Un buscador de datos públicos agita el debate sobre las subvenciones en Cataluña: “Las cifras nunca son neutras”
La nueva herramienta es aprovechada por el populismo digital para cuestionar todo el sistema de adjudicaciones


Ante la dificultad de entender e interpretar los miles de datos públicos publicados en el Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, un ingeniero catalán, Gerard Giménez, creó hace un mes dos buscadores digitales para facilitar el acceso de la ciudadanía: uno sobre contratación pública (Contractes.cat) y otro de subvenciones (Subvencions.cat). La iniciativa ha tenido tanto éxito que fue citada en el último pleno del Parlament, ha descubierto sin querer una fuga de datos personales que ahora la Autoritat Catalana de Dades investiga, y ya ha sido replicada por otro proyecto paralelo (Menjòmetre) que cuestiona el actual sistema de subvenciones públicas. La aparición de estos buscadores ha reabierto el debate sobre la forma de presentar los datos públicos y quién construye el relato sobre los gastos de la Generalitat y su idoneidad.
Lo primero que muestran los portales son las entidades que más subvenciones han recibido en los últimos 10 años: el Ayuntamiento de Barcelona (501 millones), el Consell de l’Advocacia Catalana (397), la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (228), la Universitat de Barcelona (125) y la Fundació del Hospital de Sant Pau (120). También se puede consultar un registro de adjudicaciones de las entidades beneficiadas. En total, la Generalitat otorgó casi cinco mil millones de euros en subvenciones en 2025, según Subvencions.cat.
Pero las cifras no se presentan solas. La web Menjòmetre (cuyo traducción podría ser Comedero y que se presenta como un observatorio independiente de subvenciones y contratos), añade un Score (una posición relativa en comparación con otras entidades), un porcentaje de adjudicaciones sin competencia, y otro cálculo complementario: cuántos médicos se podrían contratar y cuántos parques infantiles se podrían construir con el importe adjudicado. Según sus cálculos, el coste de las subvenciones al ayuntamiento de Barcelona daría para 830 médicos, 228 carriles bici y 380 parques nuevos en un año.
“Los datos nunca son neutrales”, advierte la investigadora en Medios, Comunicación y Cultura de la Universitat Pompeu Fabra, Cristina Garde. La forma en la que se seleccionan, ordenan y presentan, señala, añade una capa interpretativa que acaba con la frialdad de las cifras. “En el momento que representas el mundo a partir de datos, ya haces una elección ideológica. En Menjòmetre se venden como asépticos y objetivos, pero su web instrumentaliza la herramienta. Los datos nunca hablan solos", comparte.
La nueva herramienta ha sido especialmente celebrada entre el ultraliberalismo digital, que en las redes sociales viralizaron inicialmente resultados vinculados al tercer sector. “Se señalan constantemente entidades de cooperación”, añade Garde. “Esto tampoco es casual. Se presentan las entidades que reciben el dinero de los contribuyentes como parte de una red clientelar. Se contraponen los buenos catalanes que pagan impuestos, contra las entidades menjadores”. El entorno digital de Aliança Catalana y Junts han sido los más activos a la hora de aplaudir la herramienta. “El pueblo sabe sumar. Toca pasar cuentas. Menos paguitas”, defiende Xavier Fargas, coordinador de distritos de Aliança Catalana.
Ese marco, considera Garde, no solo organiza la información, sino que define quién pertenece al colectivo legítimo y quién queda fuera a través de, plantea, un “nacionalpopulismo data-driven”. En este esquema, las cifras no funcionan solo como evidencia, sino que sostienen una interpretación previa. “Existe detrás un nacionalismo exacerbado porque hablan de un nosotros y no de la cosa pública. Cuando haces demagogia, en política es populismo”, insiste la investigadora, que a la vez critica la falta de acción del periodismo para fiscalizar las cuentas públicas: “Como las viejas democracias, los medios de comunicación clásicos también están en decadencia; y cuando los usuarios de X dicen que los periodistas no han hecho su trabajo y que deben de hacerlo ellos, tienen razón”.
Con la actual ley de transparencia vigente en Cataluña desde hace más de 11 años, cuando la legislación quiso dar respuesta al hartazgo ciudadano por la corrupción política, los nuevos buscadores pretenden ahora facilitar el acceso a una información pública de difícil digestión. ”Me sorprende que no hubiesen aparecido antes", comparte Irene Araguàs, profesora de Derecho en la Universitat de Barcelona. “El Estado es más vulnerable cuando se expone así. Cuanto más transparente eres, menos corrupto puedes ser”, resume Araguàs. El propio Gerard Giménez, el ingeniero matriz, comparte siempre que su proyecto nace precisamente de la complejidad de analizar los macrodatos públicos.
Más de una década después, sin embargo, el balance es desigual. “Estamos mejor que antes de la ley, cuando se publicaba información al gusto de la administración”, compara la profesora. “Pero no ha llegado a la ciudadanía: ni se ha difundido este derecho ni se ha educado suficientemente a los ciudadanos“, completa. Para la profesora de la UB, la sobrecarga de información pública y la forma de acceder a ella llevaba a los usuarios a la renuncia, por lo que la aparición de los nuevos buscadores abre de nuevo el canal entre la administración y su comunidad.
El debate es quién debe presentar los datos públicos, y de qué modo. Dónde termina la simplificación y dónde empieza la interpretación. “La información pública debe facilitarse de forma neutra; pero a la vez comprensible”, defiende Araguàs. “Y en este punto medio deben situarse la administración. Una cosa es que no manipules la información, y otra es que sea atractivo”, plantea, y recomienda recursos populares como gráficos para acercar los números a la población. “Esto no interpreta, pero sí facilita”.
Ahora la Autoritat Catalana de Dades investiga por qué el Portal de Transparencia contenía información personal de beneficiarios de las subvenciones. Las personas eran fácilmente identificables en los buscadores, y la Generalitat desactivó unas horas el flujo de información para corregirlo.
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