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El Govern impone las primeras sanciones por incumplir la ley de vivienda por 120.000 euros

La líder de los comunes, Jéssica Albiach, afirma que la aplicación de las multas desbloquea la negociación de los presupuestos

El Gobierno de la Generalitat ha impuesto las primeras sanciones a propietarios por cometer fraude en el cumplimiento de la Ley de Vivienda por un valor total de 120.000 euros. En total, el Ejecutivo ha impuesto 13 multas, siete tramitados por la Agencia Catalana de Consumo y seis por la Agencia del Habitatge de Catalunya (AHC). La líder de los comunes, Jéssica Albiach, ha revelado este martes el importe global de la multa tras reunirse con el Govern y ha detallado que el Ejecutivo está tramitando otro paquete de 55 expedientes sancionadores (de Consumo) y de 77 (de Territorio), que podrían ascender a medio millón de euros.

Con la decisión de aplicar las sanciones, el Govern ha conseguido también desbloquear la negociación de los Presupuestos, prorrogados desde diciembre. Cataluña se rige, actualmente, por las cuentas aprobadas en 2023, las del último ejercicio de Pere Aragonès y el Govern se propone aprobarlas antes de que acabe el trimestre. “Es un primer paso. El Govern ha ido tarde. Y ha llegado hasta aquí arrastrando los pies”, ha señalado la diputada. Los comunes han lamentado que durante un año el Ejecutivo no hubiera puesto ninguna sanción, mientras éste ha alegado que las sanciones requieren unos tiempos administrativos garantistas.

El Govern ha concretado que las sanciones impuestas por Consumo están relacionadas, en un caso, por aumentar la renta sin justificar los conceptos o por ejercer como administrador de fincas sin estar colegiado para hacerlo. Estas dos irregularidades se han saldado cada una con una multa de 27.000 euros. Otra multa por valor de 1750 euros está asociada a no haber informado al arrendatario de que la vivienda está en una tensionada. La Agencia de Habitatge ha impuesto por su parte dos multas de 30.000 euros cada una de ellas. El régimen sancionador de la Ley de Vivienda se aprobó hace un año y contempla multas leves o graves, que pueden ascender entre 3.000 y 90.000 euros y tienen su origen en la actuación de los inspectores y en denuncia de particulares.

Miembros del Govern se han reunido esta mañana en el Palau con los comunes, uno de sus socios de investidura, para abordar el cumplimiento del tercer suplemento de crédito que pactaron el año pasado para sortear la prórroga de las cuentas. El Govern ha cumplido básicamente con las medidas incluidas en ese acuerdo: ha reforzado la escuela inclusiva con 331 docentes; ha contratado a 352 personas para el refuerzo de catalán, inglés y matemáticas y está implantando de forma progresiva los comedores en secundaria donde carecían de ese servicio. En salud, han aplicado el aumento de 10 millones de euros en salud mental.

Albiach ha asegurado que el Ejecutivo ha cumplido básicamente sus exigencias en educación y en salud, lo que permite plantearse negociar. La Ejecutiva de los comunes se reunirá este jueves para exponer sus prioridades para las nuevas cuentas. Albiach ha avanzado que Rodalies será una prioridad. “El Govern ha fallado con Rodalies y no podemos permitir que también fracase en vivienda”.

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