Salvador Illa reconduce a Cataluña a la espera de la financiación

A las 20.54 horas del día del apagón, el Govern recibió una comunicación del Centro Nacional de Emergencias para saber si quería pedir el nivel de emergencia 3 que supone delegar las competencias al Gobierno como habían hecho Madrid, Extremadura, Andalucía, Murcia, La Rioja, Galicia, Valencia (todas del PP) y Castilla-La Mancha (PSOE). Tras otra reunión del comité de crisis, el president Salvador Illa rechazó a las 23.00 horas la medida por desproporcionada y por no haber riesgo para las personas. Illa reveló el episodio el martes en el Parlament, donde compareció a petición propia para detallar su gestión, criticada por la oposición. “No comparto lo que hicieron (los otros presidentes). Cuando hay problemas, hay que afrontarlos. Es la mejor forma de hacer país. Queremos el máximo autogobierno para ejercerlo y no para quejarnos ni reclamar ni para cuando hay una dificultad pasarlo a otra administración”.

Esa mención al autogobierno es un reflejo de la realidad que vive Cataluña en esta etapa en la que se ha archivado el procés. El referéndum por la independencia parece borrado del mapa aunque las encuestas siguen diciendo que un 38% de los ciudadanos ―la cifra más baja desde 2015― está a favor de ella. Tras años de altísima agitación, la política ha dejado de monopolizar las conversaciones y la mirada está puesta en el intento de OPA hostil del BBVA al Sabadell, en la colosal crisis de Rodalies, en el modelo de financiación y, por supuesto, en el Barça. Illa cumple mañana un año de su victoria electoral que, esta vez sí, le aupó hasta el Palau (ganó en 2021, pero no pudo gobernar) coronando un ciclo en el que los socialistas copan todas las instituciones desde 2010. Con el objetivo de mejorar los servicios públicos y de reorientar a Cataluña, Illa derrotó a un independentismo desgastado en peleas internas y le dejó por primera vez desde 2015 sin mayoría absoluta.

Con 42 diputados sobre 135, a Illa le costó tres meses aterrizar un acuerdo sobre la investidura y vive pactando a diario con sus socios de ERC (20) y comunes (6). No ha tirado de geometría variable y su apuesta por ese bloque es granítica. Con todo, no ha podido aprobar presupuestos y negocia tres suplementos de crédito ―3.500 millones― de los que 2.168 han recibido esta semana luz verde en el Parlament. Illa relativiza no tener cuentas y eso que su antecesor, el expresident Pere Aragonès, anticipó las elecciones por no tenerlas. No está siendo una convivencia idílica entre los tres socios de investidura pero está lejos de ser un tripartito de izquierdas como el que gobernó Cataluña en la primera década del siglo por mucho que Junts o el PP así la califiquen. Illa no ha creado un grupo que reúna a los tres socios y esta semana el bloque implosionó por diferencias sobre la nueva tasa turística. El gravamen ha acabado por encolerizar al sector.

Consciente de que su Govern se mueve en arenas movedizas, Illa ha intentado no irritar a sus socios, evitando fijar posición en asuntos espinosos y ser muy cuidadoso en las formas. Su objetivo ha sido devolver a Cataluña a la que considera la normalidad institucional. Tanta, que en un puñado de meses el Sabadell y el grupo La Caixa han vuelto a Cataluña y hasta la CUP ha llamado a su puerta para negociar. Con socialistas en los dos gobiernos, la comisión bilateral ahora fluye: en ella se ha pactado la financiación de 3.000 mossos más hasta 2030 y se ha desbloqueado la comisión de transferencias frenada desde hacía 14 años. Y todo eso lo ha combinado asistiendo al desfile del Día de la Hispanidad en Madrid y con audiencias con el Rey y emulando a Jordi Pujol, el presidente por antonomasia del autonomismo. Illa ha recuperando muchos de los guiños del convergente: el impulso de la asociación de los cuatros motores europeos (Lombardía, Baden Würtemberg y Auvernia-Rhone-Los Alpes) o la chocolatada del día de Sant Jordi en el Pati dels Tarongers, anulada al final tras decretar tres días de duelo por la muerte del Papa Francisco.

Su objetivo, dice, es generar prosperidad y compartirla y convertir a Cataluña en el motor económico de España. Su proyecto estrella es construir 50.000 pisos de aquí a 2030 y el miércoles, en la clausura de las Jornadas del Cercle de Economía, anunció que 226 ayuntamientos han cedido 665 solares para poder empezar a construir. Con ese primer banco de suelo público, el Ejecutivo considera que podrá edificar más de 21.000 pisos de alquiler protegido. El Govern también ha pactado con toda la izquierda un decreto para evitar los fraudes de alquiler de temporada, pero la estabilidad no se la dará su prioridad en la vivienda sino el cumplimiento del compromiso de investidura alcanzado con ERC: en junio debe cerrar un acuerdo con el Gobierno para desplegar el nuevo modelo de financiación en el que Cataluña, sin salirse de la LOFCA, recaude y liquide todos. El primero es el IRPF a partir de 2026.

Los avances o no en ese capítulo aclararán el devenir de la legislatura en el que ya se vislumbra una de cal y otra de arena. Aragonès anticipó las elecciones en medio de una enorme sequía (los embalses estaban al 24%) y ahora no ha parado de llover (están en el 74%) y la emergencia ha pasado a mejor vida. El Govern sigue fiel a su hoja de ruta para tener todas las infraestructuras previstas para ser autosuficientes y no depender en un futuro del agua que cae del cielo. Superado ese capítulo, Illa sabe que convivirá con la crisis ferroviaria perpetua de Rodalies, la misma que fue el embrión del procés en 2007. Miles y miles de pasajeros se ven afectados a diario por un mal servicio que el Ejecutivo desnudó así: uno de cada cuatro trenes de Cataluña está inservible. Con un traspaso en ciernes, el Govern achaca los retrasos a las obras que se están haciendo ahora y que no se hicieron durante años. El Parlament, con la anuencia de ERC, pidió la destitución por el fiasco de la consejera responsable, Sílvia Paneque. Y está por ver el desenlace final de la posible ampliación del aeropuerto, rechazada por parte de sus socios.

Illa ha viajado dos veces a Bruselas, pero no se ha entrevistado con el expresident Carles Puigdemont pese a haberlo hecho con todos sus antecesores, Pujol incluido. La situación del líder de Junts sigue siendo la piedra de su zapato porque su discurso de normalidad queda en entredicho cuando el PSOE se reúne con Puigdemont en Suiza sin Illa. El desenlace puede llegar en verano, como pronto, con la decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía que afecta tanto a Puigdemont como a Oriol Junqueras, que le marca como un metrónomo. Illa sabe que este próximo mes le aguarda con la financiación y la amnistía un cambio de rasante.