El TSJC pide oposiciones extraordinarias para cumplir con el compromiso de 181 nuevos jueces

El Ministerio de Justicia se ha comprometido con el Govern a la creación de 181 nuevas plazas de jueces entre este año y el próximo. El objetivo no es sencillo. De hecho, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso, desconfía de que sea posible, según afirmó ayer en un encuentro con periodistas para pasar balance de sus primeros doce meses en el cargo. Y conminó a crear una convocatoria extraordinaria de oposiciones para intentar alcanzar el objetivo, ya que a día de hoy de las 871 plazas existentes, 132 están vacantes, a las que se tendrían que añadir las plazas que están también al descubierto por cuestiones de bajas de enfermedad o maternidad. Supone una proporción del 15%. “Si no se hacen [las convocatorias] tendremos sillas, pero no jueces suficientes para llenarlas”, dijo.

Caso, que ya en su estreno como presidenta deslizó como uno de sus mensajes el déficit de togados y de recursos, ha admitido que el anuncio para dotar de mayor parque de jueces a Cataluña fue celebrado, pero a la vez dejó claro cómo se iba a poder desplegar cuando cada promoción que sale de la Escuela Judicial cuenta con 120 integrantes. Según los acuerdos a los que han llegado el Gobierno central y el catalán, para este año tendrían que cubrirse 91, mientras que en otro acuerdo de Pedro Sánchez con ERC están comprometidos otros 90 para 2027. “Cuando decimos que en 2026 se crearán 90 plazas más lo celebramos, pero nos preocupa porque nos preguntamos cómo las llenaremos con la situación de vacantes que tenemos actualmente”, dijo.

Cataluña, además, cuenta con un problema añadido: una parte de los jueces jóvenes que empiezan su carrera en la comunidad son de otros territorios, a los que acaban reclamando volver cuando tienen oportunidad, tal y como sucede en otros servicios, como el de maquinistas de Renfe. En ese caso sí aplaudió el complemento específico que prevé pagar la Generalitat para intentar estabilizar las plantillas de jueces en Cataluña, donde el poder adquisitivo se ve reducido por los mayores precios existentes.

La designación de jueces depende del Ministerio de Justicia, que el pasado mes de enero se comprometió a crear 500 nuevas plazas de jueces este mismo año para después explicar cómo las cubriría: Junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó una macroconvocatoria de oposiciones de la que saldrían 375 jueces, mientras que el resto saldría (125) saldría del órgano de gobierno de los jueces a oartir del cuarto turno, la reserva para juristas de reconocido prestigio con diez años de experiencia profesional. Ese último anuncio, de febrero pasado, no se ha acabado de concretar.

La convocatoria inmensa está vinculada a la nueva estructura judicial que España estrenó el pasado verano, y que ha vuelto a poner de manifiesto la falta de recursos. Caso, ayer, se refirió a esa materia, sobre todo en los recursos comunes, que debe proveer en este caso la Generalitat: “Tenemos muchas vacantes y no se cubren de forma rápida”. La Generalitat asegura ser consciente de esa petición y que mantiene una relación fluida con el TSJC. Fuentes del Departamento de Justicia insisten en el compromiso para crear al menos 300 plazas de funcionarios de la Administración de Justicia para complementar los 90 jueces que tendrían que llegar a Cataluña este año.

Multirreincidencia

Caso valora de forma positiva el plan de para gestionar los casos de multirreincidencia, que supuso la puesta en marcha de cuatro nuevos juzgados especializados en juicios rápidos, además de otros ocho que celebran vistas cada quince días, en comisiones de servicio. Según los datos del TSJC, esa capacidad extra ha supuesto dictar 9.000 sentencias en juicios rápidos, el doble de lo que era habitual hasta ahora y así reducir las esperas.