La Fiscalía acusa a Albiol de incumplir la orden de desalojo del instituto B9 al no ofrecer “ningún tipo de ayuda” a los ocupantes

La gestión por parte del Ayuntamiento de Badalona del desalojo, el pasado diciembre, del instituto B9 —convertido en el mayor asentamiento informal de inmigrantes de Cataluña—, fue objeto de duras críticas por parte de entidades y partidos políticos. El gobierno de Xavier Garcia Albiol (PP) no ofreció ninguna alternativa a los desalojados, muchos de los cuales estuvieron durmiendo debajo de una autopista durante semanas, en plenas fiestas navideñas, hasta que el Govern y las entidades, ante la inacción municipal, se pusieron las pilas. La Fiscalía se ha sumado ahora a esas críticas en un duro escrito, al que ha accedido EL PAÍS, en el que concluye que Badalona incumplió el auto judicial que, bajo una serie de condiciones, había autorizado el desalojo del B9.

El 4 de diciembre, una jueza de Barcelona autorizó el desalojo del B9, un antiguo instituto donde malvivían más de 400 inmigrantes (la mayoría, de origen subsahariano). Garcia Albiol, que vinculaba a los ocupantes con la delincuencia en la zona, perseguía desde hacía años el desalojo y lo ejecutó el 17 de diciembre, a las puertas de navidad. La resolución de la jueza indicaba que la actuación debía llevarse a cabo “siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales”.

Con los ocupantes del antiguo instituto ya en la calle, el proceso ha seguido su curso en el juzgado de lo contencioso número 11 de Barcelona. A petición de la jueza, el Ayuntamiento envió un escrito hace un mes en el que reconocía que no tenía un protocolo específico para atender a personas sin hogar y en riesgo de exclusión social, aunque sí seguía una “metodología” propia. Ese método incluye cuatro apartados: detección, valoración, derivación a recursos y seguimiento.

El escrito, que firma la fiscal Carmen Borràs, concluye que el Ayuntamiento de Badalona quebrantó su propia metodología, ya que no ofreció ninguna alternativa a “las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional”. “La gran mayoría”, sigue el texto, “se quedaron en situación de calle a pesar de las inclemencias del tiempo”, primero acampados frente al B9 y más tarde en tiendas de campaña bajo un puente de la autopista C-31, y “sin ningún tipo de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio”. Por ese motivo, concluye la Fiscalía, no puede entenderse cumplido, en sus términos, el auto judicial que avaló el desalojo.

La supuesta “metodología” del Ayuntamiento de Badalona incluye la “derivación a recursos municipales o supramunicipales”, y cita alojamientos de emergencia y temporales o redes de entidades. Lo cierto es que Badalona no dispone de ningún recurso habitacional de emergencia porque en la primavera de 2024, ya durante el mandato de Albiol, cerró el único albergue municipal de esos fines, el de Can Bofí Vell. Desde entonces, las entidades exigen la reapertura de esa antigua masía para dar una solución, no ya a los ocupantes del B9 (dispersos en distintos enclaves) sino a las personas sin hogar que sufren las consecuencias de su situación: cinco personas han muerto este invierno en la calle.