La Fiscalía investiga a Albiol por el desalojo del instituto B9 de Badalona

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, “para estudiar distintas denuncias” relacionadas con el desalojo del instituto B9 el pasado 17 de diciembre, tal y como ha avanzado Efe y han confirmado fuentes judiciales a este diario. El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Odio y Discriminación el 24 de diciembre al entender que Albiol pudo incurrir en un delito de odio, así como en delitos de denegación del servicio público por motivos discriminatorios, delito de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2025, cuando los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo un operativo para vaciar el B9, en el que llegaron a residir unas 400 personas: algunas de ellas abandonaron el lugar en los días previos, por lo que el desalojo dejó sin techo a unas 170. Las personas expulsadas se dividieron en varios grupos, y una treintena se instaló en tiendas de campañas, bajo un puente de la C-31, a su paso por el municipio. Las entidades sociales, con apoyo de la Generalitat, reubicaron ayer a una decena de las personas que vivían en la carretera, y las trasladaron a otra ciudad del área metropolitana, que no han revelado. El dispositivo sigue en marcha a la espera de intentar dar una respuesta habitacional al resto de afectados, según fuentes de la Generalitat.

“En un estado de derecho, nadie está por encima de la ley, tampoco un alcalde como Albiol. Es una buena noticia para los derechos humanos que celebramos que la Fiscalía veía indicios de delito y abra una investigación”, ha manifestado el eurodiputado Jaume Asens, a través de un comunicado. El partido también ha celebrado la decisión: “Albiol ha cruzado líneas rojas y que no se pueden tolerar en una democracia, ha criminalizado a personas vulnerables, las ha desatendido, y ha usado argumentos de la extrema derecha”, ha asegurado la portavoz del grupo, Aïda Llauradó.

El Ayuntamiento, en cambio, ha defendido su actuación y ha asegurado que han cumplido “de manera escrupulosa” la resolución judicial que permitió el desalojo del B9, según fuentes municipales. También añaden que para llevarlo a cabo se ha “trabajado” antes, durante y después con el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat. El desalojo desató también protestas de los vecinos, que impidieron que una iglesia de la ciudad alojase a varios de los desahuciados. También se concentraron en contra de la ocupación que llevaron a cabo varios de los afectados del antiguo albergue municipal, del que finalmente también fueron desalojados.

La apertura de estas diligencias de investigación se suma a otro procedimiento judicial, ya que el pasado mes de diciembre la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento de Badalona a aclarar de forma urgente si había ofrecido la “atención adecuada” y una alternativa habitacional a los migrantes desalojados, como ordenaba el mandato judicial. Precisamente, el escrito de Asens alegaba que la resolución judicial que dio lugar al desalojo lo condicionaba a que se “garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho”, de forma que lo primero quedaba “expresamente condicionado” a lo segundo.

El B9 era un antiguo instituto municipal, abandonado, que estuvo ocupado durante más de dos años, hasta su desalojo, el pasado mes de diciembre. El lugar se convirtió en el asentamiento más grande de Cataluña. Albiol alegó problemas de inseguridad e incivismo para expulsar a las personas que vivía en el interior. El informe que entregó la policía local al juzgado para sustentar la petición recogía 14 incidentes, la mayoría hurtos (cinco), molestias (tres), incendios y hogueras en la calle (tres) y la muerte de un residente con problemas de salud mental en una pelea.