Feijóo se prepara para una negociación a cara de perro en Valencia y un alto riesgo de ir a elecciones

La llave del futuro político de la Comunidad Valenciana, la cuarta autonomía de España, vuelve a estar en manos de Vox, que también condicionará con sus decisiones en las próximas semanas la hoja de ruta de Alberto Núñez Feijóo hasta llegar a las elecciones generales. La rocambolesca dimisión de Carlos Mazón, precipitada en los últimos días un año después de la dana, deja en manos de la extrema derecha la continuidad la legislatura mediante la investidura de un nuevo presidente interino, dos años después del acuerdo para hacer presidente a Mazón. La dirección de Feijóo es consciente de que ahora está en manos de Vox y de que no puede descartar el escenario de una repetición electoral. Los populares admiten que Santiago Abascal ha dado muestras estos días de preferir que Mazón continuara en su puesto, con el objetivo de seguir desgastando al PP, así que no tienen dudas de que afrontarán una negociación a cara de perro con los ultras.

Al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se le abre así otro frente político en el primer territorio en el que el PP pactó sin dilación con Vox para formar el gobierno de la Generalitat tras los comicios autonómicos de 2023, lo que alentó la movilización de la izquierda en las posteriores elecciones generales. Y, además, en una actual coyuntura nacional e internacional aún más favorable al auge de la extrema derecha.

Vox no muestra ninguna prisa. Su líder, Santiago Abascal, se dejó querer este lunes y cargó las tintas contra Feijóo y el PP, por no consultarles “para nada” la caída de Mazón y por darle árnica al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. “El PP actúa de la siguiente manera: aquí tiene lentejas, si las quieres bien y si no las dejas”, afirmó desde Plasencia. En el mismo sentido se expresó el portavoz valenciano de la formación en Les Corts, José María Llanos: “Ni ha habido contactos ni se ha hablado de ningún sustituto”.

Tres son los nombres que se barajan en el PP como sustitutos de Mazón, aunque podrían aparecer nuevos: Juan Francisco Pérez Llorca, diputado autonómico y mano derecha del president en funciones hasta que no se elija a otro; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también diputada, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, la opción preferida por los jefes provinciales del PP. Este último queda descartado como solución inmediata para el interinato por no ser diputado autonómico. Mientras Catalá tampoco es ahora la opción de Génova porque no quiere desvestir un santo -la alcaldía de Valencia- para vestir otro.

Feijóo no tiene candidato

La dirección nacional no ha decidido todavía qué candidato o candidata postular como nuevo president de la Generalitat. Fuentes de Génova aseguran que el candidato se acordará con el PP de la Comunidad Valenciana, pero la cúpula quiere saber también cómo respira Vox con uno u otro perfil. Pese al pulso interno durante el fin de semana, Génova asegura que no ha presionado a Mazón para situar a María José Catalá como sucesora, sobre todo, porque lanzar a la alcaldesa de Valencia implicaría “no solo afrontar una sucesión, la del president, sino dos”, ya que Catalá dejaría la silla de regidora en Valencia. Pero Génova también recela de que Pérez Llorca estuviera en la reunión con los tres presidentes provinciales del PP el pasado viernes, en la que todos pactaron que Vicente Mompó sería su apuesta como cabeza de cartel en caso de ir a elecciones, y no lo confirma como su apuesta.

De todos modos, Pérez Llorca es el que más números tiene, según todas las fuentes consultadas. Juega a su favor su perfil negociador y su experiencia para urdir primero el acuerdo de Gobierno con Vox, cerrado dos semanas después de las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Él ha estado detrás también de los pactos parlamentarios con los ultras, con los que Mazón ha tenido una buena relación a pesar de la orden de Santiago Abascal, en clave nacional, de que Vox abandonara los gobiernos autonómicos.

La situación en el PP es de incertidumbre, con Mazón dimitido y sin un nombre de consenso para presentar a la investidura. Hay fuentes que no descartan que pueda saltar la sorpresa en la elección de un candidato entre los 40 diputados populares, en función de las preferencias que señale Vox.

El PP incide en que Vox no debería presentar oposición porque los acuerdos alcanzados con Mazón, acuerdos entre partidos para la legislatura y no entre nombres propios. Desde 2023, en la Comunidad Valenciana se han aprobado presupuestos y medidas para desandar el camino del reconocimiento de la memoria histórica, para cuestionar las políticas de inmigración o para asfixiar económicamente instituciones como la Acadèmia Valenciana de la Llengua que forman parte del programa de la extrema derecha.

La relación entre el PP de Mazón y Vox ha sido muy fluida dentro del Gobierno de la Generalitat y después, como socios en Les Corts, pero en las filas populares son conscientes de que la formación de Abascal puede aprovechar las divergencias internas del PP y el contexto político favorable a sus intereses (respaldados por los sondeos) para apurar al máximo sus exigencias, romper las negociaciones con los populares y forzar la convocatoria de elecciones anticipadas. Según los plazos previstos en la Ley Electoral Valenciana, si no hay acuerdo, los comicios tendrían lugar el próximo marzo, casi un año y medio después de la devastadora dana que acabó con la vida 229 en la provincia de Valencia.

En funciones, con escaño y pendiente de la baja

Hasta que se resuelva esa negociación, el president seguirá funciones, tal y como establece la legislación autonómica. En su entorno aseguran que quiere bajar el ritmo de la actividad tras su dimisión. “No tiene prescrita ninguna baja médica”, sostienen fuentes de la Generalitar, pero “hará en todo momento lo que le diga su facultativo”. Este martes, el día después de firmar su renuncia, presidirá el pleno del Consell, como estaba previsto. Si los médicos lo dieran de baja, podría eximirse de la obligación de comparecer en las comisiones de investigación sobre la dana. La primera cita era el próximo 17 de noviembre en el Congreso de los diputados. Así lo interpretan fuentes del PP valenciano.

En ese caso, la baja implicaría que el president incurre en un supuesto de incapacidad, como prevé la Ley del Gobierno valenciano, de forma que asumiría la presidencia en funciones la vicepresidenta primera, Susana Camarero, según sostienen las mismas fuentes.

Mazón seguirá ocupando uno de los escaños porque mantiene su condición de diputado y, por tanto, de aforado, una figura que le protege de la imputación por parte de la jueza instructora de la causa penal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que le ha invitado en varias ocasiones a declarar voluntariamente. El otro escenario abierto es el orgánico. El mandatario valenciano también puso a disposición de Feijóo la presidencia del PP de la Comunidad Valenciana, según fuentes de Génova, pero la dirección del PP no quiere abrir ahora el melón orgánico y centrarse en la prioridad la investidura.

Cuando pase a la condición de expresidente, el jefe del Consell tiene asegurado el derecho a contar con dos asesores, una oficina, un coche y un chófer, según estipula el estatuto de los expresidentes, aprobado por el PP y el PSPV-PSOE en 2002. Francisco Camps, Alberto Fabra o Ximo Puig se han beneficiado de parte de estas prerrogativas. Además, podría cobrar dos años y cuatro meses de salario (cercano a los 75.000 euros) si se integra como consejero en el Consell Jurídic Consultiu (similar al Consejo de Estado, pero a escala autonómica). Mazón está en excedencia como director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante, en la que trabajaba antes de presidir la diputación de Alicante y la Generalitat.