El Gobierno y ERC comienzan a negociar sobre la gestión aeroportuaria catalana

Articular una gobernanza de proximidad de los aeropuertos catalanes (El Prat, Girona-Costa Brava, Reus y Lleida) es uno de los puntos pendientes del acuerdo de investidura con Esquerra Republicana y que llevó al socialista Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. En los últimos meses, la carpeta ha salido del ámbito de negociación entre el Ejecutivo catalán y los republicanos y se ha comenzado a trabajar también con el Gobierno central. Aunque aún es muy pronto para esbozar cómo sería ese modelo, la voluntad de todas las partes es seguir avanzando en líneas como la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña y la conexión ferroviaria de las cuatro infraestructuras para así mejorar su competitividad.

La portavoz y número dos del PSC, Lluïsa Moret, ha explicado este lunes, tras la primera reunión de la Ejecutiva de su partido, que la negociación de ese punto del acuerdo de investidura con los de Oriol Junqueras ya ha escalado de reuniones entre los socios de investidura para llegar, el pasado mes de julio, a tratarse también en encuentros con el Gobierno central. Según adelantó Nació Digital y ha podido confirmar este diario, en esas reuniones ha participado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

El acuerdo de investidura PSC- ERC establece, entre otras cosas, la creación de un sistema aeroportuario catalán, en el que las cuatro infraestructuras tengan unos roles determinados y, de acuerdo a ello, se planee su desarrollo. Entre otras cosas, este sistema determinará un máximo de emisiones anuales que, agrega, en ningún caso debe ser superior al actual. Eso condicionará, dice el texto, el número de operaciones que se podrán hacer anualmente. La Generalitat en breve comenzará la negociación de los Presupuestos para el próximo año y por ello también espera lanzar un mensaje hacia los republicanos avanzando en esta carpeta.

En ese modelo conjunto, continúa el acuerdo de investidura, la Generalitat debería tener más peso y ser “un actor determinante en la toma de decisiones”. Y ahí se esbozan dos figuras: la creación de un Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña (que sustituiría al actual Comité de Coordinación Aeroportuaria) y de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña. Esta última, que sería la encargada de responsabilizarse del papel catalán en esa nueva gobernanza y centralizaría las competencias propias de la Generalitat relacionadas con la política aeroportuaria, como por ejemplo planificación urbanística, medio ambiente, consumo o promoción económica.

Hasta ahora el debate sobre la ampliación de El Prat (donde ERC y los Comunes rechazan el plan diseñado por los dos Gobiernos) se ha centrado en el crecimiento de la pista, pero de fondo está la petición de varios estamentos económicos y sociales para que otros tres aeropuertos secundarios de Cataluña tengan algún tipo de coordinación, mirándose en el espejo de lo que pasa en Londres o París. Desde el territorio piden buscar formar de colaboración pero sin que eso implique minar el buen desempeño que muestran todos los aeropuertos.

Al igual que El Prat, que el pasado mes de junio movió 5.291.000 pasajeros (4,2% más que ese mismo mes de 2024), los otros aeropuertos catalanes registra cifras históricas. Por las instalaciones de Vilobí d’Onyar pasaron ese mismo mes 307.774 personas, un 12,7% más y en el primer semestre de este año las operaciones crecieron un 30%. Ese mes también fue de crecimiento para el aeropuerto de Reus: 209.080 pasajeros, (9,3% más, un 7% más de operaciones en el primer semestre de este año). En Lleida la variación ­interanual el mes pasado fue del 20% (4.800 pasajeros).

“No paramos de hablar de una nueva pista en El Prat mientras tenemos infrautilizados Girona y Reus. Nuestro aeropuerto podría ser, perfectamente, la pista que Barcelona necesita”, aseguró a este diario en el mes de junio alcalde Figueres y vicepresidente del Patronat de Turisme de la Diputación de Girona, Jordi Masquef (Junts).

Sin embargo, todos estos planes están condicionados por Aena. La queja histórica de parte del independentismo político es que tanto la empresa pública cotizada como el Ministerio de Transportes siempre han beneficiado a Barajas frente a El Prat. Pero Aena, por su carácter mixto, tiene más poco margen de maniobra para encajar fórmulas que den más peso a la Generalitat dentro de la gobernanza de los aeropuertos, además de tener que velar por todo el sistema estatal.