La rehabilitación de Ferrer i Guàrdia

El pasado 13 de octubre se cumplieron 116 años del fusilamiento del anarquista, pedagogo y librepensador Francesc Ferrer i Guàrdia, tras un consejo de guerra en el que lo de menos fueron las pruebas, pues la sentencia estaba fijada de antemano. Joan Francesc Pont, presidente de la Fundación que lleva el nombre del impulsor de la Escuela Moderna, acusó de la ejecución a la derecha española y catalana: a Antonio Maura, presidente del Gobierno español, y a Enric Prat de la Riba, de la Lliga Regionalista. Pont lo hizo en el acto de homenaje que, como cada año, se tributa a Ferrer ante el monumento a su memoria en Montjuïc.

Ahora diversas instituciones —como el ayuntamiento de su Alella natal o la Diputación de Barcelona—, asociaciones y particulares están impulsando una campaña para conseguir la anulación de la sentencia bajo el lema Justícia X Ferrer. Desde 1909 ha habido diversos intentos de rehabilitación. Ya en 1911, el Consejo Supremo de Guerra dictaminó la nulidad de la confiscación de bienes de la que fue objeto la familia de Ferrer por parte del tribunal militar que lo sentenció a muerte. Aquel mismo año, el PSOE de Pablo Iglesias y el resto de los partidos republicanos intentaron en vano por segunda vez la rehabilitación de Ferrer, pero las formaciones dinásticas aliadas con la Lliga lo impidieron.

Han pasado 116 años y el padre de la Escuela Moderna —con su coeducación, racionalismo e interclasismo— sigue siendo un apestado para gentes de orden que ven en la persona de Ferrer más a un desestabilizador que a una persona ejecutada injustamente. Muchos de los grandes combates de Ferrer han sido adoptados y normalizados en los periodos democráticos de la II República y en la actualidad. Pero todavía hay mucha incomprensión.

Como antídoto, es recomendable la lectura de los tres artículos que, a propósito de la Semana Trágica, escribió Joan Maragall. Uno de ellos —La ciutat del perdó, ya muy conocido, en el que pedía el indulto para Ferrer tres días antes de la ejecución— fue vetado por Prat y no se publicó en La Veu de Catalunya. Tuvo que esperar a 1932, 16 años después de la muerte del poeta, para ver la luz. Y es que la radiografía de la sociedad hecha por el poeta —hombre de la burguesía que no compartía en absoluto las tesis de Ferrer— ponía a las clases dominantes ante el espejo. En La iglésia cremada, Maragall cuenta su experiencia en una misa celebrada en un templo que había sido arrasado: “Destruyendo la iglesia habéis restaurado la Iglesia, la que se fundó para vosotros, los pobres, los oprimidos, los desesperados”, y dirigiéndose a los de su clase, agregaba: “No se la volváis a quitar”.

En las antípodas, el obispo Torras i Bages consideraba la Semana Trágica como una “insurrección contra Dios” y “un espectáculo diabólico, eco de la rebelión primitiva de los ángeles y de los hombres contra su Creador y Señor”. Tanta retórica enmascaraba la llamada a filas de 40.000 reservistas —con servicio militar cumplido y ahora padres de familia— para defender de los ataques de los cabileños la línea de ferrocarril entre las minas de Beni Buifur y Melilla. En el consejo de administración de la empresa explotadora se hallaban el conde de Romanones, el conde de Güell o el Marqués de Comillas. Para salvarse del llamamiento a filas era preceptivo pagar la inalcanzable suma de 300 duros. Así estalló la Semana Trágica, de forma completamente espontánea, durante nueve días. En Barcelona fueron quemadas unas 90 dependencias religiosas.

Desde entonces han pasado 116 años. Si la memoria histórica respecto a la Guerra Civil es negada por la derecha, es lógico que a mucho biempensante se le siga erizando el vello al pensar en la rehabilitación de Ferrer, hijo de una época de contrastes, violencia, arbitrariedades e injusticias.

“Quien no ha hecho nada, amigos, nada debe temer”, se despidió ingenuamente Ferrer de sus vecinos al ser detenido. Se equivocó. Sin pruebas, seis semanas después fue fusilado.