Las heridas abiertas en los Mossos que dejó la huida de Puigdemont
Un año después de la fuga en directo, siguen investigados tres agentes por ayudar al expresidente a escapar


En el centro de coordinación de los Mossos d’Esquadra —una sala con todos los altos mandos del cuerpo implicados en la seguridad de la investidura de Salvador Illa y el anunciado regreso de Carles Puigdemont— la huida del expresidente de la Generalitat se vivió entre gritos, estupefacción y parálisis. Con una orden de detención en vigor dictada por el Tribunal Supremo, y casi siete años de jugar al gato y el ratón, el expresidente catalán se esfumó en los morros de la policía catalana en Barcelona, el 8 de agosto de 2024. De nada sirvieron ya las operaciones jaulas [cerrar el tráfico], y las carreras por detenerlo. Un año después de aquella fuga televisada en directo, las heridas siguen abiertas, marcadas por el proceso judicial contra los tres mossos que ayudaron al expresidente a huir.
“Es fácil opinar viendo el desenlace”, se quejan fuentes de los Mossos sobre la operación fallida para detener a Puigdemont, que había avisado e insistido en que regresaría a Cataluña, que supuestamente no había vuelto a pisar desde que escapó en 2017 a Bélgica escondido en un coche con la ayuda de escoltas de mossos. El problema, tal y como contó el propio exjefe de los Mossos, Eduard Sallent, al juez el pasado 30 de junio, es que nunca existió un dispositivo propiamente para detener al expresidente. Su despliegue se centró en garantizar la seguridad del pleno de investidura de Illa, y actuaron con el convencimiento de que Puigdemont cumpliría con su palabra e intentaría entrar al Parlament. O ese mismo día o el día antes tras lograr ayuda interna para esconderse en la Cámara, y aparecer de manera sorpresiva.
Cuando poco antes de las nueve de la mañana, los Mossos detectaron a Puigdemont en el acto convocado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en Arc de Triomf, permitieron que pronunciase un breve discurso ante unas 3.500 personas y evitaron así una detención violenta, rodeado de una multitud exaltada. Ya tenían previsto esperarlo y arrestarlo al entrar en el Parlament, de la manera más proporcional posible. También habían planificado ya el posterior traslado a la Ciudad de la Justicia, en L’Hospitalet de Llobregat, e incluso el viaje a Madrid, para pasar a disposición del Tribunal Supremo. De manera excepcional (suele hacerlo la Guardia Civil), lo conducirían los Mossos ante el juez Pablo Llarena. Pero el expresidente no cumplió con la palabra dada, escapó sin intentar entrar en el Parlament, y los Mossos se vieron sumidos en una de sus mayores crisis de credibilidad.
Mandos del cuerpo mantienen un año después que la intención de Puigdemont fue siempre intentar entrar en el Parlament. Incluso una vez se subió al Honda blanco en el que huyó, la hipótesis policial es que su objetivo era colarse por una de las puertas cercanas al Zoo que dan al acceso al parque de la Ciutadella, que acoge la Cámara catalana. Pero al comprobar que allí también había mossos, decidió irse. En ese momento, precisamente, se produjeron rifirrafes con los manifestantes y la comitiva de políticos de camino al Parlament, lo que provocó tensiones y pequeñas cargas, con lanzamiento de gas pimienta, y se colapsaron las líneas internas de comunicación de la policía. El único mosso que logró no perder de vista a Puigdemont, y que le vio meterse en el coche, no pudo radiarlo por emisora precisamente porque estaba saturada. Eso entorpeció también una reacción a tiempo para arrestarle.
¿Los Mossos colaboraron activamente en la huida de Puigdemont? La mera suposición de que la policía catalana evitó deliberadamente el arresto del expresident indigna a los mandos del cuerpo. “Eso es impensable”, coinciden, molestos, diversas fuentes policiales. El cuerpo, insisten, decidió sencillamente ser congruente y proporcional. “Se quiso quedar bien con todo el mundo”, contraponen otros responsables policiales, que aseguran que no existió el recelo y la tensión adecuada que hubiese evitado un desenlace así. En las primeras horas, entre algunos mandos de Mossos se apuntó a una traición por parte del entorno de Puigdemont, que siempre trasladó la idea de que el expresident efectivamente iría al Parlament. En todo caso, nunca existió una interlocución clara y formal con él. Semanas antes del pleno de investidura, el jefe de información de la policía catalana, el intendente Carles Hernández, contactó con el abogado Gonzalo Boye para explorar la vía de una detención pactada con Puigdemont. Pero nunca llegó una respuesta a esa propuesta.
