornadas en enero para tomar declaración a Basset como testigo, una condición que le obligará a decir la verdad.

La instructora también ha pedido este jueves a la Consejería de Medio Ambiente un informe sobre los agentes medioambientales que trabajaron el día de la desgracia. El desempeño de estos profesionales también ha estado en entredicho durante la instrucción judicial. Emergencias sostiene que solicitó a estos efectivos la víspera de la tragedia y que la Generalitat se los denegó.

En su batería de pesquisas, con el respaldo de la Fiscalía, la jueza también requiere a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, que identifique a los guardas fluviales en Valencia que trabajaron el día de la desgracia. La instructora ha pedido un informe sobre los cauces que atendieron estos funcionarios.

A vueltas con el ‘Es Alert’

En paralelo a estas diligencias, la magistrada continúa con los movimientos para desgranar todos los detalles sobre el envío del Es Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió para informar a la población de la magnitud de la tragedia y que, según la instructora, llegó tarde y mal porque, cuando se activó -a las 20.11 horas- la mayoría de los desparecidos ya habían muerto.

Para aclarar estos flecos, la jueza ha citado de nuevo a declarar como testigo a un técnico que intervino en el envío de esta notificación y que ya compareció ante Ruiz Tobarra el pasado mayo.

La Audiencia de Valencia se niega a archivar la causa de Pradas

Espaldarazo de la Audiencia de Valencia a las pesquisas de la jueza de Catarroja que indaga la mayor catástrofe natural del siglo. La sección segunda de este tribunal ha confirmado este jueves la decisión de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra de denegar el sobreseimiento libre que pidió la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Los seis magistrados de la Audiencia de Valencia tumban así el recurso que presentó Pradas contra un auto de la jueza de octubre y al que se había sumado el otro investigado en las pesquisas, el exdirector general de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso. Pradas, que reclamaba el archivo definitivo, justificaba que la dana fue una “catástrofe natural de magnitud imprevisible”. “La existencia de indicios iniciales suficientes obliga a continuar la instrucción para despejar cualquier duda, siendo improcedente el sobreseimiento libre”, razona el tribunal.

La exconsejera apelaba también en su recurso a la denominada teoría del apagón informativo. Una tesis que sostenía que, si la Generalitat no actuó antes, fue por la falta de información de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La magistrada Ruiz Tobarra ha desmontado en decenas de autos esta idea.

Entre las fuentes informativas a las que tuvo acceso la Generalitat, la Audiencia cita en su resolución los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ; los avisos de la Aemet, las llamadas del 112 –centralita telefónica de la Generalitat-, y las informaciones de los medios de comunicación. “No es el momento procesal oportuno para discutir sobre el archivo del procedimiento, máxime cuando aún está en fase de instrucción”, agregan los magistrados del tribunal.

Según la Audiencia, “no se puede descartar que la exconsejera investigada, ostentando una posición de garante, derivada de su cargo y de las funciones que tenía asignadas, haya incurrido en una conducta omisiva que haya generado un riesgo jurídicamente desaprobado, en los términos exigidos por la jurisprudencia”.