Un país sin presupuestos

El pasado 21 de noviembre el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona tumbó el presupuesto de la ciudad para 2026, gracias al fuego amigo, en forma de abstención, de una formación política supuestamente aliada del alcalde Jaume Collboni.

En este caso, la ley ofrece una salida para aprobar las cuentas municipales, que consiste en someterse a una cuestión de confianza; en el caso de la Generalitat, tal salida no existe. Si el Gobierno de Salvador Illa no lleva una propuesta de presupuesto al Parlamento, no habrá presupuesto nuevo y por segundo año consecutivo se pondrá en marcha una nueva prórroga; y si la lleva (aunque sea tarde) y el Parlamento la tumba, pasará lo mismo, con un descrédito acaso mayor. La cuestión de confianza como solución antibloqueo simplemente no está prevista.

La verdad es que, sin un nuevo presupuesto, va a ser complicado enderezar políticas que reclaman un enderezamiento urgente. La manifestación por la educación del pasado día 15 en Barcelona puede leerse también en clave presupuestaria. Los maestros reclaman mejoras salariales urgentes y más recursos para hacer posible la escuela inclusiva; sin un presupuesto expansivo en el ámbito de la educación no habrá ni lo uno ni lo otro.

Los docentes universitarios no son muy proclives a manifestarse, pero también tendrían motivos para hacerlo. El último informe sobre el sistema universitario español realizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) puso al descubierto algunos datos que deberían interpelar al Gobierno de Salvador Illa y muy particularmente a las consejeras de Economía y de Universidades.

Según este informe de la fundación que preside Ana Botín, Madrid y Cataluña destacan por registrar los valores más bajos en inversión por alumno procedente del respectivo presupuesto autonómico. En el curso analizado (2022-2023), la inversión de estas dos comunidades se situó por debajo de los 6.000 euros por alumno, cifra que contrasta con los 9.689 de la comunidad que lideraba el ranking (La Rioja). Calculando esa inversión como porcentaje del PIB per cápita de la comunidad respectiva, Madrid y Barcelona también se situaban a la cola de la tabla, por debajo del 20%, mientras que la comunidad líder (Extremadura en este caso) alcanzaba el 33,4%.

El Gobierno de la Generalitat está aplicando el Plan de Fortalecimiento de la lengua catalana en el sistema universitario de Cataluña, una incómoda herencia de cuando Junts estaba en el Ejecutivo y la ferviente puigdemontista Gemma Geis llevaba la cartera de Universidades (entre otras cosas, el Plan fija un tanto por ciento de docencia en catalán para todo el sistema, algo que contradice la prohibición de “parámetros numéricos, proporciones o porcentajes” que rige para la enseñanza no universitaria). Sin prejuicio de los aspectos positivos de ese plan, visto el informe de la Fundación CYD, hay elementos para pensar que urge un Plan de Fortalecimiento del sistema universitario que ponga fin a la infrafinanciación crónica de las universidades catalanas, una meta que va a ser difícil de alcanzar con un nuevo presupuesto y del todo imposible sin él.