Illa busca la complicidad del sector económico para convencer a Junts sobre la propuesta de financiación

Mientras, el pasado jueves por la mañana, Oriol Junqueras y Pedro Sánchez terminaban de hablar en la Moncloa sobre la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, en Barcelona el Govern de Salvador Illa ya se movía frenéticamente para convencer a las élites empresariales de que el pacto alcanzado es el mejor posible. El esfuerzo de los socialistas catalanes para alabar las virtudes del acuerdo tenía que ser equiparable a las expectativas generadas en este tema. Y no son pocas. Desde que el president Artur Mas fue a pedir un concierto económico para Cataluña en 2012 y salió de la reunión con Mariano Rajoy con el “esto no ha ido bien” que desencadenó todo el procés, en Cataluña todas las organizaciones empresariales, sindicatos e instituciones económicas y académicas han tenido algo que decir sobre la renovación del modelo de financiación, caducado en 2014. Los debates y propuestas han sido múltiples, todas orientadas a dotar de más recursos a Cataluña para terminar con lo que se ha considerado una etapa de infrafinanciación. Así que la idea de que un acuerdo pusiese fin a toda esta conversación generaba mucha expectación. Pero tras conocer el pacto, el mundo empresarial catalán ha reaccionado con tibieza: sí, es una mejora con respecto al modelo actual, pero no cumple con lo esperado. El Govern sigue prodigando esfuerzos con reuniones y encuentros: de la capacidad de Illa de que pueda terminar de convencerlos depende que estos puedan acabar presionando a Junts para que vote a favor de la propuesta.

La primera reunión fue el mismo jueves por la mañana. Al mismo tiempo que Sánchez y Junqueras comparecían para darse la mano, la consejera de Economía, Alícia Romero, convocó a un grupo de representantes del mundo económico, el llamado G8 catalán: la patronal de las pymes catalanas Pimec, el Círculo de Economía, el RACC, Barcelona Global, la fundación FemCat, el Colegio de Economistas, la Cámara de Comercio de Barcelona y Fira de Barcelona. Todavía sin muchos detalles sobre la propuesta, a este primer grupo en general le pareció razonable, pero nadie se atrevió a valorarlo públicamente. Hacían falta más detalles.

El gran ausente de este grupo es la patronal de las grandes empresas, Foment del Treball, que fue precisamente la primera de las organizaciones en valorar el acuerdo el viernes. El mensaje fue rotundo: “Claramente insuficiente”. Al presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, le parece bien que lleguen más recursos —unos 4.700 millones de euros tras la mayor participación en el IRPF y el IVA—, pero en un comunicado recordó que su reivindicación es mucho más ambiciosa: pide que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos generados en Cataluña, y que tenga capacidad normativa. El acuerdo, según Sánchez Llibre, “no resuelve los déficits históricos y estructurales que tiene Cataluña en su financiación y en la inversión en infraestructuras”.

Tras la reacción de Foment, otras organizaciones salieron a valorarlo. En general, el sentir del mundo empresarial es que hay que aplaudir la mejora del sistema, que lleva 12 años caducado, pero que hay que apretar un poco más para que el nuevo modelo recoja las reivindicaciones históricas del mundo económico catalán en materia de financiación. Igual que lo defiende Foment, la patronal Pimec, presidida por Antoni Cañete, lo sintetiza con el principio de ordinalidad, el que determina que si una comunidad aporta más que otra, no puede quedar por debajo en lo que recibe. “Es una condición esencial para que la solidaridad entre territorios no derive en una penalización estructural y recurrente de las economías más productivas”, señala Pimec. La patronal de las pymes también destaca que, aún cumpliéndose lo pactado, “el déficit fiscal de Cataluña continuará siendo muy elevado“.

La Cámara de Comercio de Barcelona es más comedida y apunta que el acuerdo ”es un gran paso adelante y un punto de partida" para renovar un modelo caducado y “que penaliza los territorios que más aportan al sistema”. Pero también pide que en el proceso de negociación se introduzcan mejoras como una mayor cesión de IRPF y el IVA, más transparencia en las balanzas fiscales y la garantía de que se cumplirá con el principio de ordinalidad. También cree necesario que se cree un consorcio de inversiones que vigile que las partidas presupuestarias se ejecuten, especialmente en inversiones. La fundación FemCat, que representa a más de 500 empresas, también pidió mayor transparencia y que se introduzcan variables que tengan en cuenta el mayor coste de la vida en comunidades como la catalana. El presidente del Colegio de Economistas, Carles Puig de Travy, en cambio, cree que es un buen acuerdo en líneas generales: “Comparado con el anterior, resuelve muchos problemas evidentes, pone más dinero, el reparto es más justo y transparente, y menos arbitrario”, apunta. En el ámbito de los representantes de los trabajadores, solo Comisiones Obreras se ha pronunciado, claramente a favor de la propuesta: “Es un gran paso adelante para asegurar la autonomía financiera y la mejora de la financiación de los servicios públicos“.

El hecho de que la propuesta presentada se quede corta con respecto a las expectativas que tenían los diferentes agentes socioeconómicos —también con respecto al informe que la Generalitat pidió a un grupo de expertos, que según fuentes conocedoras ya está terminado y es más ambicioso que la propuesta acordada— da alas a Junts a expresar abiertamente su rechazo. El partido de Carles Puigdemont ya ha avisado que presentará una enmienda a la totalidad y que su reivindicación es la misma que hizo Mas hace 14 años: el concierto económico.

La única forma que tiene el Gobierno para que Junts acepte esta propuesta es que el mundo económico esté de acuerdo con ella, para que el partido de Puigdemont, que tiene sensibilidad e interacción fluida con los empresarios (especialmente con Foment) dé finalmente su brazo a torcer. De ahí que el viernes por la tarde el Govern volviese a convocar a las organizaciones empresariales y sociales a una reunión, ya presidida por Illa, para insistir en que el acuerdo es positivo para Cataluña. A la reunión asistieron todos los primeras espadas de las organizaciones, menos Sánchez Llibre, que delegó la representación de Foment en su secretario general. Para convencer a Junts, primero habrá que convencerlo a él.

En vistas de dotar al nuevo modelo de cierta “singularidad”, el líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguró el sábado que pretende forzar una segunda ronda de negociaciones para tratar de sumar otros 4.000 millones de euros a las arcas catalanas mediante el sistema de financiación de las competencias propias de la Generalitat. Lo hizo en durante el Consell Nacional extraordinario, en el que el republicano mostró su intención de elevar la cesión sobre el IVA un 22% respecto a otras comunidades, lo que supondría una recaudación de hasta el 78,5% del impuesto.

Junqueras subrayó que es vital que la financiación de las competencias propias de Cataluña, como la gestión de los Mossos d’Esquadra o de las prisiones, pueda sufragarse con un traspaso adicional del IVA. “Esperamos que este acuerdo se complemente con el desbloqueo del 100% de la recaudación del IRPF”, zanjó.