El Consell de Mazón prepara cambios en las emergencias: crea una alerta negra para riesgo extremo

El borrador del Plan director de análisis, anticipación y reacción ante catástrofes naturales que prepara el departamento del vicepresidente para la Recuperación tras la dana, José Gan Pampols, propone la creación de una comisión delegada como órgano de “dirección política” a través del cual el Consell podrá seguir la gestión de emergencias, dirigido por la persona que ocupe la Presidencia de la Generalitat, en este caso Carlos Mazón. Se diferenciaría así de la dirección “operativa” de las emergencias, que corresponde al Cecopi y al Centro de Coordinación (CCE). Otra de las recomendaciones del plan —que acaba de salir a audiencia ciudadana tras la dana del pasado 29 de octubre— es la incorporación de un nivel de alerta superior ante emergencias (color negro, por encima de rojo) “para situaciones excepcionales de riesgo extremo, cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático”.

Este plan director, que consta de 123 páginas, tiene como principal objetivo “fortalecer la protección civil de la Comunidad Valenciana para afrontar los desastres de forma eficaz y reducir sus efectos”, incide el documento. El documento, que está en una fase inicial de tramitación, recomienda un kit de emergencias tal y como ha prescrito la Comisión Europea.

En cuanto a la estructura organizativa ante catástrofes, se plantea un esquema piramidal en cuya cúspide aparece la “dirección política”, que corresponde al presidente de la nueva comisión delegada, que sería el president de la Generalitat. En los siguientes niveles figuran los responsables del Cecopi, del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y del Puesto de Mando Avanzado (PMA).

El Cecopi se convocaría a solicitud del director del plan. Las personas encargadas de la dirección y la toma de decisiones serían el director del plan, el director técnico en coordinación con los alcaldes de municipios afectados y director del PMA, que estaría en contacto con las unidades de intervención, sanidad, seguridad o logística.

“Adicionalmente, es crucial que cada integrante de la estructura organizativa posea las competencias necesarias para cumplir sus función específica. Cada miembro debe asumir un solo rol y tener una comprensión clara de sus responsabilidades, funciones y relaciones dentro de la organización”, subraya el borrador.

Se pretende de este modo “asegurar una autoridad clara, un liderazgo definido, una respuesta ordenada en todos los niveles de dirección”, en base a una estructura “modular y flexible” capaz de adaptarse a todas las fases de la emergencia, y promover “una comunicación integrada que asegura un flujo de información eficaz”. Se insta así a revisar la estructura actual para adecuarla a las ya existentes a nivel estatal y europeo.

El director de la emergencia -la “máxima autoridad” en la toma de decisiones se encargaría de declarar las fases y situaciones de emergencia, de proponer la declaración de emergencia de interés nacional cuando sea procedente y de dirigir y coordinar las actuaciones y el nivel de movilización de efectivos, por lo que podría solicitar la activación o desmovilización de medios ordinarios y extraordinarios. También podría convocar órganos como el Cecopi y coordinar la información a la población afectada.

Además, en la fase de despliegue de recursos extraordinarios y de interés nacional se constituiría un comité de dirección, integrado por una responsable de la emergencia a nivel autonómico y por otro representante del Estado. Si se declarara la emergencia nacional, el director del plan pasaría a ser el ministro del Interior o la persona en quien delegue.

Por su parte, el director técnico, como “elemento operativo de nivel superior”, se encargaría de activar y desactivar planes de emergencia, evaluar avisos para ordenar la emisión de alertas y de proponer al director del plan la declaración de las fases de emergencia. También dirigiría las actuaciones del CCE y coordinaría al Cecopi y al PMA, además de colaborar con otros organismos públicos y privados. Haría así de “enlace institucional” con el director del plan y con los alcaldes afectados.

En paralelo se contempla un comité asesor con participación de todos los cuerpos de seguridad y servicios movilizados, con representación de la Delegación de Gobierno, y un gabinete que centralizaría la información sobre la emergencia y se encargaría de “detectar y corregir falsedades e informaciones erróneas”.

Ante la detección de un fenómeno adverso, sería analizado por el CCE, que lo transmitiría a los organismos implicados si lo considera necesario. A partir de ahí, el director del CCE evaluaría la necesidad de activar la emergencia. Si es de tal magnitud que requiere movilizar recursos extraordinarios, se convocaría la nueva comisión delegada. Una vez finalizada, el CCE se encargaría de los escenarios de desescalada, “sin necesidad de mantener activa toda la estructura del Cecopi”.

En materia de alertas se recomienda “reducir la dependencia de decisiones subjetivas y mejorar la percepción del riesgo, uno de los principales factores que compromete la seguridad de la población”. Se propone establecer un sistema homogéneo de colores (verde, amarillo, naranja y rojo) aplicable a todos los riesgos, con un nuevo nivel negro para situaciones de riesgo extremo, además de actualizar continuamente los estándares al cambio climático.

“No supieron reaccionar ante una alerta roja”

El síndic del PSPV-PSOE en las Cortes, José Muñoz, señala que “lo que tiene que hacer el Consell no es inventar nuevos planes es aprender y ejecutar los protocolos que ya existen”. Los socialistas valencianos recuerdan que “todos los protocolos de actuación dicen que es el president de la Generalitat quien debe ponerse al frente de la emergencia porque si él no está todo los demás falla”: “No fallaron los protocolos, ni los canales de coordinación quien falló fue Carlos Mazón”

Para la portavoz adjunta de Compromís y miembro de la comisión de investigación de la dana a las Cortes, Isaura Navarro, con el plan de Gan Pampols, “lo único que se pretende es tapar las vergüenzas del gobierno de Mazón, del gobierno que no supo reaccionar ante una alerta roja”.

Según Navarro “ahora no hay que inventarse una alerta negra, no hay que huir de la normativa europea, lo que hace falta es reaccionar y estar sensibilizado ante las alertas científicas que nos avisan que hay una situación de peligro. Y convocar el CECOPI a tiempo y alertar a la ciudadanía. Las medidas de prevención existen, lo que tienen que hacer es gastarlas”.