Algo más que una crisis de seguridad

La crisis ferroviaria que se inició en Cataluña con el accidente mortal provocado por la caída de un muro en Gelida se está convirtiendo en algo más que una crisis de seguridad. Muestra las dificultades de gobernanza a las que se enfrentan las administraciones públicas ante una realidad llena de sobresaltos, en la que todavía no se ha superado una emergencia cuando ya hemos entrado en otra. En los tres días de caos ferroviario hemos visto órdenes contradictorias, falta de información y mucha confusión, pero lo más graves ha sido la crisis de autoridad ante los ojos de todos.

Tras el accidente y ante la evidencia de que tantos días de lluvias intensas habían creado una nueva situación de peligro en toda la red, la Generalitat ordenó suspender el servicio de Rodalies de Renfe para poder revisar las vías. Después de que Adif certificara que todo estaba en orden, el Gobierno catalán anunció para el jueves la reanudación del servicio. Pero los maquinistas no se presentaron y los trenes no salieron. Un desprendimiento en Blanes y otras incidencias confirmaron los temores de los maquinistas.

En la madrugada del sábado, tras una larga reunión con todos los estamentos involucrados, el Gobierno catalán suspendió de nuevo el servicio, pero por la mañana Renfe decidió por su cuenta operar algunas líneas. Seguía lloviendo y otros dos desprendimientos mostraron que la red seguía siendo muy vulnerable. El Gobierno tuvo que ordenar de nuevo el cierre del servicio en tanto no se pueda garantizar la seguridad, pero para entonces su autoridad había quedado ya muy dañada por unos operadores estatales que con frecuencia se creen con patente de corso.

Lo que está ocurriendo en el sistema ferroviario no es muy distinto de lo que ocurre en otros ámbitos. Tras años de falta de inversiones, las infraestructuras ferroviarias catalanas están tan debilitadas que dos semanas de lluvias intensas han bastado para que saltaran todas las costuras. Algunos debates sobre agravios territoriales que tienden a presentar a la “rica Cataluña” como una quejica insolidaria, palidecen estos días ante la tozuda evidencia de los hechos: incluso en los escasos periodos en los que se han prometido grandes inversiones, a la hora de la verdad solo se ha ejecutado una parte de ellas, a veces mínima. Pero el relato que ha quedado es otro.

Y eso se ha producido mientras aumentaban las necesidades, por un lado, y los peligros, por otro. Desde el año 2000 la población catalana ha aumentado en casi 1,8 millones de habitantes y también ha crecido de forma significativa la actividad económica, sin que se hayan dimensionado en la misma proporción ni los servicios públicos ni las infraestructuras. Eso ocurre además mientras se suceden las situaciones de emergencia que obligan a movilizar recursos adicionales cada vez con más frecuencia por crisis que también son cada vez más intensas a causa del cambio climático.

Nada hay peor que añadir a esta situación de debilidad estructural una crisis de autoridad. El gobierno catalán ha hecho estos días lo que debía, pero la dificultad para gobernar la situación ha provocado un descrédito que la oposición trata de aprovechar sin ningún pudor. Resulta patético escuchar a Carles Puigdemont emerger desde las neblinas de Waterloo para hablar de incompetencias. Como si su partido no tuviera nada que ver con los males estructurales del país.