ERC enmendará la ley contra las ventas especulativas pactada por PSC y Comuns

El futuro de los Presupuestos catalanes también condiciona el que ha sido uno de los mayores acuerdos en vivienda del Ejecutivo que preside Salvador Illa. En el marco de la negociación de las cuentas autonómicas, PSC y Comuns pactaron poner coto a las ventas especulativas de vivienda. La base de esa futura ley es el texto que en octubre del año pasado registró en el Parlament la formación de Jéssica Albiach. Para que la norma salga adelante, sin embargo, son necesarios también 20 los votos de Esquerra Republicana, que expresa dudas sobre el borrador. Además de cuestionar su solidez jurídica, los republicanos creen que pone demasiada presión sobre los municipios y piden que se exprima más la vía de la fiscalidad, con más impuestos para quienes compren como medida de control extra.

Más allá del encontronazo entre el Gobierno y ERC, a cuenta de la decisión del Ejecutivo de presentar las cuentas sin tener los votos amarrados, las últimas semanas han dejado dos claves en qué puede pasar con el futuro de la ley.

El último pleno del Ayuntamiento de Barcelona certificó, en primer lugar, cierta pugna entre republicanos y Barcelona en Comú por ver quién se apunta el tanto de prohibir la venta especulativa. Si bien fueron los republicanos los primeros en poner la idea sobre la mesa en el consistorio, fueron los de Albiach los primeros en lanzarse a presionar al Govern, gracias al informe del Área Metropolitana. Esa disputa acabó provocando un bloqueo en dos cuestiones esenciales: que se acabe de tramitar la norma (impulsada en 2024) y que se cree una comisión de estudio específica sobre el tema, tal como exigían los republicanos.

Críticas del ex ‘número dos’ de Economía

La segunda cuestión tiene que ver con la aprobación del incremento de la tasa turística en el Parlament, nueve meses después de haberla acordado el Govern y los Comunes en el marco de los suplementos de crédito, que muestra la capacidad de veto que tienen los republicanos. El Ejecutivo de Illa, intentando huir de la imagen del tripartito, ha optado por negociar por separado con sus socios de investidura. Eso deja la puerta abierta a que lo que se acuerde con uno pueda no gustar al otro. Hay un precedente relevante de las consecuencias de esta manera de actuar. El año pasado, en ERC consideraron que la subida del impuesto a las estancias hoteleras y pisos necesitaba de criterios estacionales y territoriales. La falta de un acuerdo a tres bandas llevó a un caos de dos decretos de ley fallidos y casi un año de tardanza en la aprobación del nuevo modelo. Todo un aviso a navegantes con la compra especulativa, que puede convertirse en un culebrón.

El acuerdo Govern – Comuns contempla prohibir, salvo que sea su domicilio habitual, la venta especulativa de viviendas a grandes propietarios en los 271 municipios de alta demanda y a los que se llama “zonas tensionadas”. Cada consistorio, si lo desea, podrá aprobar en sus plenos las limitaciones urbanísticas requeridas. Ambas partes han pactado unas enmiendas que se harán al texto que los Comunes registraron en noviembre pasado.

Desde las filas de Esquerra insisten en que el desencuentro está más en la forma que en el fondo de prohibir las compras especulativas. Por ejemplo, consideran que se estiran demasiado las competencias municipales, invadiendo ámbitos como el del derecho a la propiedad. Una de las voces más contundentes contra el acuerdo viene del exsecretario general de Hacienda durante el Ejecutivo de Pere Aragonès, Josep Maria Aguirre.

Aguirre, que también es profesor de derecho administrativo de la Universitat de Girona, duda de la capacidad real de los Ayuntamientos para frenar la especulación desde el urbanismo. Tradicionalmente, el urbanismo municipal regula los usos del suelo y las actividades económicas permitidas, pero no entra en quién puede comprar ni en qué condiciones jurídicas, por ejemplo.

Otro camino que ERC quiere exprimir, y que el Govern también tenía en mente, es el de ampliar las posibilidades en materia de fiscalidad. Es decir, las fórmulas para poder gravar las compras de vivienda por parte de grandes tenedores como una medida disuasoria.

De entrada, ERC marcará perfil propio al oponerse a la aprobación por lectura única del texto, como esperaban los Comuns. Eso, de entrada, echa por tierra la idea inicial del Ejecutivo de tener la ley ya en vigor este mismo año. Las objeciones de Esquerra, además, coinciden con la idea del Sindicato de Inquilinas, que buscan un modelo de aplicación sobre las ventas especulativas automático en toda Cataluña, no dependiente de los Ayuntamientos.