En los juicios rápidos contra la multirreindencia: de la “alarma social” a hurtos de dos euros

La fiscal no duda y pide cuatro años y medio de cárcel y la expulsión de España una vez haya cumplido tres cuartas partes de la pena. El acusado es un ciudadano georgiano que en junio cometió dos robos con violencia, con apenas cuatro días de diferencia, a taxistas junto a otra persona no identificada. Su dependencia a las drogas, a la que alude el abogado defensor, no es tenida en cuenta como atenuante por la fiscal: “No tiene arraigo de ningún tipo y se dedica a la comisión de delitos violentos... su caso genera alarma social”. El juicio llega a su fin y, con él, un carrusel de siete juicios celebrados el pasado martes en la sala 233 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

El robo a los taxistas quedó visto para sentencia en una hora, pero otros se cierran en apenas 15 minutos y la incomparecencia de dos carteristas del metro—supuestamente apresados en Suiza, según explica un mosso d’esquadra— ha permitido cerrar en falso otro en menos de diez. Es el día a día de los cuatro juzgados de refuerzo que se pusieron en marcha en marzo para celebrar juicios rápidos. Las administraciones los han presentado como medida estrella de un plan de choque para luchar contra los delincuentes multirreincidentes y la inseguridad, que es la mayor preocupación de los barceloneses. Pero el sistema judicial lo entiende, sobre todo, como una vía rápida y provisional (cada seis meses se debe aprobar su renovación y la asignación de efectivos) para aligerar el colapso por la falta de recursos en el que está inmersa la justicia, en este caso los juzgados de lo penal.

Los juicios rápidos se programan automáticamente en una agenda digital, lo que puede provocar que en una jornada haya más de diez causas. En los juzgados ordinarios, en cambio, son los propios jueces quienes los fijan, teniendo en cuenta en cada caso su complejidad y el tiempo aproximado de duración.

La celebración de los juicios rápidos en España se remonta a 1992, cuando se crearon para atajar la pequeña delincuencia durante los Juegos Olímpicos y la Expo, explica el juez Tomàs Salàs. Pero desde esa época ha crecido el tipo de delitos aplicables, la población y el turismo, un serio gancho de atracción de delincuencia. El resultado es similar a lo que sucede en la sanidad pública por falta de recursos: unas listas de espera que provocan que lo que la ley dice que se tendría que juzgar en 15 días se demora hasta un año y medio. Los juzgados de refuerzo han permitido agendar esos juicios menores a un mes y medio, pero Salàs, el magistrado delegado de Penal que participa como refuerzo en esos juicios una vez cada dos semanas, pone en duda que los casos que lleguen sean mayoritariamente esos robos a pie de calle que generan alarma social.

El viernes 26 de septiembre, el juez está al frente de uno de los juzgados de refuerzo. Uno de los 12 casos asignados es un robo por importe de dos euros en un súper que acabó con una petición de tres años de prisión por el enfrentamiento del acusado con el vigilante y con una patrulla de Mossos. Poco antes, otra mujer llega esposada a la sala por algo similar: el hurto de una cerveza, un cepillo de dientes y pasta dentífrica valorados en 7,91 euros en otro supermercado. El problema es que la mujer también se enzarzó con el vigilante y los policías, lo que incrementó los delitos con años de prisión. “La mayor parte de juicios que nos llegan son por violencia de género, seguridad vial y hurtos y robos de móviles y bolsos”, explica Salàs mientras su auxiliar se pelea con el ordenador para preparar una videollamada para que un testigo preste declaración, trastea con expedientes y sale al pasillo para llamar a los abogados de la siguiente causa o uno de esos intérpretes que se comparten entre las diferentes salas.

La fiscal y la abogada acuerdan una conformidad para un hombre que, el pasado 20 de septiembre, robó a una turista francesa. El joven reconoce el delito, con lo que la condena es firme, paga 120 euros de multa y se dicta su libertad hasta su expulsión del país. En su historial solo consta un delito leve no imputable para tenerlo en cuenta como reincidente, uno de los problemas que tiene la vía judicial para luchar contra los pequeños cacos que son detenidos y una vez en la calle vuelven a delinquir. “Una de las gracias de estos juicios rápidos es que, cuanto antes sentencias, antes puedes considerar reincidentes o multirreincidentes a los delincuentes”, aclara Salàs, quien subraya la diferencia entre alguien detenido en diversas ocasiones y un multirreincidente, cuando ya existe sentencia firme.

Durante su jornada de guardia Salàs tendrá que lidiar con dos casos de violencia doméstica (en un caso no acuden ni acusado ni víctima y en el segundo no lo hace el acusado), el robo de dos coches, una pareja de carteristas pillados en el aeropuerto de El Prat y un hurto de botellas de licor en un supermercado. El viernes, todas las sentencias están ya dictadas.

La fiscal jefa de Barcelona, Neus Pujal, reclama un refuerzo para su equipo de fiscales ante la carga de trabajo que debe asumir y compara el aumento de efectivos de los Mossos d’Esquadra del pasado año con el aumento de únicamente tres fiscales en Barcelona. En su opinión, la mayor carga de esos juicios rápidos recae sobre los fiscales, que deben elaborar los escritos de acusación (unos ocho por fiscal en cada guardia) y en muchas ocasiones tienen que firmar acuerdos de conformidad con los abogados de la defensa.

El martes, una de sus fiscales cierra un acuerdo por un robo con intimidación cometido por un hombre de 47 años que tiene problemas con las drogas desde los 18. Aparte del pago de una indemnización de 150 euros, el acusado se compromete a entrar en un programa de desintoxicación. Una vez confirmado el pacto, el hombre da las gracias, consciente de que en pocas horas podría salir de prisión porque la pena quedaba suspendida. Visiblemente emocionada, la jueza le despide: “Le deseo suerte, aproveche la oportunidad”.