El independentismo centra en el Supremo las culpas por el bloqueo de la amnistía

El reproche del independentismo catalán se ha anclado en el Tribunal Supremo y contra su fachada repican todas las críticas por las trabas a la efectividad de la ley de amnistía. “El problema no es la constitucionalidad de la amnistía, sino la rebelión del Supremo”, aseguró este lunes Josep Rius, portavoz de Junts per Catalunya. Esquerra Republicana exige su aplicación “absoluta” e inmediata en las causas del procés y califica de “inadmisible” la “deriva” del Supremo. El rechazo contra el tribunal que preside María Isabel Perelló Doménech aflora después de que trascendiera la ponencia del Tribunal Constitucional que, en respuesta a un recurso del PP, rechaza que la ley vulnere la Constitución. El problema es que el texto, que será debatido por los diez magistrados, soslaya de momento el nudo gordiano del choque jurídico: los supuestos amnistiables de la malversación.

Tanto Junts como ERC llevan meses esperando que la amnistía despliegue plenos efectos y arregle la situación que viven sus respectivos líderes, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El expresident sigue viviendo en Bélgica por riesgo a ser detenido si regresa a España y quien fue su vicepresident no puede ejercer como candidato electoral —ni como profesor universitario— porque aún arrastra una inhabilitación. Todo ello pese a que ha transcurrido un año desde que el Congreso de los Diputados aprobó una norma que, supuestamente, debía servir para limpiar el expediente judicial de los encausados por los hechos de octubre de 2017.

“El Supremo ha tratado de boicotear la ley desde el primer día”, criticó Josep Rius este lunes, tras una reunión de la cúpula de Junts en Barcelona. El partido que comanda Carles Puigdemont descartó hacer ningún comentario sobre cómo están las relaciones con el PSOE y ni siquiera cargó las tintas contra el Gobierno al conocer que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se opone al indulto a Laura Borràs, expresidenta de la formación, que está condenada a cuatro años y medio de cárcel por trocear contratos públicos para beneficiar a un conocido suyo.

ERC también llevaba días poniendo el foco en el Supremo. La semana pasada, coincidiendo con el aniversario de la aprobación de la norma, el propio Junqueras calificó la no aplicación de la ley como “una rebelión judicial inaudita en cualquier democracia europea homologable”. El líder de los republicanos, en un artículo publicado este martes en este diario, ve en la ponencia del TC “un primer paso” en la batalla en contra de que “los sectores más reaccionarios dentro de la judicatura española saboteen una ley aprobada legítimamente por el poder legislativo”.

La portavoz nacional ERC, Isaac Albert, lamentó este lunes que se filtrara el texto de la ponencia, pero recuperó la crítica al Supremo por estar “retorciendo lo que dice la ley e incumpliendo de forma manifiesta lo que el legislador propuso y lo que el legislador persigue”. Dentro de las filas de los republicanos aceptan que el Constitucional no puede entrar en el fondo de la cuestión sobre la malversación; por lo tanto, aunque declare la ley ajustada al derecho, eso no implica forzar que los magistrados del Supremo enmienden su rechazo actual a aplicarla a Junqueras y Puigdemont.

Ambos partidos, cuyo apoyo al Gobierno depende en parte de la amnistía, siempre han dicho que están dispuestos a llevar la norma hasta la justicia europea, que no ven tan politizada como la española. La sentencia del Constitucional, de salir como está, no permitirá, de momento, que el líder de Junts pueda volver a España, pues eso está pendiente de que también el Constitucional resuelva el recurso de amparo presentado del propio expresident sobre el hecho de que la Sala Segunda del Alto Tribunal descarte aplicarle los supuestos amnistiables de la malversación.

Ese recurso está en la cola detrás de los 20 presentados contra la ley pactada entre los independentistas y el PSOE. En ERC se muestran seguros que la Sala Segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena, llegaría al extremo de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo cual también dilatará los tiempos. Un calendario muy incierto que hace saltar por los aires los planes de Junts de que su líder pudiera regresar este verano a España, como se repite usualmente. A tres años de las próximas elecciones catalanas, Junqueras también podría no estar en disposición de ser el presidenciable de su formación. Sobre Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull también cae la pena de inhabilitación por malversación.