La justicia obliga a indemnizar, tras ocho años de abandono, a un policía local que intervino en los atentados del 17-A fuera de servicio

Era una noche de verano. La del 18 de agosto de 2017. Javier G., policía local de Valls (Tarragona), estaba de vacaciones. Él y su familia tomaban un helado en la Sirvent, una de las heladerías más populares de Cambrils, ubicada en el paseo marítimo. Poco antes de la una de la madrugada, cuando aún estaban sentados en la terraza, Javier escuchó unas “detonaciones” y vio que decenas de personas venían corriendo por el paseo. Una de ellas, un joven vestido con camiseta naranja y tejano corto, le llamó la atención: llevaba “un chaleco hecho con cinta americana y unos botes pegados al cuerpo” y no paraba de gritar “¡Allahu Akbar!”, declarará ante los Mossos. González no sabía que ese joven era Omar Hichamy, uno de los miembros de la célula yihadista de Ripoll (Girona) que horas antes había perpetrado la masacre de La Rambla de Barcelona y acababa de sembrar el pánico en Cambrils.

Javier intuyó lo que estaba pasando. Siguió a Hichamy unos sesenta metros para evitar que girara hacia el centro de la localidad y se perdiera en sus calles. Aunque estaba fuera de servicio, se identificó como policía. Al oírle, el terrorista se quedó momentáneamente congelado en el centro de la avenida mientras seguía invocando a Alá. El agente volvió a gritarle, le ordenó que se tirara al suelo, según la declaración que prestó unas horas después del suceso. Hichamy se giró, le miró desafiante y le dijo “policía, ven”, mientras con una mano tocaba uno de los botes: el supuesto chaleco explosivo que llevaba, se supo después, era falso. Apenas un minuto después llegó a la zona un coche no logotipado de los Mossos. Tras ordenar de nuevo al yihadista que se rindiera, los agentes le dispararon y acabaron con su vida. Antes, un agente de los Mossos había abatido, también en el paseo de Cambrils, a los otros cuatro terroristas que perpetraron el ataque nocturno.

Los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017 dejaron 16 muertos y más de 500 afectados, entre personas con heridas físicas y otras con secuelas psíquicas. Javier se cuenta entre estas últimas, a pesar de que, como muchos otros, nunca ha sido considerado víctima del terrorismo: su nombre no figura en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra tres de los miembros de la célula, una resolución que denuncia el “olvido” al que fueron sometidas, en el proceso penal, las víctimas, muchas de ellas sin haber sido plenamente identificadas y, por tanto, sin haber disfrutado de los derechos que les otorga esa condición. El Ministerio del Interior rechazó indemnizar a González porque no aparecía “en el listado de heridos enviados por la Generalitat” y por la supuesta “inexistencia de secuelas” derivadas del atentado.

Ocho años después de los hechos, a los 57 años, Javier ha visto ahora enmendado, al menos en parte, ese abandono. El policía reclamó al Ayuntamiento de Valls, del que depende, una indemnización por las secuelas que sufrió (estrés postraumático) en una actuación que hizo fuera de servicio, pero como policía. La Administración no le contestó en el plazo requerido (tres meses) y ese silencio debe interpretarse de forma positiva, según ha concluido ahora una sentencia a la que ha accedido EL PAÍS. El fallo fija una indemnización de 347.000 euros (más intereses) para Javier en aplicación del llamado “principio de indemnidad”, que obliga a las administraciones a resarcir directamente a sus funcionarios por daños sufridos en el ejercicio de sus funciones.

Una carta a Puigdemont

Como en tantas otras víctimas y familiares, los hechos del 17-A dejaron en Javier una herida profunda y duradera. En los días posteriores, se sintió “acosado” (no dejaba de recibir llamadas de amigos y de periodistas, que incluso se presentaron en su casa) y, al mismo tiempo, abandonado por la administración y sin apoyo psicológico. El 1 de septiembre de 2017, un mes antes del referéndum de independencia, el policía escribió un correo electrónico al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para explicarle su situación. “Sé que estamos en mal momento para contactar con usted”, empieza, antes de relatar los episodios de insomnios, las pesadillas, el estado depresivo en que se hallaba.

Llegaron, entre tanto, felicitaciones y reconocimientos: de sus superiores, de la alcaldesa de Cambrils. Incluso la Generalitat respondió a la carta agradeciendo su “colaboración en la neutralización de uno de los participantes en los atentados” y admitiendo que hay que “revisar los protocolos” ante ese tipo de situaciones. Pero el apoyo psicológico seguía sin aparecer, lo que “agravó su sensación de desamparo”, según el estudio médico al que fue sometido. El informe señala que se muestra “reiterativo en relación al sufrimiento emocional que lleva padeciendo” y concluye que sus síntomas son compatibles con el estrés postraumático: hipervigilancia, miedo y tensión ante cualquier sonido, insomnio…Tampoco le ayuda el “sentimiento de desamparo por parte de la Administración”, según la exploración.

En julio de 2022, y ante la desesperación de Javier, el abogado del sindicato USPAC, José Antonio Bitos, solicitó por vía administrativa una indemnización por las secuelas psicológicas al Ayuntamiento de Valls, que no contestó. Ese silencio abrió la puerta para presentar una demanda en los juzgados contencioso-administrativos de Tarragona. La demanda señala que la intervención del policía fue activa (“estuvo intentando cerrar [al yihadista] posibles vías de escape”) y recuerda que su intervención fue recogida por la sentencia de la Audiencia Nacional, según la cual el policía local llegó a “parar” al coche patrulla de los Mossos y “señaló” a los agentes a Omar Hichamy. Pero el Ayuntamiento minimizó las cosas: rechazó que su agente interviniera “de forma activa y decisiva en la neutralización” de Hichamy y afirmó que lo que hizo esa noche “lo podría haber realizado un civil”.