La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para Vergés y Argimon por el retraso en la vacunación de policías y guardias civiles

La Fiscalía de Barcelona solicita 12 años de inhabilitación para ejercer empleos o cargos públicos para los exconsejeros de Salud, Alba Vergés y Josep Maria Argimon —quien ocupaba el cargo de director general del Institut Català de la Salut (ICS) en ese momento—. Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación por, supuestamente, haber demorado de forma injustificada la vacunación contra la covid-19 de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El ministerio público pide la misma pena para el exsecretario general de la Conselleria de Salud, Marc Ramentol, y para el exdirector del Servei Català de Salut, Adrià Comella, y pide el sobreseimiento para el director de servicios del departamento de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.

Según figura en el escrito, los hechos se remontan al 9 de febrero del 2021, cuando la consejería de Salud inició la vacunación de dichos colectivos, si bien la vacuna estaba restringida al margen de edad de entre 18 y 55 años, y el 15 de marzo se decidió, por el Consejo Interterritorial, la paralización de todas las vacunaciones con AstraZeneca al haberse detectado varios casos de trombosis.

El 12 de ese mismo mes, el departamento comenzó a vacunar a los colectivos mencionados, aunque en ese momento la vacuna solo estaba autorizada para personas de entre 18 y 55 años. Posteriormente, el 15 de marzo, el Consejo Interterritorial decidió suspender temporalmente la administración de la vacuna de AstraZeneca tras detectarse varios casos de trombosis.

El 22 de marzo, el Consejo autorizó nuevamente el uso de AstraZeneca y amplió su aplicación al grupo de edad de 60 a 65 años, permitiendo su uso para inmunizar a policías de todos los niveles: locales, autonómicos y estatales.

Según la Fiscalía, los acusados, “pese a tener conocimiento” de que muchos agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional seguían sin vacunar —con una cobertura del 2,8% en la Guardia Civil y del 3,6% en la Policía Nacional, frente al 77% en los Mossos d’Esquadra y el 77,9% en la Guardia Urbana de Barcelona—, optaron por priorizar la vacunación de la población general de entre 60 y 65 años, dejando fuera a los funcionarios que no se encontraban en ese rango etario.

La acusación sostiene que eran “plenamente conscientes de que esta decisión implicaba una discriminación” hacia los cuerpos de seguridad del Estado, que quedaban sin protección frente al virus, a diferencia de sus homólogos autonómicos y locales.

Ante esta situación, los sindicatos JUCIL y JUPOL recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenó como medida cautelar vacunar de inmediato a los agentes estatales, estableciendo que en un plazo máximo de 10 días debían alcanzar un porcentaje de vacunación equiparable al de los Mossos d’Esquadra.

El sindicato policial JUPOL celebró el avance del proceso judicial mediante una nota de prensa publicada durante este lunes en sus redes sociales, reafirmándose en la discriminación sufrida por el colectivo de policías nacionales. El portavoz de la entidad, Ibón Domínguez, ha afirmado que la solicitud de la Fiscalía confirma su denuncia, tratándose de una “discriminación real, deliberada y gravísima por parte de las instituciones catalanas contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.