El Govern impulsa el traspaso de funcionarios entre administraciones

En plena transformación de la administración pública catalana, el Govern de Salvador Illa impulsa una nueva ley para romper las barreras laborales entre administraciones y permitir el salto de funcionarios entre Generalitat, diputaciones, consejos comarcales y municipios. En su afán por simplificar los farragosos procesos de selección de personal y superar la falta de relevo generacional, el ejecutivo pretende aprobar una nueva Ley de Ocupación Pública Catalana. El texto forma parte de la reforma global de la administración catalana que el Departamento de la Presidencia presentó en noviembre y que cuenta con el asesoramiento de la Comisión de Expertos para la estrategia de la Administración de la Generalitat de Cataluña (CETRA).

La norma está todavía en una fase embrionaria —en forma de anteproyecto de ley— y deberá iniciar un trámite parlamentario que, según la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral, goza de un amplio consenso. “Queremos construir una administración para el futuro en un mundo cambiante y líquido. La actual normativa tiene 29 años y es un texto rígido y poco operativo”, explica Corral.

La reforma afectará a cerca de 400.000 funcionarios y se aplicará por igual tanto al personal de la Generalitat como al de los 947 ayuntamientos y las siete universidades públicas de Cataluña, aunque tratará de preservar la independencia de cada administración. La norma prevé que la duración de los procesos para trabajar en la administración pública se reduzcan en un 60% y los concursos generales para funcionarios, a la mitad. El cambio, según afirmó en noviembre el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, consiste en abandonar los mecanismos de selección tradicionales basados en meras pruebas memorísticas por nuevos sistemas de selección que premien competencias como la capacidad de trabajo colaborativo.

Entre las ambiciones de la norma está convertir la carrera profesional de los funcionarios de una estructura vertical a otra horizontal. El objetivo es valorar la trayectoria y la actuación profesional en cuatro tramos de desarrollo laboral: inicial, consolidado, experto y referente. Eso dará derecho a la percepción de un complemento retributivo de carrera profesional y al reconocimiento profesional inherente. Se trata de que el empleado pueda continuar en su lugar de trabajo y desarrollar una actuación profesional sin necesidad de cambiar de puesto o área de especialidad. Hoy en día, para reconocer esa situación el funcionario tiene que haber ocupado un puesto de dirección.

Alícia Corral asegura que el modelo será voluntario, mediante la firma de un convenio, para los entes locales y las universidades públicas, para cumplir con el principio de autonomía local y universitaria. La secretaria argumenta que, si el modelo se estructura con carácter general, existe el riesgo de perder cobertura en determinadas áreas.

Entre la docena de líneas de actuación, el departamento ordenará los puestos de trabajo para una mejor planificación con medidas como el fomento de lugares de trabajo interadministrativos, la creación de comisiones de servicio para programas temporales, la atribución de funciones o la adscripción a proyectos de manera temporal, así como el traslado de personal por necesidades urgentes o la reasignación de funciones.

El proyecto de ley también introduce una novedad fundamental: el despliegue del Estatuto Básico del empleado público —se aprobó en 2007 pero no se había desplegado—, que establece las bases del régimen jurídico de los funcionarios y determina las normas aplicables al personal de las administraciones públicas. Este será el eje vertebrador ya que, según la directora general de Función Pública, Anna Molina, funcionaba con normas previas y se ha ido modernizando a golpe de decreto, pero ahora ofrecerá las herramientas para configurar un marco legal común.

Personas con discapacidad

Una vez aprobada la norma, esta definirá un nuevo modelo de acceso a la ocupación pública de las personas con discapacidad mediante dos sistemas de acceso. El primero, el ordinario, que se aplicará para toda clase de discapacidades. El segundo, el específico, exclusivo para las personas con discapacidad intelectual. El texto destaca que ambos sistemas convivirán y serán compatibles. Además, matiza que las pruebas del sistema específico estarán orientados a una “plena y efectiva inclusión sociolaboral en la administración pública catalana”.

Por primera vez, la ley introduce la perspectiva de género y “medidas para la igualdad efectiva” como planes de igualdad en todos los niveles de la administración y el diseño de protocolos de acoso sexual y psicológico por motivos de sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género.

La falta de relevo generacional es otro factor que ha llevado al Govern a acometer esta reforma integral. Corral subraya que el nuevo plan quiere atraer a nuevos perfiles profesionales y talento del mundo universitario y de la formación profesional. En la misma línea que Dalmau, señala que es importante que las nuevas generaciones vean la administración y el sector público como “un espacio de trabajo referente, seguro y con estabilidad donde iniciarse y crecer profesionalmente”.