Una acusación pide a la jueza de la dana los datos de todos los móviles de la Generalitat

Número de móvil, destinatario, duración, tiempo de comunicación, importe... Acció Cultural, que ejerce la acusación popular en la causa penal que investiga la dana que el pasado 29 de octubre dejó 228 muertos, ha solicitado a la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra, instructora de las pesquisas de la riada, una batería de diligencias para averiguar cuál fue el trasiego de llamadas entre los altos cargos de la Generalitat durante los días previos a la aciaga jornada.

Entre sus peticiones, Acció Cultural ha requerido a la instructora que reclame a la compañía Movistar, proveedor de telefonía del Gobierno valenciano, los datos de todos los móviles de la Generalitat. Y, especialmente, los de los dos exaltos cargos del Ejecutivo de Carlos Mazón imputados tras la monumental inundación: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su segundo al frente de Emergencias durante la riada, Emili Argüeso.

Acció Cultural recuerda que Movistar debe conservar 12 meses los datos conocidos como CDR (registros de llamadas). Se trata de información que incluye el número de origen y destino de la comunicación, su duración, el importe, la hora y la fecha.

La citada acusación popular considera capital que se soliciten datos telefónicos a Movistar de contrato con el Consell entre el 24 y el 30 de octubre de 2024, los cinco días previos a la inundación y el posterior.

Las diligencias solicitadas por Acció Cultural pueden toparse con el frontón de que algunos de los altos cargos de la Generalitat –empezando Mazón- son aforados y, por tanto, no pueden ser investigados por una jueza de instrucción. Antes tendrían que ser imputados. Y, esta circunstancia, debería aprobarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la exposición razonada de la instructora.

El trasiego telefónico de la cúpula del Consell es una de las grandes incógnitas de la dana. Tras cuatro meses de resistencia, en los que la Generalitat se negó a facilitar el registro en Les Corts, Mazón reveló que el pasado 29 de octubre emitió 16 llamadas entre las 17.37 horas y las 19.43. Según el barón popular, la tarde de la tragedia llamó cinco veces a Pradas y tres al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del PP. El jefe del Consell también se comunicó -según desveló- a las 18.28 horas con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, del PSOE; con su director de comunicación; y con el entonces síndic (portavoz) de los populares en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina.

Las llamadas de Pradas y Argüeso -número uno y dos de Emergencias, respectivamente, durante la riada- son un enigma. Pero su esclarecimiento puede estar más cerca por su condición de investigados. La jueza Ruiz Tobarra imputó a los dos exaltos cargos el pasado 10 de marzo por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están penados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente. Y ambos declararán ante la instructora el próximo 11 de abril.

Junto a las llamadas, la otra gran incógnita de la jornada de la monumental inundación es qué hizo Mazón desde las 14.30 horas, cuando abandonó el palau de Manises, sede de la Generalitat, tras participar en un acto con empresarios, y las 20.28, cuando desembarcó en el Cecopi, el órgano de Emergencias autonómico. Solo se sabe que el president mantuvo un almuerzo en el céntrico restaurante de Valencia El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, a quien le ofreció la dirección de la televisión pública À Punt.

El jefe del Consell aterrizó en este dispositivo 17 minutos después del envío de la alerta a móviles para avisar a la población de la magnitud de la tragedia. La misiva llegó cuando ya había decenas de muertos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. El mensaje se ha convertido en la piedra angular de la investigación de la instructora de Catarroja.