¿Y ahora qué pasa con Puigdemont? El ‘expresident’ sigue pendiente del Constitucional

El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía en nada cambia la suerte de Carles Puigdemont, sin garantías aún para organizar su regreso a Cataluña. El expresidente de la Generalitat durante el 1-O, huido a Bélgica, sigue atrapado por el Tribunal Supremo, que ha descartado de forma reiterada (y ahora ya definitiva) aplicar la medida de gracia al delito de malversación por el que fue procesado en rebeldía. El Constitucional no se ha pronunciado de forma expresa sobre ese delito porque el recurso del PP contra la ley no lo mencionada. De modo que el Supremo considera que su interpretación —que excluye del alcance de la amnistía la malversación de Puigdemont— continúa siendo perfectamente válida.

Puigdemont cuenta con el apoyo del Gobierno para su regreso a España. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reiteró este jueves, tras conocer la sentencia de la mayoría progresista del tribunal (seis votos frente a cuatro), que la “voluntad del legislador” fue que la amnistía abarcara a “todos los líderes” vinculados al proceso independentista, que tuvo su punto culminante con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Pero el expresident y líder de Junts necesita algo más que el respaldo del PSOE y sus socios. Sus posibilidades de regresar de lo que él y su entorno han definido siempre como un “exilio” pasan por revertir la decisión del Supremo. Y cuenta para ello con una última baza: un recurso de amparo ante el mismo Constitucional que acaba de dar luz verde a una de las leyes más controvertidas del Gobierno de Pedro Sánchez.

El miércoles, apenas 24 horas antes de conocerse la sentencia del Constitucional, el Supremo rechazó el último intento de Puigdemont —y del exconsejero Toni Comín, en idéntica situación e instalado también en Bélgica— de que se le reconozca el derecho a ser amnistiado. Era lo esperado tras un largo periplo de derrotas en ese escenario que comenzó en verano de 2024, cuando el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, estableció que la malversación atribuida a Puigdemont debía quedar fuera del paraguas de la amnistía.

La ley solo excluye la malversación cuando hay un “propósito de enriquecimiento” entendido como un “beneficio personal de carácter patrimonial”. Se redactó así expresamente, tras unas duras negociaciones entre PSOE y Junts, para blindar a Puigdemont. En un giro argumentativo que ha sido ampliamente criticado, sin embargo, Llarena sostuvo que el 1-O fue un proyecto privado, particular, de modo que organizarlo a costa del erario público supuso un “claro ahorro económico” para el bolsillo de Puigdemont y compañía. Hay, por tanto, “beneficio” (en su sentido negativo: el ahorro) y no cabe el perdón, dijo, idea que han venido reiterado sus colegas en el alto tribunal.

En el entorno del expresidente catalán, esta última y definitiva derrota en el Supremo se interpreta más bien como un pequeño triunfo: es el paso imprescindible para acudir al Constitucional y lograr al fin, en ese terreno, una victoria hasta ahora esquiva. Al completar obligatoriamente todas las etapas del camino en el Supremo, hasta el incidente de nulidad, se abre la puerta por fin a presentar un recurso de amparo.

El recurso pretende que el Constitucional se pronuncie, ahora sí, sobre la interpretación que ha hecho el Supremo del delito de malversación y su encaje en la ley de amnistía. En una conversación con este diario, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha explicado que está trabajando ya en el texto, aunque debe estudiar primero a fondo la sentencia. Dispone de 20 días para presentar el recurso, pero ha avanzado que no dejará que se agote el plazo. Fuentes judiciales señalan que ese eventual recurso de amparo no se resolverá hasta finales de año. Boye no solo pedirá que se aplique la amnistía a su cliente sino que, como medida cautelar, se levante ya la orden de detención que pesa sobre él y que le impide regresar a Cataluña.

En una entrevista concedida este jueves a la emisora pública Catalunya Ràdio, poco antes de hacerse pública la sentencia del Constitucional, Boye ha sostenido que “el problema no está en la ley de amnistía”, sino en “los jueces que no quieren respetar la voluntad del legislador y aplicarla”. Y ha afirmado que Puigdemont solo regresará a Cataluña si se levanta la orden de detención vigente.

El expresident, sin embargo, ya regresó a Cataluña bajo la amenaza de una orden de arresto. El 8 de agosto de 2024, tal como había prometido durante la campaña electoral, apareció por sorpresa en Barcelona. Su llegada coincidió con la toma de posesión del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. Puigdemont logró acceder hasta la zona de Arc de Triomf, en pleno centro de la ciudad, dar un discurso ante la multitud y escabullirse en medio de un dispositivo formado por cientos de agentes de los Mossos d’Equadra. Un episodio, el de la huida, que ha sido ya objeto de dos libros (La fugida, de Mayka Navarro y Paco Marco; y Tres dies d’agost, de Josep Nualart) y que forma parte de la historia más reciente de Cataluña.