Políticas de la demolición

Los primeros días del Gobierno del presidente José Antonio Kast han sido vertiginosos: entrega de decretos ministro a ministro, instrucciones por aquí y por allá, salidas a terreno simultáneas del gabinete y el presidente, mediante un calculado diseñado comunicacional que hasta ahora ha sido eficiente. En esta eficiencia ha jugado un papel relevante una oposición confundida, al haber perdido el control de ambas cámaras del Congreso.

Evidentemente, esto no siempre será así, aunque las oposiciones de izquierdas arriesgan un prolongado calvario, en la exacta medida de lo que durará lo que mucho se parece a una estrategia de demolición del Gobierno de Gabriel Boric. Esta demolición fue claramente comunicada una semana antes del cambio de mando, cuando el presidente electo sinceró un quiebre de las confianzas ante la información que estaba siendo entregada por las autoridades salientes, lo que se traduciría en un anuncio de auditorías “escritorio por escritorio”.

El punto de partida lo dio el nuevo ministro de Hacienda Jorge Quiroz en sendas entrevistas, en las que informó y explicó la grave situación presupuestaria del país. Es así como, a través de datos históricos, explicó el carácter inédito de la ínfima caja fiscal que hereda este nuevo gobierno, la que se establece al 31 de diciembre de cada año. Si en 2014 el Gobierno de Michelle Bachelet recibió de su antecesor una caja del tesoro público de 4.786 millones de dólares, en 2018 el presidente Piñera la recibió con un monto de 2.318, mientras que el presidente Boric la recibía en 2022 en un orden de magnitud de 3.922 millones de dólares, lo que contrasta dramáticamente en 2026 con unos escuálidos 46 millones de dólares. Si a esto le sumamos un déficit del orden de 240 millones de dólares en educación, lo que se dibuja es una imagen fatal: una incompetencia en la administración económica de las cosas que, si encuentra un anclaje en la población, puede traducirse en una grave crisis de confianza en las izquierdas, sin poder discriminar entre individuos y partidos.

Lo grave en toda esta situación es que lo que se inaugura es una batalla de explicaciones e interpretaciones, de datos y cifras, en donde el que ganará será quien se muestre más pedagógico. En estas luchas, habrá que tomar en consideración toda la infraestructura comunicacional de la que dispone la derecha, desde el sistema informativo cuya propiedad económica de distintos medios no es neutra hasta el propio gobierno, cuyo poder de enmarcamiento (framing, pero también la función de priming) de los problemas es considerable. A toda esta infraestructura hay que sumar el rol cada vez más visible que juegan los think tanks de derecha, quienes no tienen contrapartes ni rivales en las izquierdas (tan solo centros de papel, siglas y letras con escasa capacidad intelectual instalada, con algún tipo de poder de convocatoria para reuniones en torno a un café). Es cierto: las universidades también cumplen un rol en esta nueva batalla, aunque de modo mucho más difuso, a través de académicos y científicos individuales que a menudo son alérgicos a tomar posición en la esfera pública. En tal sentido, en las izquierdas la función del intelectual público se encuentra en una crisis profunda.

Es difícil no constatar que, en estas luchas interpretativas, las izquierdas parten con mucha desventaja para preservar una reputación ganada por décadas de buena administración de la hacienda pública sin renunciar a las transformaciones del capitalismo chileno: eso fue la Concertación. En estas batallas solo desentona el Partido Comunista, cuyo presidente Lautaro Carmona criticó al exministro Marcel por haber sacralizado el “dios recurso” y no haber gastado más. Lo que se viene ahora es la preservación de la reputación competencial del Frente Amplio, en donde la figura del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau se encuentra sumamente expuesta.

Esto no es todo.

El propio ministro de vivienda Iván Poduje, con su conocido histrionismo, está amenazando el propio balance en materia de reconstrucción del exministro socialista Carlos Montes. Ni siquiera se encuentra exenta de críticas la propia cancillería, cuya política exterior ha sido objeto de críticas sin precedentes, introduciendo una discontinuidad en lo que debiesen ser políticas de Estado. Una nota aparte es la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas: su ausencia en la ceremonia de cambio de mando fue un severo error, y le allana el camino al nuevo presidente Kast para no apoyarla.

Para enfrentar todas estas batallas de explicaciones e interpretaciones, luchas eminentemente simbólicas y políticas, se necesitan actores creíbles que las conduzcan: pues bien, hay una enorme escasez de productores de opinión y explicaciones en las izquierdas, en donde los senadores y diputados cumplirán esa función desde posiciones desmedradas en el marco de una institución congresal cuya reputación está en el suelo.

Dado que hay varias izquierdas, todas ellas amenazadas, tendrán que elegir sus propias batallas. El diputado socialista Daniel Manouchehri (primera mayoría nacional en la cámara baja) mostró la ruta de lo que no hay que hacer: recurrir a la Contraloría General de la República por el motivo pueril de que la primera dama, en el casino del palacio presidencial, sirvió comida a los funcionarios sin usar guantes ni mascarilla es una torpeza. La selección de las batallas supone un ejercicio de reflexividad política, que no necesariamente se tiene que dar a escala de toda la oposición. Lo lógico en esta selección de las luchas por librar es que se den en un marco de afirmación de la identidad de cada partido, sin descuidar la generosidad con otros partidos. Esto significa que no todo es defendible.

El otro elemento que habrá que considerar son posibles acusaciones constitucionales. El diputado del ala reaccionaria del Partido de la Gente (PDG) Cristian Contreras, ya anunció el estudio de una acusación constitucional contra el expresidente Gabriel Boric. Lo mismo ocurrirá con el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Para enfrentar estas amenazas de última ratio, las batallas interpretativas que las precederán son esenciales, para abortarlas o debatirlas.

Se vienen duros tiempos para las izquierdas: solo la inteligencia de altura y la estrategia política podrán salvarlas de lo que bien podría ser una demolición.