Cinco hurtos, tres “molestias”, incendios y una pelea mortal: el documento que avaló el desalojo de migrantes en Badalona

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), justificó el desalojo del antiguo instituto B9, en el que vivían más de 400 personas, por motivos de seguridad e incivismo. Albiol sostuvo que los ocupantes, migrantes de origen subsahariano, habían hecho “la vida imposible” a los vecinos del barrio y eran, en su mayoría, delincuentes. El Ayuntamiento entregó un informe que fue decisivo para que la jueza autorizara el mayor desalojo colectivo de España por la “situación de efectivo riesgo para la seguridad colectiva”. EL PAÍS ha accedido ahora a ese documento de la Guardia Urbana en el que se citan 14 incidentes, tres de ellos vinculados a algún tipo de “molestias”.

El informe que esgrimió la jueza recoge incidentes ocurridos “alrededor del número 691 de la calle Alfonso XII (B9)” —en las inmediaciones del centro de enseñanza ocupado desde hacía más de dos años— durante cuatro meses, entre agosto y octubre de 2025. Los 14 episodios se presentan de forma cronológica, en un listado sin clasificación temática, pero pueden agruparse en tres grandes tipos: molestias a los vecinos (3), incendios y hogueras en la calle (3) y hurtos (5), además de la muerte violenta de un residente en el interior del B9 y dos sucesos sin relevancia.

El miércoles 17 de diciembre, cuando el desalojo estaba a punto de completarse y dejar en la calle y sin alternativa a los residentes, Albiol se presentó en los alrededores del B9 para felicitarse por un triunfo que había perseguido desde hacía meses en los juzgados. El alcalde contó que el desalojo nada tenía que ver con el racismo o la inmigración, sino con la lucha contra la ocupación ilegal. Pero subrayó que la mayoría de ocupantes eran delincuentes y habían protagonizado incontables actos de incivismo que habían hecho perder la paciencia a los vecinos de El Remei y Sant Roc, dos barrios muy humildes de la zona sur de Badalona. “El Ayuntamiento no va a gastar ni un euro en dar vivienda a gente que se ha dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, afirmó entonces.

Los datos remitidos por el Ayuntamiento al juzgado de lo contencioso de Barcelona constatan que, en cuatro meses, la policía hizo tres anotaciones vinculadas a “molestias”. La descripción que se hace de cada hecho es escueta, vaga, inconcreta: constan unas “molestias generadas por personas del B9” (2 agosto), unas “molestias por dejar residuos en la vía pública” (13 agosto) y unas “molestias no comprobadas”, pero atribuidas igualmente a “personas del B9″ (3 de octubre). En lo relacionado con el civismo pueden contarse tres incidentes vinculados al fuego: un incendio en un coche, otro en un contenedor (ambos en agosto) y una “hoguera en vía pública” (octubre).

Aun después del desalojo y tras las críticas por la falta de apoyo municipal, que ha dejado escenas de miseria absoluta en Badalona, el alcalde ha insistido en criminalizar a los ocupantes del B9. En el interior del instituto había, ha dicho en una entrevista, “mafia, prostitución y drogas”. Nada de eso consta en el informe policial, aunque sí hay cinco alusiones a hurtos: “un detenido por hurto de aire acondicionado”, tres “recuperaciones de vehículo sustraído” (no se indica cuáles, pero sí que en el interior de uno de ellos había un arma de fuego; tampoco se identifica a posibles autores) y un “hurto de ciclomotor”.

El informe de la Guardia Urbana incluye dos episodios menores (“persona que lleva instrumentos musicales” y [presencia de] “medios de comunicación en el B9”) y uno de gravedad: una pelea que, a finales de agosto, acabó con la muerte de un residente del instituto a manos de otro que, según fuentes de la investigación, sufría problemas de salud mental. Portavoces de los residentes en el B9 habían denunciado la presencia de personas con esos trastornos y habían pedido, sin éxito, la ayuda de las Administraciones.

Los individuos y el colectivo

Los residentes no han negado la existencia de conflictos en el seno del B9, pero critican la injusticia de tener que responder, como colectivo, de actos individuales. En el instituto, que se convirtió en el mayor asentamiento informal de migrantes de Cataluña, vivían personas con un perfil muy variado, incluidos migrantes con permiso de trabajo pero sin dinero para pagar un piso o una habitación y también otros en situación irregular que se dedicaban a la recogida de chatarra.

“¿Es culpa nuestra que, entre más de 400 personas, viviera alguna que cometía delitos como en cualquier grupo de la sociedad?”, se preguntaban en una carta remitida al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, días después del desalojo, cuando un centenar de ellos permanecía aún durmiendo en la calle y sin soluciones. Algunos explicaron a este diario que colaboraban a menudo con la policía para impedir que los ladrones encontrasen refugio en el recinto, y mostraron mensajes intercambiados con un inspector de los Mossos d’Esquadra como prueba de ese diálogo positivo para ambas partes.

Aviso de la Fiscalía

En un vídeo grabado desde el patio del instituto tras el desalojo, Albiol muestra una motocicleta supuestamente robada: “¿Veis las bicicletas, veis el patinete? Lo digo porque algunos están defendiendo a esas pobres personas que Albiol ha desalojado... Alguno habría, pero aquí tenéis la realidad”. “Todos son grandes personas y vulnerables”, ironizaba en el vídeo. Pero la situación de vulnerabilidad de muchos de ellos está acreditada por el propio Ayuntamiento. En otro informe remitido a la jueza, el consistorio asegura que 166 de los ocupantes estaban en seguimiento de los servicios sociales municipales, que no obstante informaron al juzgado de que no iban a proporcionar a nadie alojamiento temporal.

Al autorizar el desalojo, la jueza lo condicionó a que el consistorio pusiera en marcha el protocolo de atención a personas sin hogar y a que le remitiera un informe sobre su gestión. A la vista de lo ocurrido estos días en las calles de Badalona, la Fiscalía (que había ido más allá al pedir un “recurso habitacional” para las personas que lo necesitasen) ha pedido al juzgado que solicite ya el informe y que el Ayuntamiento explique “las incidencias” ocurridas el 17 de diciembre, durante el desalojo. También quiere saber la Fiscalía “las previsiones” del Ayuntamiento “de procurar en breve un recurso habitacional a las personas que desde hace más de cinco días permanecen en la calle”. El juzgado ha accedido a la petición y ha pedido al Ayuntamiento que, “con carácter urgente” y “a la mayor brevedad” envíe los informes reclamados.