El presidente de la Confederación Hidrográfica revela que pidió el envío de un mensaje dos horas antes de la alerta de la Generalitat

Descoordinación, falta de previsión, ausencia de mando... El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, recuerda el comité que coordinó una de las mayores desgracias naturales de España -la dana que dejó 229 muertos en octubre- como una letal cadena de errores. Así lo ha explicado este viernes durante su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la inundación, Nuria Ruiz Tobarra, según confirman a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

Durante su relato como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad y a responder a todas las partes, el responsable de este organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, ha recordado que solicitó a las 18.00 horas del 29 de octubre que se enviara un aviso para pedir a los ciudadanos que subieran a las primeras plantas de los edificios. En ese momento, el president Carlos Mazón tenía por delante 45 minutos de sobremesa en el céntrico restaurante de Valencia El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Y restaban dos horas para que la Generalitat remitiera la alerta a móviles, que llegó a las 20.11 horas, cuando se amontonaban los muertos y desaparecidos.

El testigo urgió para la activación de la alerta por el riesgo de rotura de la presa de Forata, que pudo causar 20.000 muertos tras su desbordamiento, según informes de la Generalitat.

Ha explicado que, durante la reunión del Cecopi -el órgano de la Generalitat que coordinó la catástrofe- la exconsejera autonómica de Justicia e Interior Salomé Pradas preguntó por qué se declaró la emergencia. “La consejera [Pradas] preguntaba por qué se declaraba la emergencia. Que qué era eso. No dábamos crédito”, ha indicado. La exdirigente está imputada en la causa junto a quien fuera su número dos, el exdirector de Emergencias Emilio Argüeso.

Las vacilaciones de la exconsejera

El testigo ha destacado las vacilaciones que se apoderaron de Pradas en pleno Cecopi. “Se me quedó grabado cómo el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, insistió varias veces a la consejera que la ley le amparaba para tomar cualquier tipo de medida. Ella [Pradas] tenía dudas sobre si podía tomar o no medidas”, ha afirmado el presidente de la CHJ. “Recibí una llamada del secretario de Estado, que me preguntó: ¿Qué está pasando? Le transmito que el problema es que ahí [en el Cecopi] nadie toma decisiones. Nadie hace nada”, ha añadido.

Ha rememorado que en la reunión de crisis se registraron tres “apagones”, desconexiones para los participantes que se conectaron por videoconferencia. Y ha mostrado su desconcierto de que la Generalitat no reaccionara desde primera hora de la mañana de la aciaga jornada tras la declaración de las alertas rojas e hidrológicas.

El testigo se conectó a la reunión por videoconferencia. “Lo único que veía era la esquina de una mesa. Solo veía a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, y a otra persona que no conozco”, ha dicho, según fuentes presentes en su declaración.

Preguntado por el fiscal sobre por qué la CHJ no informó al departamento de Emergencia de la Generalitat sobre el caudal barranco del Poyo, génesis de la inundación, entre las 16.15 y las 18.43 horas del día de la dana, Polo ha justificado: “el umbral de 150 litros cabe perfectamente en el cauce del Poyo. El propio plan establece un sistema de seguimiento. No le compete a la CHJ. Esa información no es relevante. Durante el tiempo que me dice, se manda un aviso de una hora en Chiva, Ribarroja. Se envía de modo autonómico”, ha dicho.

El testimonio de Polo se revela esencial. Tras guardar silencio desde la catástrofe natural que el pasado 29 de octubre dejó 229 muertos y un reguero de destrucción en Valencia, el responsable de la CHJ ha centrado los duros envites de la Generalitat, del PP y de los dos exaltos cargos del Ejecutivo de Carlos Mazón imputados: Pradas y Argüeso.

Todos le reprochaban no haber avisado con antelación a la administración autonómica de la magnitud de la tragedia y haber descuidado actuaciones en enclaves como el barranco del Poyo, detonante de la inundación. Una tesis que ha desmontado con vehemencia la instructora. La magistrada rechazó la petición de la defensa de Argüeso de citar a Polo como investigado.