El independentismo tras un año de Illa: cuatro estrategias, dos pistas de juego

Tras un año sin ningún tipo de opción, según los sondeos del Govern, el independentismo catalán recuperó en julio la posibilidad de obtener mayoría absoluta en el Parlament, perdida en las elecciones autonómicas de 2024. El barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) otorga a la suma de las formaciones secesionistas entre 62 y 68 diputados —cifra esta última que marca la mitad más uno de los 135 miembros de la Cámara—. Ello es posible gracias al ascenso de los ultras de Aliança Catalana (10-11 diputados, frente a los dos actuales), el partido separatista islamófobo liderado por la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols.

Se trata de un escenario remotísimo, pero no por ello menos revelador: Aliança se ofrece como el elemento desestabilizador de un secesionismo que ensaya cuatro caminos diferentes, tantos como partidos independentistas se sientan en el Parlament, para encajar en la Cataluña que hace un año gobierna Salvador Illa. Estos recorridos, además, discurren en paralelo entre dos escenarios, Madrid y Barcelona, al estar el Ejecutivo central y el catalán en minoría y bajo el mismo rojo socialista. Con todo, las formaciones miran ya a las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027, como el examen que juzgue su papel en esta legislatura.

El independentismo aún busca cómo encajar dos golpes. El primero fue el baño de realidad tras perder la mayoría parlamentaria que le permitió gobernar desde 2012 y que cimentó el procés independentista de 2017. El segundo es la cierta normalización del secesionismo xenófobo, que ha dejado de ser residual. El debate no solo se ha envenenado por un ruido ultraderechista que se añade al de Vox, sino que el partido de Sílvia Orriols ya condiciona las sumas y agendas del bloque a favor del estado propio.

Junts per Catalunya —que desbancó a los republicanos como partido hegemónico del bloque—, Esquerra Republicana y CUP suman ahora 59 diputados. Ni con Aliança (2) se acercan a la mayoría absoluta. Ni la búsqueda de un plan para recuperarla, incluso prometido en la noche electoral, ha servido para aunar a unos partidos divorciados tras el fracaso del procés. Hay fotos y contactos a varias bandas, pero cada formación sigue su libro. Junts, ERC y la CUP sí unieron sus votos, con PSC y Comunes, para extender a Aliança el cordón sanitario que se había creado en su día para Vox y le aísla de parte de la vida parlamentaria.

A la complicada relación de socios y árbitros de Pedro Sánchez en el Congreso, Junts y ERC han sumado también la que corresponde con Illa, también en minoría. En Barcelona, los de Puigdemont, con su líder aún esperando la amnistía, han optado por una oposición dura en el Parlament.

“Esto es un desgobierno. Sin mayoría, sin estabilidad y con total dependencia de Madrid”, le espetó Albert Batet (Junts) a Illa en el último pleno. Después le recordó los fracasos de varios decretos ley por no tener apoyos o el caos constante en Rodalies, los trenes de cercanías catalanes. Con todos estos argumentos, sumados a la no aplicación de la ley de Amnistía, los postconvergentes intentan alimentar su relato de “la falsa normalidad con Illa”.

ERC, en cambio, transita la vía posibilista desde la misma investidura y su líder, Oriol Junqueras, se emplea a fondo para contraponerla con la de quienes “sólo se enfadan y refunfuñan”, en un claro dardo para Junts. Los republicanos han ido arrancando avances en temas como la financiación singular —gran condición para investir a Illa— o el traspaso de Rodalies —que allanó el sí a Sánchez en Madrid— a cambio de facilitar, por ejemplo, los suplementos de crédito ante la prórroga presupuestaria. Y saben que tienen en sus manos el botón de la negociación presupuestaria.

Pero ese posibilismo republicano tuvo la semana pasada una prueba de fuego, a cuenta del traspaso de la gestión del IRPF. En el pacto de investidura se fija el 2026, pero el plan del Govern calcula que solo hasta 2028 podrá asumir alguna parte del proceso tributario. “Las fechas son importantes, pero también lo es el contenido”, había asegurado Junqueras en julio pasado, al conocerse entonces otro aplazamiento, el de la Comisión Bilateral.

Pero tal vez una de las pruebas más contundentes de que en Cataluña se vive otro tiempo político viene de la CUP. Los anticapitalistas han levantado el veto al PSC impuesto en el procés y, en abril, negociaron el decreto ley de medidas contra la emergencia habitacional. La decisión encajaba dentro de la nueva orientación del partido, que busca pasar de ser una formación encasillada en el no a una lanzada a maximizar su presencia en las instituciones y así buscar más influencia en la política cotidiana. Las costuras del cambio han estallado estas últimas semanas, con Laia Estrada, la cara más visible de la bancada, dejando el escaño.

En el Congreso la partida es otra. Junts y ERC llevan años deslocalizando allí lo más agrio de su pugna aunque, en el fondo, comparten motivaciones para mantener la legislatura. El destino (y no solo el político) de sus respectivos líderes depende de la aplicación de la amnistía. También se repiten en su advertencia a Sánchez: no puede dar su voto por descontado y este depende de que haya avances en lo acordado, como Rodalies, las competencias de inmigración o el catalán en Europa.

Hace dos semanas, poco después de tumbar el real decreto antiapagones, el propio Puigdemont puso negro sobre blanco su manera de abordar las negociaciones. El expresident hacía así, en su mitin en Francia, pedagogía para contraponerse a ERC —“los que salen pactados de casa”— e intentar que su apuesta por la negociación no se vea como claudicación en sus postulados independentistas. “El método Junts es plantearse unas preguntas básicas cada vez que nos piden el voto. ¿[La medida] Es positiva o puede serlo para los catalanes? ¿Respeta competencias e identidad? ¿Se han aceptado nuestras propuestas? ¿Es útil para avanzar a la independencia?”, explicó.

El estado independiente sigue siendo el gran objetivo de los cuatro partidos, pero de cara a la cita de las municipales de 2027 dan por descontado que la batalla tendrá un cariz más sectorial. La inmigración ya se ofrece como uno de los temas capitales. De ahí que Junts y ERC quieran asegurarse que tendrán resultados que mostrar de sus pactos con los socialistas. Pero esa pelea queda sobrepasada por la irrupción de Aliança Catalana. Más allá del resultado de las encuestas del CEO —la muestra, por ejemplo, se recogió en pleno momento álgido del caso Cerdán—, Orriols preocupa como elemento distorsionador, no solo a Junts, de quien toma más voto directo, según el CEO.

La estrategia del partido de la alcaldesa de Ripoll en el Parlament no está en el debate de las leyes (no participa en 81% de las comisiones legislativas) y hasta renuncia a presentar interpelaciones al Govern en el pleno cuando le corresponde. Su líder apunta la sesión de control a Illa o a los consejeros para darle máxima difusión a su mensaje islamófobo y que relaciona inseguridad con inmigración. Tiene la atención y el contexto mundial de giro a la derecha y podría llegar con la campaña ya enmarcada a su favor. La duda, reconocen en los otros partidos, es cómo incluso con votaciones modestas tendrá la clave en muchos pactos postelectorales o incluso borrar del reparto a partidos que tradicionalmente entraban con pocos representantes.