Ampliación de El Prat: la sangre no llegará al río

En unos días conoceremos el informe que el comité de expertos de la Generalitat ha preparado sobre la ampliación de El Prat. Al aeropuerto barcelonés le aprietan las costuras tras más de una década de crecimiento de los vuelos de largo radio con aviones de gran tamaño a los que la actual pista de despegue, la más cercana al mar, se les queda corta cuando suben las temperaturas. Alargar esta pista unos 350 metros se ha convertido en el gran objetivo de los sectores económicos catalanes y el Govern de Salvador Illa ha recogido el guante tras rechazarlo el anterior ejecutivo liderado por Pere Aragonès. En pocos días se conocerá la propuesta concreta y el Govern se la hará suya. A partir de allí comenzará un largo proceso que podría alargar la consecución del proyecto hasta una década, según los expertos.

Habrá tira y aflojas, retos técnicos y ambientales y se dan por descontadas apelaciones a las autoridades europeas para que impidan una obra que es capital para la economía catalana pero también un reto para preservar los humedales que rodean la pista. A corto plazo la incógnita es también qué efectos políticos va a tener esta decisión.

Salvador Illa fue investido con los votos de ERC y de Comuns. Este segundo partido será el frente más complicado de gestionar. Pese a contar solo con seis diputados en el Parlament, los de Jessica Albiach son clave para la estabilidad del Govern. Y alargar la pista fue una de sus líneas rojas en la pasada legislatura. Formalmente siguen siendo totalmente contrarios, pero hay voces internas que son partidarias de centrar el foco de sus reivindicaciones en otros aspectos, comenzando por la vivienda. Saben que, perdido el Ayuntamiento de Barcelona, su potencia de fuego es limitada y que poco podrán hacer si un gobierno del que forman parte ­—ni más ni menos que con Ernest Urtasun como ministro— apuesta por esta obra. Sí harán valer su influencia para que la afectación sobre la laguna protegida de la Ricarda sea la menor posible. Para ello contarán con el Ayuntamiento de El Prat, que siguen controlando, pero, sobre todo, con el ojo de las autoridades europeas, que vigilará con lupa el proyecto. Lo que sí parece que tienen claro los comunes es que no piensan inmolarse con el boicot a un proyecto que muy difícilmente podrán parar a solas.

Más fácil será lidiar con ERC. Los republicanos no ponen el foco en la preservación de la Ricarda. Aunque formalmente defienden no tocar la pista, su objetivo es que la Generalitat tenga más poder de influencia sobre la gestión de El Prat. Descartado el traspaso total, sí que es factible un consorcio en el que las autoridades catalanas tengan voz y voto. De la ambición de este consorcio y de cómo se venda de puertas hacia afuera dependerá la posición final de ERC.

Lo que está claro es que en breve habrá proyecto y que habrá tensiones en la mayoría de la investidura. Eso sí, nadie está por romper la baraja. La sangre, pues, no llegará al río. Aunque no tanto porque no quieren, sino porque no se lo pueden permitir.