Un trabajador de emergencias admite ante la jueza de la dana la saturación de la centralita telefónica

Caos, saturación y colapso. Un trabajador del 112 en la Comunidad Valenciana ha declarado ante la jueza que investiga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que el día de la catástrofe que dejó 228 muertos en Valencia, el pasado 29 de octubre, el dispositivo se vio desbordado por un tráfico inédito de comunicaciones. “No lo había visto nunca”, ha recordado serio Joaquín A., empleado de la subcontrata Ilunion.

En su comparecencia este jueves como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad y a contestar a todas las partes, el profesional ha relatado que la centralita telefónica registró una incidencia inesperada que dificultó la gestión de la inundación. “Se escuchaba la voz propia o no se escuchaba nada”, ha apuntado. El problema obligó a las víctimas a llamar de nuevo al servicio para reportar las emergencias. “Mi gestión tenía que ser de 165 segundos, pero el volumen de llamadas era muy grande”, ha explicado. El pico alcanzó las 150 comunicaciones en espera.

El día de la riada, el 112 registró casi 20.000 llamadas y, desde las 16.40 horas, cuando se desbordó el barranco del Poyo a su paso por Chiva Cheste, detonante de la bíblica inundación, las comunicaciones de desesperación se dispararon en la sala de operadores. El testigo, con ocho años de experiencia en la gestión de emergencias, inició su jornada del 29 de octubre a las tres de la tarde. Y, dos horas después, cuando arrancó la reunión del Cecopi —el órgano de emergencias que coordinó la crisis de la riada— asistió en directo a la saturación de la centralita. Y a cómo se acumulaban los avisos en rojo, que vislumbraban la magnitud de la inundación.

A preguntas de la jueza, Joaquín A. ha indicado que víctimas de poblaciones como Paiporta, Picanya, o Godelleta, azotadas con severidad por la gota fría, sufrieron problemas para contactar con los operadores.

Pese a la magnitud de la tromba, la Generalitat -que tenía información de primera mano de la catástrofe a través del 112, no envió la alerta masiva a móviles hasta las 20.11 horas, cuando se acumulaban los fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. La instructora ha situado la tardanza de esta notificación en el epicentro de sus pesquisas. De haberse enviado antes y con un texto preciso -la misiva no recogía la necesidad de subir a las primeras plantas- se habrían salvado vidas, según la magistrada. Y es que de los 228 muertos, 103 fueron hallados en bajos, garajes y sótanos, según el Centro de Integración de Datos (CID).

El enigma de las llamadas no atendidas

El supervisor no ha aclarado cuántas llamadas –de las casi 20.000 recibidas- dejaron de atenderse el 29 de octubre. “No lo puedo precisar”. Y ha expuesto que, el día de la aciaga jornada, medio centenar de operadores trabajaban en el 112 de una plantilla de 185 empleados. Pese a la dimensión de la tragedia –la mayor catástrofe natural registrada en la provincia de Valencia-, no se recurrió como refuerzo a un centro de emergencias del 112 en el municipio valenciano de Cheste, tal y como se hizo durante la crisis de la covid.

A partir de las 18.30, según el testigo, los coletazos de la dana alcanzaron su punto álgido. Se dispararon las llamadas a la centralita desde municipios como Paiporta, Massanasa y Catarroja. Y el desbordamiento del barranco del Poyo se transfiguró en una pesadillas para miles de vecinos, a los que la tromba les sobresaltó en las calles.

Tras escuchar la comparecencia, la jueza ha pedido al 112 Comunidad Valenciana los informes de seguimiento del 29 de octubre elaborados por el supervisor de esta centralita telefónica.