Socialistas y ERC cierran filas con la financiación singular en su mes clave

En junio y julio se hablará, y mucho, de la financiación singular para Cataluña. El futuro de la medida pactada entre socialistas y Esquerra Republicana a cambio de investir a Salvador Illa como president tiene tres fechas clave. Antes del día 30 de este mes se ha de conocer la primera propuesta trabajada con el Gobierno central, a partir de las recomendaciones del grupo de expertos de la Generalitat. Un mes después, el Govern publicará su plan para que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda hacerse cargo de la gestión del IRPF en 2026. Pero antes, el próximo viernes, ambas Administraciones tendrán que defender ese pacto en una Conferencia de Presidentes, donde la mayoría del Partido Popular maniobra para forzar que se aborde el tema de la financiación.

El Govern de Illa y ERC reafirmaron, hace una semana, el contenido del acuerdo de investidura en lo referente a la financiación singular, tras semanas de muchas dudas sobre si realmente había agua en la piscina. A cuenta del pacto del último suplemento de crédito, ambas partes manifestaron que se cumpliría el compromiso de presentar en el primer semestre de este año la propuesta que le permita a la ATC liquidar, gestionar, recaudar e inspeccionar todos los impuestos, comenzando con el IRPF para el próximo ejercicio. A largo plazo, la idea es que Cataluña, tras recaudar, pague al Estado por los servicios que reciba y aporte una cuota de solidaridad al resto de territorios. Ambas magnitudes aún están sin cuantificar.

Los republicanos aseguraron que habían decidido apoyar en conjuntos los tres suplementos ―por casi 4.000 millones de euros― al constatar que los principales elementos del pacto de investidura “están avanzando de manera adecuada” y que los hitos parciales se iban concretando “de manera compartida”, según explicó su vicesecretario de comunicación, Isaac Albert. Al menos, retóricamente, las posiciones de cara a futuros acuerdos como los Presupuestos Generales de 2026 se ofrecen más cercanas que lo vivido este año. “El Govern cumple sus compromisos”, aseguró por su parte la consejera catalana de Economía, Alícia Romero, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu en el que se aprobó el decreto ley que da liquidez a un Govern con las cuentas prorrogadas.

Pese a la sintonía, fuentes de ambos lados aceptan que no está claro que se cumpla completamente con lo pactado. Técnicamente, la propuesta de la financiación ha de ser ratificada en una Comisión Bilateral Estado-Generalitat y en otra reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. Ninguna de las dos está programada. Además, se obvia el camino en las Cortes para que sea efectivo, una fase de la que aún nadie habla, como sucede también con la quita del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pactado con ERC pero extensible al resto de comunidades autónomas.

Pese a ello, en las filas republicanas defienden que la presentación de la propuesta ya es todo un avance y más el hecho de que el Govern esté dando pasos decididos para su futura aplicación, como el plan para recaudar el IRPF o la convocatoria de 200 nuevas plazas a la ATC para ir preparándola para sus supuestas futuras funciones. En ERC, de hecho, aseguran que hay un acuerdo para buscar ya una sede física para la Agencia, que ahora está en un edificio de la Zona Franca de Barcelona.

Pese al calendario tan ajustado, la comisión de expertos designada por la Generalitat aún está trabajando en el informe que ha de elevar tanto al Govern como al Ministerio de Hacienda. Voces del equipo liderado por Martí Carnicer, ex secretario general de Economía de la Generalitat entre 2003 y 2010, apuntan a que la propuesta no será un articulado como tal, sino un planteamiento político-técnico que servirá de base para el debate más intenso que implicará la necesidad, por ejemplo, de reformar la de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

La oposición fuera de Cataluña a la financiación singular no es nueva, pero los decibelios contra una medida que se lee en clave de privilegio subirán aún más estos días, incluso antes de que se conozca la propuesta que, de fondo, busca actualizar el sistema de financiación autonómico caducado hace 16 años. El primer ensayo será este viernes, en la Conferencia de Presidentes convocada justamente en Barcelona. El Gobierno no ha incluido ese punto en el orden del día, pero los presidentes del PP quieren que se debatan las consecuencias justamente de las dos medidas arrancadas por ERC al Ejecutivo: el efecto de la quita del FLA y la financiación “a medida” para Cataluña.

Más allá del ruido con el que las primeras filas del PP intentan desacreditar la financiación singular ―el privilegio, la tacañería y la insolidaridad catalanas―, subyace un debate más técnico, en el que hasta las propias comunidades autónomas gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo reconocen la necesidad de cambiar el modelo de financiación. “Es una mutualización de la deuda de las comunidades más endeudadas para que puedan salir al mercado, pero tampoco se va a cumplir con este objetivo”, dijo sobre la quita del FLA el consejero gallego de Economía, Miguel Corgos. Sobre la financiación y la propuesta de ajuste del criterio de población ajustada para repartir los recursos, añadió: “Debatir sobre una parte separada del sistema nos lleva a los consejeros a defender posiciones de máximos. Si no sabemos qué otros fondos va a haber, cuántos recursos ni la nivelación es imposible que se llegue a un consenso. Hay que pasar de pantalla”.

Esa es la tesitura en la que se encontrará Pedro Sánchez en el foro del viernes, donde solo Illa podrá echarle un capote efectivo. Romero, en un evento organizado en Madrid por el Consejo General de Economistas el pasado jueves, dejó entrever por donde puede ir ese apoyo. “Defendemos un modelo de financiación que reconozca las singularidades de Cataluña, pero con el cual todas las Comunidades mejoren”, argumentó, tras poner el foco en la necesidad de respetar la ordinalidad, una fórmula que, de blindarse, puede engrasar el debate. “Es injusto que un niño de Extremadura reciba ahora 1.000 euros más que uno de Murcia”, ejemplificó sobre el desfase entre el dinero que reciben las comunidades autónomas y las competencias, sobre todo en bienestar, que han de ejecutar.