La jueza cita como testigo a un exjefe de prensa de la Generalitat que avisó de la dana 24 horas antes

Nueva batería de declaraciones para aclarar qué falló durante la mayor catástrofe natural que ha asolado Valencia, la dana que dejó 228 muertos el pasado octubre. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la inundación, Nuria Ruiz Tobarra, ha aprobado este miércoles una nueva lista de comparecencias de testigos para que relaten cómo vivieron la colosal gota fría. Entre ellos, figura el periodista Héctor González, que trabajó durante la riada como responsable de comunicación en la Consejería de Justicia e Interior de la Generalitat, el departamento que dirigió hasta ser destituida por Mazón la imputada Salomé Pradas. La acusación popular que ejerce la asociación Acció Cultural del País Valencià atribuye a este informador el envío de una nota de prensa la víspera de la tragedia que alertaba del riesgo de los barrancos. La comunicación confirmaría que el Ejecutivo de Carlos Mazón conocía la magnitud de la gota fría -al menos- 24 horas antes del envío de la alerta masiva a móviles, que llegó a las 20.11 horas del día de la tromba, cuando se acumulaban desaparecidos, fallecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. La misiva, remitida a través del sistema Es Alert, se ha revelado como la piedra angular de las pesquisas. La jueza sostiene que, de haberse remitido antes y mejor (no pedía a la población subir a las primeras plantas), se habrían salvado vidas.

“El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa que, como consecuencia de estos fenómenos, podría producirse la activación de las cuencas de ríos y barrancos e inundaciones locales debido a los acumulados en zonas de alta ocupación urbana”, rezaba la nota de prensa enviada por la Generalitat la víspera de la dana. Los diarios Las Provincias y Levante publicaron la información. “La amenaza de fuertes lluvias cierra aulas y corta carreteras”, destacaba en su primera este último. La noticia incluía este dato: “Emergencias [de la Generalitat] pide activar los planes antirriadas a los ayuntamientos por precipitaciones de hasta 150 litros”. Las informaciones recogían, además, el papel del 112, el servicio de atención telefónico autonómico que, el día de la catástrofe, registró casi 20.000 llamadas de desesperación.

Pese a que el Gobierno valenciano conocía con antelación el riesgo de los barrancos, el propio Mazón tildó la mañana de la aciaga jornada de “exagerada” la decisión de suspender las clases de la Universitat de València y predijo que el temporal se desplazaría a la serranía de Cuenca por la tarde, cuando alcanzó su punto álgido.

La magistrada también cita a declarar como testigo a Salvador Ramón, comandante en jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, declaró en el juzgado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ofreció la UME a la Generalitat ocho horas antes de que esta enviara la alerta masiva a móviles y hasta las 14.53 horas la exconsejera Pradas no le solicitó oficialmente la intervención de este dispositivo militar.

La presa de Forata, al margen de la tragedia

La instructora, además, califica de “auténtico bulo” vincular la presa de Forata con la crecida del barranco del Poyo, detonante de la tragedia, que al desbordarse provocó colosales inundaciones en municipios como Paiporta o Catarroja. Francisco Vallés, ingeniero y profesor de Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), sostuvo la semana pasada durante su declaración como perito que la presa de Forata redujo el impacto de la dana. Y el exdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el imputado Emilio Argüeso, advirtió que la rotura de esta infraestructura podría haber causado 20.000 muertos, según informes que manejaba el Ejecutivo de Mazón.

“Ha de descartarse de plano que los fallecimientos y las lesiones tuvieran cualquier tipo de relación con la presa de Forata. Una presa que no sufrió de desbordamiento, coronación o rotura que derivara en un aumento del caudal de forma inesperada”, apunta la magistrada.

Ruiz Tobarra ha aprobado también la comparecencia como testigos de cuatro alcaldes. Se trata de Sergio Vilar (Monserrat), Andoni León (Pedralba), Amparo Pardo (Godelleta) e Ismael Corell (Turís). Al declarar como testigos, deberán decir la verdad y responder a todas las partes: jueza, fiscalía, defensas y abogados de las acusaciones particulares y populares.

La instructora también ha acordado citar como peritos al catedrático de Geografía Física Alejandro Pérez y al doctor en Geografía, meteorólogo y miembro de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), Rafael Armengot.