El Govern avisa de que es incompatible bonificar todo el transporte y mejorar el servicio

El Govern está lanzando mensajes cada vez más frecuentes de que no es sostenible volver a bonificar el 50% de todas las tarifas del transporte público que se aplican desde 2022. La portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque, ya confirmó hace dos semanas que se mantendrá el descuento en la T-Jove, pero dejó en el aire el de la T-usual o de la T-casual. La consejera ha precisado este martes que se plantean también extender esas ayudas a personas vulnerables que necesitan las tarjetas para ir a trabajar. Con todo, ha advertido de que esas subvenciones a personas y sectores vulnerables tiene que ser compatibles con las inversiones en el servicio para poder mantener su eficacia.

El president Salvador Illa ya enfrío el pasado viernes, en la sesión de control en el Parlament, en un encontronazo con los comunes, la posibilidad de mantener la bonificación al alegar que no podía ir al Parlament y garantizar que todo iba a ser gratis. “Tenemos que hacer números. Ser razonables”, le espetó a la líder de los comunes, Jéssica Albiach, que reiteró que sin esa ayuda, capital para los trabajadores, no negociarán los presupuestos. Albiach apuntó que una T-usual, desde Terrassa a Barcelona, pasará de 42 a 84 precios.

Tras la celebración del Consell Executiu, Paneque ha expuesto dos elementos que los guían en el debate que está tensando su relación con su socio de izquierdas: por un lado, que la subvención se empezó a aplicar en 2022 como consecuencia del aumento del combustible por la invasión de Ucrania y, por otro, que las bonificaciones a personas vulnerables tienen que ser compatibles con las inversiones en transporte público. La consejera ha señalado que las administraciones han desembolsado desde entonces, en ese capítulo, más de 700 millones de euros. “Era una situación concreta y puntual que no tiene ahora la misma incidencia, ha esgrimido.

Paneque ha vinculado después las bonificaciones a jóvenes y a personas vulnerables que tengan una movilidad laboral que sean “compatibles” con las inversiones en transporte actuales y de cara al futuro. En 2025, con los presupuestos prorrogados, el Govern ha destinado cuatro millones de euros en la mejora de las frecuencias interurbanos y en 2026 tiene previsto ejecutar un plan de choque de 20 millones de euros. “Tiene que ser sostenible y con un punto de equilibrio entre las bonificaciones y el nivel de inversiones necesarios. Sería dramático que en el año con más usuarios de transporte público, no podamos asegurar su eficacia y fiabilidad. Y por eso necesitamos recursos”, ha señalado. “Bonificaciones sí, pero vamos a destinarlas a quien más las necesitan con criterios objetivos”.

La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) es el consorcio formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y la Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano que gestiona las tarifas y horarios del transporte público. Su consejo de Administración tendrá que tomar la decisión este mes para que las nuevas tarifas entren en vigor el 1 de enero. “Tiene que ser sostenible y con un punto de equilibrio en las bonificaciones” ha afirmado la consejera.