La investigación de la dana estrecha el cerco sobre Mazón y Pradas

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, ha iniciado el curso tras las vacaciones de verano con un nuevo paquete de medidas de ayudas para los afectados por la dana para centrarse en la recuperación y agotar la legislatura. “Somos los que nos tomamos en serio las emergencias”, dijo este viernes en el acto oficial del comienzo de la temporada política. Sin embargo, esta última semana ha sido nefasta para él tras conocerse nuevos datos que vuelven a poner el foco en su nefasta gestión durante la catástrofe del pasado 29 de octubre.

Desde el remozado juzgado de Catarroja, muy dañado a consecuencia de la dana, la magistrada de Primera Instancia e Instrucción número 3, Nuria Ruiz Tobarra, ha acumulado esta semana en su investigación penal sobre la catástrofe varios informes, testimonios y diligencias que desmontan la versión oficial de la Generalitat. El avance del procedimiento también ha hecho aflorar mentiras y contradicciones en la gestión de una de las mayores tragedias naturales de España, de la que se cumplirá el primer aniversario en mes y medio.

La larga semana horribilis del president arrancó con una carta. Maribel Vilaplana, la periodista que almorzó con el barón popular en el restaurante El Ventorro mientras comenzaba a inundarse Valencia, reconocía una mentira. A través de una misiva abierta, admitía que el día de la tromba no abandonó el local a las 17.45 como aseguró en un principio, sino una hora después. Arreciaba entonces lo peor de la catástrofe y las aguas sepultaban municipios como Catarroja (30.142 habitantes), donde la dana segó 25 vidas.

Con la nueva versión, la periodista reescribía su propio relato diez meses después. Y arrojaba nuevas sombras sobre una cita de la que se desconocen sus flecos. Según la misiva abierta, la comida duró más de tres horas y media, en las que Mazón habló cuatro veces con la responsable de la emergencia —la exconsejera imputada, Salomé Pradas—, entre otros. Vilaplana dice que no identificó a los interlocutores del president. Y que se limitó a ofrecer “una sesión de consultoría” sobre “temas propios de su especialidad”, la oratoria.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, se muestra muy crítica con la misiva. “¿Por qué Vilaplana ha tardado 10 meses en desmentir lo que dijo?, ¿Cómo pudo seguir comiendo, bebiendo o lo que estuviera haciendo [con el político] sin inmutarse?, ¿Y Mazón?”, arremete la responsable de esta entidad que aglutina a dos decenas de socios que perdieron a 90 familiares.

El misterio de El Ventorro

A pesar de las grietas del relato de Vilaplana, la jueza ha rechazado esta semana citarla como testigo. “No tiene sentido que no declare. No es una periodista más. Tiene la información. Ha demostrado que sí había cobertura telefónica en El Ventorro”, defiende María Teresa Pérez, coordinadora valenciana de Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa. Y que, como toda la izquierda, pedirá la comparecencia de la informadora en la comisión de investigación de la dana del Congreso.

Para rechazar su citación, la magistrada apela al argumento garantista de que la testifical de Vilaplana desplazaría el foco de las pesquisas a Mazón. Y, como el dirigente es aforado, solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras el razonamiento de la instructora.

A la jueza le queda el comodín de pedirle al jefe del Consell que declare como imputado de forma voluntaria. La magistrada, que ya usó este recurso sin éxito el pasado marzo —Mazón rechazó la posibilidad— desempolvaba el jueves esta oferta que tiene todos los visos de volver a caer en saco roto. Si pisara el juzgado, Mazón podría detallar qué hizo durante la tarde de la riada y por qué desembarcó en el centro que coordinó la crisis a las 20.28, tres horas después del desbordamiento del barranco del Poyo.

El siguiente movimiento judicial de calado de la semana incidía de lleno en el Ejecutivo de Mazón. Susana Camarero, vicepresidenta primera y número dos del Ejecutivo, pasaba de defender el argumentario oficial de la Generalitat y del PP sobre la dana —un relato que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de no informar con antelación de la gota fría, sobre todo en lo que respectó al barranco del Poyo— a aparecer en las resoluciones de la instructora. La magistrada acordó el jueves llamar a declarar como testigo a la dirigente que se ha convertido en uno de los escudos del president y en la cara del Consell al ejercer como portavoz.

La decisión llegó después de incorporar a la causa un informe de la propia Generalitat que confirmaba que Camarero apenas se conectó 83 minutos por videoconferencia al Cecopi, el organismo autonómico que gestionó la crisis. Desde su departamento inciden en que el secretario autonómico estaba presente y que ella no era miembro del Cecopi.

En el ecuador de la semana detonaba otra mina política. Una grabación confirmaba que la exconsejera imputada Pradas dio instrucciones durante la emergencia del envío del Es Alert, el polémico mensaje que la Generalitat remitió a los móviles para informar a la población de la magnitud de la tragedia. Y que, según la instructora, llegó tarde y mal. Cuando se lanzó la notificación, a las 20.11 horas, se acumulaban los muertos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.

Las imágenes acreditan que Pradas mintió en sede judicial. Cuando declaró como investigada en abril, se desmarcó del mensaje —piedra angular de la investigación— y descargó su responsabilidad en los técnicos. Ahora puntualiza que no eran “indicaciones técnicas en materia de protección civil”. Al comparecer como imputada, la exdirigente no tenía la obligación de decir la verdad.

“El Consell miente, cambia su versión, manipula”, se queja Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes 29 d’Octubre, que representa a una treintena de familiares de 14 fallecidos. “La gestión de la dana fue caótica. Nadie estuvo al frente. Se hubieran podido salvar muchas vidas de haberse hecho mejor”, añade Manuel Mata, abogado de la acusación popular que ejerce la asociación Acció Cultural del País Valencià.

Acorralado por las pruebas, por la cadena de mentira y contradicciones, Mazón sigue aferrándose a una peligrosa tesis: su diligente actuación en la catástrofe con la información con que contaban. Sus dos exaltos cargos imputados —la exconsejera Pradas y quien fuera su segundo durante la riada, Emilio Argüeso— le exculpan. Y, como el jefe del Consell, sitúan el pecado original de la desgracia en la supuesta falta de información de organismos estatales como la Agencia Española de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Su vehemencia contrasta con el procedimiento de la jueza, que ha descartado decenas de veces dicho argumento.

Pese a la catarata de evidencias, los imputados no modifican un ápice su estrategia de defensa. El entorno de la exconsejera Pradas sostiene que “estuvo al pie del cañón” en la crisis. Y quien fuera su mano derecha durante la tromba tampoco amaga con reconocer errores “Soy inocente. Si no te informan, ¿cómo vas a actuar?”, proclama Argüeso, que junto a su antigua jefa y el president, culpan al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber avisado de la monumental inundación que segó 229 vidas.