Mejorar los salarios, un objetivo de país

Cataluña ha vivido en las últimas semanas dos grandes movilizaciones que implican a colectivos tan importantes como los docentes y los médicos. Sus reivindicaciones no son nuevas: el malestar viene de lejos y se ha ido acumulando por el deterioro sostenido que se inició con la crisis de 2008. Tanto en la enseñanza como en el sistema sanitario, la devaluación salarial se ha producido en paralelo a un empeoramiento intenso de las condiciones de trabajo por cambios sociológicos a los que no se ha hecho frente con nuevos recursos.

La integración escolar y la llegada de alumnado inmigrante con carencias de partida y precarias condiciones de vida familiar ha aumentado de forma exponencial el número de alumnos con necesidades educativas especiales, sin que los recursos docentes hayan crecido en la misma proporción. Lo mismo cabe decir de la sanidad: el aumento brusco de la población y las nuevas necesidades asistenciales derivadas de la mayor longevidad han llevado al sistema a una situación de estrés permanente que recae sobre las espaldas de sus profesionales.

En el reciente acuerdo entre el Gobierno catalán y los sindicatos CC OO y UGT de la enseñanza había dos pilares: mejoras de las ratios de alumnos y de los recursos para atender la diversidad, y mejoras salariales. Estas últimas han sido consideradas insuficientes por el sindicato USTEC, que es mayoritario y ha movilizado a miles de enseñantes. En el caso de los médicos, ni siquiera se está negociando. Es cierto que la reclamación de un Estatuto Marco específico para los facultativos no depende de la Generalitat y es además una pretensión difícil de aceptar porque implica la ruptura del marco de negociación común a todos los profesionales sanitarios. Pero la reclamación salarial y las mejoras en la organización del trabajo (incluidas las guardias) sí depende del Departamento de Salud.

Estas reivindicaciones salariales son legítimas y deberían ser objeto de una reflexión de largo alcance por parte del Gobierno. El presidente del Consejo Económico y Social, el economista Antón Costas, repite cada vez que tiene ocasión que uno de los mecanismos que se debe abordar para hacer que la prosperidad que se refleja en los datos macroeconómicos llegue a toda la sociedad es mejorar la calidad de los empleos en los servicios. Los de la industria están mejor remunerados, pero la producción manufacturera ya solo aporta alrededor del 18% de la ocupación. En este contexto, conseguir una mayor remuneración en el sector de los servicios debería ser un objetivo prioritario de país, empezando por los servicios públicos.

Hay que mejorar, por supuesto, los salarios de los servicios privados como el turismo, la hostelería o los cuidados, porque es en estos sectores donde se genera y concentra la mayor tasa de pobreza. Pero también hay que mejorar los salarios de las clases medias, que han perdido a la vez poder adquisitivo y poder de negociación. La caída de los salarios y el aumento de la inseguridad laboral que empezó en los años noventa no empobrece solo a quienes lo sufren directamente. Empobrece a la mayoría social y pone en riesgo todo el Estado de Bienestar. Con salarios bajos, pocas pensiones podrán pagarse.

Este es el planteamiento que debería inspirar el abordaje de las reclamaciones de médicos y profesores. Mejorar los salarios en la sanidad y la educación puede actuar como una poderosa palanca de dinamización económica y redistribución de la riqueza. Es un error ver sus reivindicaciones solo como un aumento de gasto público. Una parte de esos aumentos se traducirán en un mayor consumo y mayores ingresos fiscales con los que sufragar las prestaciones sociales.