El Gobierno de Mazón negó en diciembre tener un vídeo del Cecopi que ha ocultado a la jueza de la dana

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón, del PP, negó en diciembre a EL PAÍS la existencia de un vídeo registrado el día de la dana en el Cecopi, el organismo de la Generalitat que coordinó la respuesta a la inundación que dejó 229 muertos el pasado 29 de octubre y en el que se tomaron decisiones clave, como el envío de la alerta masiva a móviles para informar a la población. La grabación, que una productora contratada por la Generalitat entregó al Gobierno de Mazón, no ha sido aportada a la causa judicial de la catástrofe que indaga la magistrada de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra.

La Generalitat, sin embargo, sí que guarda este material desde hace diez meses. Un operario de una productora audiovisual contratada por la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Emergencias (SGISE) inmortalizó el vídeo durante la reunión de crisis, según una fuente conocedora del trabajo. Tras concluir el servicio, el empleado remitió a este organismo, que depende de la administración autonómica, el bruto con las imágenes y no se quedó una copia. “Antes de ir al Cecopi, también se captaron imágenes de la emergencia, que se remitieron a la Generalitat”, sostienen estas fuentes. La existencia del material fue adelantada por Eldiario.es.

Pese a manejar este vídeo, el Ejecutivo valenciano negó en diciembre su existencia. EL PAÍS solicitó el 24 de noviembre “la grabación completa de la reunión del Cecopi el 29 de octubre de 2024″ por el canal reglado de la transparencia (un proceso que obliga a las administraciones a facilitar a la ciudadanía documentos de cualquier soporte elaborados en el ejercicio de sus funciones). La respuesta llegó el 19 de diciembre de la mano del subdirector de la Agencia de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, quien aseguró: “No se realizó ninguna grabación de la reunión del Cecopi del día 29 de octubre de 2024 por parte del Centro de Coordinación de Emergencia”. No existen consecuencias jurídicas para las administraciones que den respuestas falaces a las solicitudes de transparencia que haga la ciudadanía, según expertos en transparencia.

Suárez ha sido citado por la jueza de la dana a declarar en calidad de testigo, una condición que le obliga a decir la verdad. El testimonio de este alto cargo puede revelarse clave porque maneja los detalles del envío de la alerta masiva a móviles. Esa notificación que se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas. El aviso se remitió a los teléfonos a las 20.11 horas y según la magistrada, si se hubiera activado antes, se habrían salvado vidas.

Previamente a la publicación de esta información, este diario ha intentado sin éxito recabar las versiones del departamento de Emergencias de la Generalitat y de Jorge Suárez. Tras conocer la revelación de las nuevas imágenes, el consejero de Emergencias de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, admitió este lunes la existencia del material registrado en el Cecopi por una productora contratada por el Sgise. Y ofreció “máxima colaboración” a la jueza de la dana en el supuesto de que la magistrada solicite estas imágenes para incorporarlas a la causa. Unas pesquisas que, junto a la exconsejera Pradas, mantiene imputado a quien fuera su número dos, Emilio Argüeso. La investigación judicial rastrea los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente. En distintos autos, la magistrada ha lamentado la “falta de documentación” que la Generalitat ha aportado a la causa.

La SGISE es una sociedad mercantil instrumental tutelada por la Agencia de Emergencias, en la que Suárez es subdirector. Esa entidad contrata, al menos, desde 2022 a una productora audiovisual para grabar las intervenciones de los servicios de emergencias autonómicos. El pasado junio, el organismo renovó el contrato con la compañía por 137.698 euros. El documento estipula que la Agencia de Emergencias será la titular de los derechos de imagen de todo el material audiovisual.

La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en la dana ha pedido a la magistrada que solicite a la Generalitat estas imágenes. Requiere a la instructora los vídeos en bruto (material sin editar) captados en el Cecopi por el servicio de comunicación de la entidad durante toda la jornada del 29 de octubre, entre las 7.30 y las 24.00 horas.

Junto al operario subcontratado por la Generalitat, un cámara de la televisión pública valenciana À Punt también grabó imágenes del encuentro. El material se divulgó la semana pasada y confirmaba que la exconsejera de Justicia e Interior imputada en la causa, Salomé Pradas, dio instrucciones sobre el envío de la alerta masiva a los teléfonos en el Cecopi. Un hecho que la exdirigente negó ante la jueza, cuando declaró como imputada el pasado abril. Entonces, descargó su responsabilidad en los técnicos.

El análisis de las imágenes del Cecopi resulta crucial. Junto al envío de la alerta a móviles, el dispositivo adoptó las decisiones clave de la dana. Un total de 29 organismos estatales, autonómicos y municipales implicados en la gestión de la catástrofe participaron en esta cita de emergencias, que arrancó a las 17.00 horas del 29-O.