Dos años después, seguimos con un Consell incapaz

Hace poco más de dos años, fruto del pacto PP-VOX, Carlos Mazón nombraba a su primer Consell. Pese a la rapidez del acuerdo político, los nombramientos institucionales se prolongaron durante meses. Fue ya en aquellos primeros momentos cuando se evidenció la dificultad de fichar profesionales y perfiles solventes, con experiencia y capacidad. Algo que tampoco resultaba en exceso sorpresivo, dada la composición del pleno del Consell.

El tan cacareado “Consell de los mejores” era una proclama tan hueca como insultante para los valencianos. En comparación con el Consell del Botànic, que fue capaz de atraer a técnicos, políticos y profesionales de primer nivel, el gobierno de Mazón parecía una caricatura de lo que uno esperaría de sus gobernantes. Lamentablemente, y tal y como hemos podido comprobar, la inoperancia y la selección inversa de élites tienen un precio.

Oculto por la imperdonable negligencia e inmensa irresponsabilidad de Carlos Mazón en la emergencia de las riadas de octubre de 2024, el resto de su gobierno ha estado demasiado tiempo fuera de los focos. En esta, su tercera versión -tras la salida de la ultraderecha y la recomposición posterior a la dana-, la valía técnica y política de sus miembros sigue siendo igual de cuestionable que en julio de 2023.

Contamos con una vicepresidencia para la reconstrucción militarizada y carente de competencias y sentido, y cuyo titular aboga por un peligroso alejamiento de la política a través de una tecnocracia de tintes autoritarios. El plan presentado por Gan Pámpols, que la Generalitat ha tratado de utilizar torticeramente para cargar contra el gobierno central, es un documento por el que se han pagado 2,2 millones a una consultora privada, PricewaterhouseCoopers (PwC), contratada a dedo sin concurrencia pública. Esto constituye un ejemplo inmejorable de la nulidad de la propia vicepresidencia y del enfoque ultraliberal y antidemocrático de este Consell.

La conselleria de Educación la dirige alguien que, cuando hubo de lamentarse un fallecido en un derrumbe en un colegio público tras la dana, aseguró que él “no hacía nada allí”, y que tenía derecho a estar con su familia. Quizás había reservado en alguno de los restaurantes en los que se ha gastado casi 12.000 euros sin detallar el motivo, quién sabe. Dos años después, cuestionado por una comunidad educativa a la que ataca constantemente y con un nuevo frente abierto en la FP, Rovira se ha erigido como un conseller en guerra permanente contra el valenciano. Ha sido incapaz de asimilar los resultados de una consulta indigna, cuyo único objetivo era socavar la legitimidad social y educativa de la lengua materna de millones valencianos. Respecto a la cultura, competencia heredada a raíz de la salida del Consell de un torero de VOX, ha continuado haciendo lo que uno espera de los gobiernos de ultraderecha: bombardearla, obviarla, negarla.

La gestión del territorio y el medio ambiente en el País Valenciano ha pasado de manos de Salomé Pradas a Vicente Martínez Mus, alumno aventajado del desarrollismo zaplanista. El desguace de las políticas de protección territorial y ambiental del Botànic, iniciado por Pradas, se ha acelerado con el decidido impulso de Mus. Liquidado el Consell de l’Horta y abierta la puerta a la edificación en terrenos hasta ahora protegidos, el insaciable apetito destructor del Consell se sustancia en quien dirige la cartera territorial. Tras su ataque a las zonas productivas y la mercantilización de los espacios naturales, la costa valenciana vuelve a sufrir el embiste de quien sólo la ve como solar. ¿Cómo puede argumentarse tras lo vivido en 2024 que se vaya a facilitar la construcción a apenas doscientos metros de la costa?

El repaso es descorazonador. Sanidad, Hacienda, Justicia, Emergencias, Agricultura o Innovación siguen una senda similar. Sus logros varían entre la inacción más absoluta a la destrucción suicida del legado del Botànic. Estos departamentos, como los anteriores, están hilados por el leitmotiv de la “simplificación administrativa”, que no es más que la facilitación del negocio de sus amigos, la erosión del estado del bienestar y desprotección de los más vulnerables. El gobierno autonómico al completo, tan noqueado e incompetente como quien lo preside, no ha mejorado un ápice la vida de los valencianos.

Instalado en un victimismo de una agresividad insultante, el tercer Consell de Mazón, como el primero y el segundo, se ha mostrado dolorosamente incapaz de poner en marcha una agenda centrada en las personas. ¿Qué ha hecho, de qué puede presumir? ¿De abrir las puertas a un nuevo ladrillazo? ¿De enfrentar a familias, barrios y pueblos utilizando la lengua propia como arma arrojadiza? ¿De eliminar controles para fiscalizar gastos y aumentar la opacidad de la administración? ¿De enterrar la cultura valenciana, de destrozar y politizar àpunt, de fomentar el odio hacia los migrantes y la comunidad LGTBIQ+, de darle la espalda a la violencia machista aliándose con quien la niega? ¿De perdonar centenares de millones de euros a los más ricos para empeorar la vida de los que menos tienen?

Carlos Mazón debe dimitir, pero este Consell tampoco debe seguir.