El veto a los pisos turísticos en Madrid y Barcelona no convence a inquilinos y caseros

Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han puesto en el punto de mira a los pisos turísticos, a los que acusan de ser uno de los causantes de la crisis de vivienda en las dos capitales, que registran precios de venta y alquiler en máximos y cuentan con una oferta en mínimos históricos. La estrategia de los consistorios para abordar el problema, sin embargo, ha sido diferente.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha comprometido a eliminar todas las licencias de viviendas de uso turístico (10.000 en la actualidad) en 2028, lo que convertiría a la capital catalana en la primera ciudad europea y la segunda del mundo, tras Nueva York, en la que esa oferta alojativa estaría prohibida.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, activó el pasado mes de agosto el plan Reside el pasado mes de agosto, que prohíbe las viviendas de uso turístico en el centro de la ciudad y lo limita a edificios enteros en los que no comparta uso con el residencial. Este plan, unido a la creación del registro único de alquileres y a la labor inspectora municipal para sacar la oferta ilegal, ha provocado que el número de licencias haya descendido un 30%, según los últimos datos facilitados por el consistorio madrileño, desde las 9.848 de marzo de 2025 hasta las 6.620 de enero de 2026.

El Ayuntamiento de Barcelona calcula, apoyado en un informe del Instituto de Economía de Barcelona, que una vez desaparecidas las 10.000 licencias de pisos turísticos, el regreso de esas viviendas al parque residencial provocará una caída del precio del alquiler del 10% y del de compraventa de 22.400 euros. Un optimismo que no es compartido ni por los inquilinos ni por los propietarios de esos pisos, tanto en Barcelona como en Madrid.

Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cataluña, constata que la retirada de esas licencias no tendrá ningún impacto en oferta y precio si antes no se regula previamente el alquiler de temporada. “Es necesario fijar en la Ley de Arrendamientos Urbanos una causalidad clara en el alquiler de temporada para que no sea la vía por la que los propietarios de pisos turísticos esquiven la ley”, señala. Los alquileres de temporada tienen una duración máxima de 12 meses, los contratos se pueden rescindir por acuerdo entre casero e inquilino y pueden fijarse por motivos diversos vinculados a la formación, al puesto de trabajo o a la salud.

Junto a ese endurecimiento de la regulación del alquiler de temporada, Arcarazo considera imprescindible que salgan adelante otras dos normas que se están tramitando en Barcelona. “Es indispensable que el alquiler de temporada también cuente con una regulación urbanística y que se pueda determinar en qué zonas, cuando y en qué condiciones se puede ejercer. También es prioritaria la regulación de las compras especulativas de viviendas. Que aquellas viviendas que salgan del alquiler turístico solo puedan comprarse con dos fines: o para vivienda habitual y para alquilarlas con el límite de precios de las zonas tensionadas”. En su opinión, la combinación de las tres medidas daría salida a las 10.000 viviendas, “más otras 20.000 ilegales que hay”. Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid añaden además otra petición que consideran innegociable. “Hay que eliminar los incentivos especulativos que hacen crecer el alquiler de temporada”.

Unas reivindicaciones que han ido creciendo en paralelo al aumento del precio y al estrechamiento de la oferta de vivienda, lo que obligó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a anunciar el pasado 13 de enero un real decreto ley que incorporaría nuevas medidas dirigidas a contener los precios del mercado del alquiler. En el caso del alquiler de temporada, anunció condiciones más estrictas para que puedan realizarse este tipo de contratos, además de un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración". Hasta el momento no ha trascendido más información sobre ninguno de estos dos apartados, por lo que se desconocen tanto los nuevos requisitos como las cuantías de las multas.

Los propietarios de los pisos que perderán las licencias turísticas y los que han sido despojados de las mismas por no adecuarse a la ley tampoco creen que vaya a bajar el precio de los alquileres porque apenas habrá viviendas que pasen al alquiler residencial. “Ningún propietario se va a arriesgar a alquilar su vivienda sin que antes se decida el proceso legal por el que reclaman las indemnizaciones por la expropiación de sus licencias”, señaló Enrique Alcántara, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), en una jornada celebrada el pasado martes en el Círculo Ecuestre de Barcelona. Los caseros vinculados a Apartur han interpuesto reclamaciones patrimoniales por un valor de 4.280 millones de euros contra la Generalitat de Catalunya por la expropiación de las licencias, mientras que la patronal ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Alcántara niega cualquier responsabilidad en la crisis de la vivienda y apunta que el fin a los pisos turísticos en Barcelona impactará negativamente el turismo familiar y el de negocios. “Las familias se tendrán que ir a otras ciudades porque el precio de los hoteles es inaccesible y los grandes congresos, como el Mobile World Congress o el ISE, tendrán que buscar otras ubicaciones si el Ayuntamiento está dispuesto a renunciar a una oferta que representa 56.000 plazas, el 38% del total en Barcelona”.

Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja, asociación que representa a 5.000 propietarios, considera que una parte muy relevante de los caseros, una vez que no se les conceda autorización para operar, “dejarán de alquilar por falta de garantías ante los impagos, los desperfectos o las ocupaciones”. Una percepción avalada, al menos, por los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid. Si el número de viviendas turísticas inscritas en el registro autonómico ha caído en 3.228 unidades, el número que ha vuelto al mercado residencial se ha limitado a 323, apenas un 10% del total.