El Parlament de Cataluña denuncia el ‘lawfare’ contra el independentismo: “La amnistía no es un perdón, sino una reparación”

Con varias abstenciones en las votaciones finales del Debate de Política General que este jueves acaba en el Parlament de Cataluña, el PSC ha intentado escapar del ultimátum al que le ha querido someter Junts en la Cámara catalana. Los posconvergentes habían avisado que si el PSC no avalaba con hechos los pactos alcanzados entre Junts y PSOE en Bruselas en 2023 para habilitar la investidura de Pedro Sánchez, la estabilidad en el Congreso de los Diputados no estaría garantizada; y los socialistas respondieron con una de cal y otra de arena: permitieron con su abstención que el Parlament aprobase un Propuesta de Resolución (PR) en el que se “constata” el lawfare contra el independentismo; pero rechazaron la celebración de un referéndum de autodeterminación. Esta última era una de las propuestas “más importantes de la tarde”, según admitieron varios diputados juntaires a la salida del pleno.

La Propuesta de Resolución validada en la Cámara catalana, a propuesta de Junts, asegura que “la estrategia de guerra judicial contra el independentismo ha afectado la salud de la democracia española, como se constata en otros casos de lawfare”, y añade que la amnistía “no es ni un favor ni un perdón”, sino un instrumento esencial para “reparar la injusticia sufrida”. La propuesta también denuncia que la “desobediencia” de algunos magistrados del Tribunal Supremo [en referencia al rechazo para aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y a otros líderes independentistas] “pone en cuestión” el Estado de derecho español y “perjudica la credibilidad de las instituciones”. El documento ha salido adelante con el apoyo de Junts, ERC, Comuns y CUP (65); la abstención del PSC (42) y el rechazo de PP, Vox y Aliança (28).

Con Puigdemont en Bélgica y sin expectativas para regresar a Cataluña, Junts había avisado desde hace semanas de que los acuerdos con el PSOE en el Congreso implican un compromiso del PSC en el Parlament. “Tiene que mojarse”, ha reclamado este jueves la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales en el atril parlamentario. Según la portavoz, las posiciones del Govern no están alineadas con los acuerdos que Puigdemont y el PSOE alcanzaron hace dos años. “Los avances en el cumplimiento de aquel acuerdo no van bien. Y uno de los motivos es porque el PSC ha votado en este Parlament en contra de algunas cuestiones relacionadas con el acuerdo de Bruselas”, ha afeado. “O sale de la lógica bloqueadora, o ya basta, president. Están avisados desde hace días”, ha insistido a modo de advertencia sobre la dependencia que tiene Sánchez de los siete diputados posconvergentes que sostienen la estabilidad del Congreso de los Diputados.

En el último día del Debate, culminado por una larga votación de cerca de 225 Propuestas de Resolución presentadas por los ocho grupos parlamentarios (cada uno tenía derecho a presentar 22 Propuestas con tres subapartados cada una) que se ha alargado más de dos horas, Junts ha presentado varias iniciativas “que recogen el espíritu del acuerdo de Bruselas”, como el reconocimiento de un conflicto político, la amnistía o el concierto económico.

El PSC ha vetado el avance hacia el referéndum y el aval a la declaración de independencia de 2017; pero ha apoyado la aplicación de la amnistía; que el Gobierno cumpla con los “acuerdos políticos pendientes” (Junts ha presentado un listado con decenas de reclamaciones), y ha facilitado que se reclame la delegación de competencias en inmigración, propuesta que Podemos tumbó en Madrid hace unas semanas, entre otras cuestiones.

Con el apoyo directo (a favor) o indirecto (abstención), el PSC también ha permitido varias de las propuestas de Junts: reclamar que los sanitarios procedentes de otras regiones deban acreditar un nivel B2 de catalán al cabo de un año de empezar a trabajar; negociar con el Gobierno la creación de un salario mínimo catalán; exigir el traspaso de los inmuebles de Sareb (ahora llamado Sepes) ubicados en Cataluña o mantener el Gran Premio de Fórmula 1 en Montmeló.

En cambio, los socialistas han rechazado la entrada de Cataluña a la Unesco, la oficialidad de las selecciones catalanas o reprobar al presidente de Aena, Maurici Lucena, tras haber descartado este la gobernanza de la Generalitat sobre el aeropuerto de El Prat. De las 22 PR presentadas por Junts, en 9 ha reclamado una negociación directa entre la Generalitat y el Ejecutivo central en las que instan al Govern a “exigir” o “negociar” varias cuestiones.