La guerra de Barcelona contra los centros cannábicos empieza a dar frutos: cuatro cierres en un mes

En junio se precintó un centro cannábico en la calle de Sant Pau. Este miércoles cayó otro en Roger de Flor. Y un día después, uno más en la calle de les Carretes, al que se le suma un cuarto que sus propietarios han decidido clausurar de motu proprio ante la presión municipal. Pero quizás la cifra es solo una anécdota. La cuestión de fondo es que la guerra iniciada por el Ayuntamiento de Barcelona, ya en tiempos de Xavier Trias (Junts), para clausurar buena parte de las asociaciones cannábicas que han florecido en Barcelona en la última década empieza a dar sus frutos. Como si el Gobierno municipal hubiera dado con la tecla legal para avanzar en su ofensiva.

La ciudad cuenta con alrededor de 210 asociaciones de cannabis registradas y el Gobierno de la ciudad quiere que todas ciñan su actividad a lo que, en su opinión, pueden hacer: amparar reuniones, hacer difusión sobre la materia y proveer formación a sus asociados. Vender o consumir marihuana, considera el Consistorio, es traficar y no lo permitirá. Por ello ha pedido a la justicia poder entrar en otros cuatro centros donde consideran que eso sucede para cerrarlos, ya sea mediante el mismo tapiado que se levantó en Sant Pau o el soldado de la verja de entrada que afecta al centro de Roger de Flor. Y en la lista de espera municipal hay otra quincena de establecimientos que han acudido al contencioso-administrativo para evitar el cierre definitivo.

El Ayuntamiento arma sus actuaciones contra centros de consumo básicamente a través de quejas vecinales. A partir de ahí se inicia un proceso de investigación de efectivos de la Guardia Urbana, apostados alrededor de las asociaciones y que van preguntando a las personas que salen de los locales sobre si han consumido dentro o han comprado para hacerlo fuera. A partir de ese informe inicial se accede a los centros (siempre y cuando se permita el acceso), con el que se elaboran los expedientes informativos que sirven de base para todo el procedimiento administrativo que llegará después. El pasado mes llegaron los primeros resultados en una ofensiva que inició Xavier Trias (Junts), que asumió también Ada Colau (BComú) y que ahora ha hecho suya el Gobierno de Jaume Collboni (PSC). Algunos centros habían sido sancionados, pero esas multas, reconocen fuentes municipales, no habían servido de mucho hasta ahora. En septiembre de 2024 explicaron que su objetivo era cerrar 30 establecimientos, y solo han cerrado cuatro.

“Continuaremos trabajando en la línea de la multiinspección para verificar el cumplimiento de la legalidad vigente y de los requisitos urbanísticos y sanitarios a los que están sometidos este tipo de licencias. Y en su caso instruyendo los expedientes sancionadores que sean del caso”, defiende Albert Batlle, teniente de alcalde de Seguridad. En su opinión, es simplemente “lucha contra la droga”.

En mayo pasado, el Ayuntamiento anunció un incremento de las inspecciones sobre sustancias derivadas del cannabis, amparándose en una orden del Ministerio de Sanidad que incluyó estas en su listado de sustancias prohibidas. Su cruzada, sin embargo, estaba fundamentada con anterioridad. Su argumento principal de que no se puede permitir el consumo en asociaciones cannábicas procede de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2020. Aquel fallo, de hecho, tumbaba la regulación de la Generalitat que pretendía limitar la actividad de las asociaciones cannábicas, al considerar que esa es una regulación estatal. Pero en paralelo abría otra vía de intervención para intentar cerrarlos, al considerar el TSJC que los centros únicamente podían centrarse en la formación y la difusión de la actividad con el cannabis, argumento central del Ayuntamiento.

Pero hay cierto debate sobre ese punto. Martí Cànaves, abogado que defiende a algunas asociaciones cannábicas, considera que el Ayuntamiento no tiene esa competencia porque “en el ámbito privado se puede consumir, por lo que el Ayuntamiento no tiene competencias para sancionar el consumo”. En su opinión, algunas de las entidades amenazadas con el cierre están acudiendo a los juzgados de lo contencioso-administrativo para intentar defenderse. El problema es que ese camino es muy largo y muchas asociaciones podrían optar por el cierre, como sucedió con esa cuarta organización que ha decidido cerrar sin ser precintada.

Vía penal y administrativa

El Ayuntamiento, de momento, tiene abiertas las vías administrativa y penal en su guerra contra las asociaciones cannábicas. Y en muchos casos, según Cànaves, las dos vías se solapan: mientras hay abierto un procedimiento penal se abre también el administrativo, lo que el letrado considera “un fraude de ley”. Hace unas pocas semanas quedó visto para sentencia el caso de un club denominado Asociación Cannábica de Autoconsumno Greenwall BCN. A sus dos propietarios se les acusa de un delito de asociación ilícita para la comisión de delitos contra la salud pública y de otro contra la salud pública relacionado con sustancias que no causan grave daño a la salud. En total, a cada uno le pueden caer 15 años de cárcel.

En la presentación de las conclusiones, Cànaves, que defendía a los responsables del club, pidió a la jueza instructora de la Audiencia de Barcelona que elevara cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para clarificar si las actividades de las asociaciones cannábicas son actividades de autoconsumo, ateniéndose a la directiva de la UE.

En el caso de que la jueza eleve esa consulta, la decisión será muy larga. Demasiado, al menos, para las tres jóvenes turistas italianas que no entendían este jueves que la asociación de Roger de Flor clausurada estuviera cerrada. “¿Sabes por qué este coffee shop [el apelativo de los centros autorizados en Ámsterdam] no está abierto? ¿Hay alguno otro cerca?”. Un vecino y socio tampoco sabía nada y ya daba por hecho que la próxima compra de marihuana la tendría que hacer en otro centro del Born.