Tampoco ayudó a la credibilidad del cuerpo la supuesta implicación de mossos d’esquadra en la huida, como ya pasó en 2017. Tres mossos fueron detenidos poco después por la propia policía catalana, y continúan investigados por un delito de encubrimiento por el juzgado de instrucción 24 de Barcelona. Ninguno de ellos estaba de servicio ese día: dos de los policías se encontraban de vacaciones y el tercero, titular del coche en el que escapó, se encontraba de baja. En la causa abierta en Barcelona, se han personado como acusaciones populares la asociación ultracatólica Hazte Oír y Vox.
El pasado 30 de junio, el comisario Eduard Sallent, jefe del cuerpo cuando escapó Puigdemont, declaró como testigo ante el juez. Hace un año, el alto mando protagonizó una tensa rueda de prensa, después de la huida, en la que no ocultó su enfado, y comparó al expresidente con Jimmy Jump, una suerte de bufón especializado en saltar en campos de fútbol. Sallent fue cesado como jefe del cuerpo por el PSC solo unas semanas después, enmarcado en una remodelación ya prevista de los Mossos. Pero fuentes conocedoras del proceso apuntan que la pésima gestión del arresto de Puigdemont también resultó decisiva en su relevo. En una revisión crítica de aquel episodio traumático, algunos policías critican que Sallent no asumiese enteramente la responsabilidad de lo ocurrido (el dispositivo se elaboró de manera conjunta por parte de diversas comisarías) y que se rindiesen explicaciones operativas a los medios, en una rueda en la que también intervino un político, en ese caso el consejero del Interior del momento, Joan Ignasi Elena (ERC). “Nadie se pregunta qué hizo el CNI o el resto de cuerpos policiales”, añaden otras fuentes policiales.
La nueva jugada maestra del gerundense —de dejarse ver en Arc de Triomf, dar un pequeño discurso y escapar ante los ojos de todo el mundo— para unos elevó más aún el mito de Puigdemont y para otros supuso una actitud impropia de un expresidente, que dejó a los pies de los caballos a la policía de la Generalitat. En septiembre está previsto que declare ante el juzgado el jefe de información de los Mossos, el intendente Carles Hernández. Sobre su comisaría recayó la labor de estudiar los escenarios posibles de regreso del expresidente. En marzo de 2023, un subinspector de información fue el encargado de detener a la exconsellera Clara Ponsatí, en su regreso a Cataluña, que se siguió con una gran expectación mediática, pero sin ningún incidente remarcable. Esa misma filosofía quiso aplicarse, y falló, con el arresto de Puigdemont.
Sallent, un comisario marcado por la detención fallida
La carrera del comisario Eduard Sallent ha quedado marcada por la detención fallida del expresidente Carles Puigdemont. Aupado en su trayectoria dentro de la policía catalana por los partidos independentistas, Sallent arremetió con dureza contra Puigdemont en rueda de prensa por su actitud en su regreso fugaz a Cataluña. “Se enemistó con todos”, analizan fuentes policiales. El comisario enseguida ordenó un informe del operativo, que se entregó al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, con todos los detalles de lo ocurrido el 8 de agosto de 2024. Poco después, el PSC le cesó y fue nombrado jefe del área sud de Barcelona.
Sallent, además, estaba inmerso en un proceso de ascenso al máximo rango en la policía catalana: el de major. Es un galón que hasta ahora solo tiene Josep Lluís Trapero, en excedencia para ejercer de director de la policía catalana, un puesto de designación política. ERC quiso ascender a Sallent antes de dejar la consejería del Interior, pero varios sindicatos torpedearon el nombramiento, denunciando las bases de la convocatoria Un juez dictó medidas cautelares que frenaron el proceso, y Sallent fue destituido sin una resolución definitiva sobre su ascenso.
Dos sentencias han dado finalmente la razón a Sallent, tal y como avanzó la cadena Ser, y otorgado luz verde a que finalice su promoción a major. Los sindicatos han recurrido de nuevo la decisión, pero en esta ocasión no hay medidas cautelares. Fuentes policiales aseguran que es probable que en septiembre Sallent pida el galón, para el que fue elegido por el anterior director general, Pere Ferrer. La decisión última recae el Departamento de Interior, pero depende de un informe de idoneidad del actual director, Trapero, con el que históricamente ha estado enfrentado.
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