La Cámara catalana regula la acreditación de periodistas para evitar pseudomedios

Cosas del destino. Mientras que ayer, en el Congreso, el agitador ultra Bertrand Ndongo reventaba la rueda de prensa de la portavoz de Sumar Verónica Barbero, el Parlament de Cataluña presentaba parte del nuevo mecanismo de regulación de las acreditaciones de periodistas. La presidencia de la Cámara intenta así adelantarse a la irrupción de medios de dudoso servicio a la comunicación social. Según la nueva normativa, por ejemplo, en caso de dudas sobre la idoneidad de alguna solicitud se pedirá un informe no vinculante al Consell de Informació de Catalunya (CIC), de la órbita del Colegio de Periodistas.

En la Cámara catalana hay 382 profesionales acreditados, de 52 medios diferentes. El ecosistema mediático catalán es muy diferente al madrileño y, al menos en la historia reciente del Parlament, no hay registros de situaciones tan extremas como la de Ndongo, por mencionar algún ejemplo. De hecho, el presidente del Parlament, Josep Rull, aceptó ayer que la nueva normativa aprobada por la Mesa el pasado 18 de mayo intenta prevenir problemas. “Hemos sido capaces de adelantarnos, de ver cuáles son las amenazas concretas de que puedan afectar las bases de la democracia”, ha asegurado.

Tras varios incidentes vividos en el Congreso, desde hace meses el Parlament comenzó un trabajo interno con asociaciones de periodistas, colegios profesionales y el propio CIC para refinar la norma de acreditación, que igual estará pendiente de incluirse dentro del Reglamento de la Cámara para así quedar blindada dentro de las competencias de autorregulación de la Cámara. “Creemos que la autorregulación es la mejor manera, la herramienta para organizarnos. Pero eso necesita el reconocimiento legal, para que las reglas sean aceptadas socialmente”, aseguró el presidente del Consell, Josep Carles Rius.

Hasta ahora, como sucede en el Congreso y en el Senado, el reglamento del Parlament solo recogía que es la Mesa la encargada de adoptar las medidas pertinentes para facilitar el trabajo de los medios. Además existen unas normas de acceso al recinto del legislativo, de 2021, donde se establecía el tipo de acreditaciones y derivaba al departamento de Comunicación su expedición. Se recordaba, además, la obligación de los visitantes de “comportarse con cortesía y mantener en todo momento una actitud respetuosa”.

El acuerdo de la Mesa y el convenio con el CIC presentado ayer implican un complicado encaje de bolillos para garantizar, en palabras de Rull, “la protección del buen ejercicio del derecho a la información en el ámbito parlamentario”. En Cataluña hay un antecedente, el del periodista Xavier Rius, al que la justicia obligó devolver su acreditación ante el Govern después de que se le retirara por su comportamiento ante la entonces portavoz del Ejecutivo, Patrícia Platja. De ahí que la nueva normativa ponga mucho hincapié, más allá de los asuntos procedimentales, a la normas de conducta y que se eviten comportamientos machistas, racistas, LGTBI fóbicos. “Los representantes no pueden interferir en el funcionamiento normal de las ruedas de prensa (…) ni tener comportamientos que perjudiquen el trabajo de otros periodistas”, agrega.

La normativa obliga a que los medios que deseen acreditarse han de estar constituidos como “empresa informativa”, con identificación fiscal y sede social. En el caso de los freelance, su asignación ha de ser avalada por un medio. Y la gran novedad es que, en caso de dudas sobre la idoneidad, el departamento de Comunicación puede solicitar un informe no vinculante al CIC, que evaluará su pertinencia bajo una perspectiva del cumplimiento “de los principios éticos de la profesión periodística y con el Código Deontológico de la profesión periodística a Cataluña”.

El próximo paso será el aprobar la reforma del reglamento que incluya estas normas. La mayoría de la investidura, que suma 69 de 135 diputados, la apoya. De momento, solo Vox ha expresado su oposición frontal. “Con esto se busca silenciar voces disidentes en el Parlament. Se quieren hacer con el control absoluto del patio”, denunció el portavoz de esa formación, Joan Garriga. Tanto en Junts como en el PP se han quejado de que no se les han dado los detalles. “Que se regule el acceso es bueno, siempre que la regulación garantice que no se censure a nadie”, aseguró el portavoz del PP, Juan Fernández.

El debate está abierto. Tanto por episodios como el del Congreso como los intentos regulatorios del Parlament. En el caso de la retirada de las acreditaciones, asegura Javier Sierra-Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional de la UNED, se tienen que tener en cuenta todas las garantías del derecho sancionador. Una carencia que, recuerda, fue lo que le permitió a Xavier Rius recuperar su acreditación. Cree además que la jurisprudencia desborda la realidad actual de los medios de comunicación, pues está pensada para medios tradicionales.

El jurista ve muy difícil encajar las propuestas que pretendan encajar medidas por “formular preguntas incómodas”, las que se basan en la orientación de las posibles piezas periodísticas que puedan salir o las que busquen incompatibilizar que periodistas ejerzan al mismo tiempo el derecho a la participación política. “Hay margen en las cuestiones de orden y seguridad”, asegura, pero cree que se tiene que ser muy concreto a nivel reglamentario.