La opa y la prueba del algodón

El ejercicio no requiere pericia. El articulista puede pronosticar, con escaso margen de error, que Salvador Illa será agasajado en el cierre de las jornadas del Cercle d’Economia, satisfecho como parece estar el poder económico con la etapa de templanza abierta en la Generalitat, moderación propagada insistentemente desde Palau. Aunque alguna voz insatisfecha pudiera recriminar este miércoles al presidente que sus alianzas parlamentarias con ERC y Comuns —más una relación de conveniencia que un amor serio— le han exigido poner coto a los alquileres de temporada o retocar el impuesto de transmisiones patrimoniales para exigir un plus a los grandes propietarios de viviendas, en fórums económicos se palpa más sintonía que reproches al Govern. 

Los aspavientos por los pactos de Illa con los socios de izquierdas los ha puesto Foment del Treball, una teatralización de la inquietud que ha llevado Josep Sánchez Llibre a agitar el fantasma del tripartito. Los representantes patronales, que esperan de Illa que ejerza de aliado con los mínimos volantazos, ansían que el PSC retome una agenda que incluía la ampliación del aeropuerto del Prat y la mejora de la financiación. Foment, que colaboró para encadenar el regreso de empresas a Cataluña, verbaliza su disconformidad pasajera con el presidente mientras requiere a Carles Puigdemont que utilice sus siete escaños en el Congreso para frenar la reducción de la jornada laboral, que ya asoma en el escenario.

A PSC y Junts, dos partidos requeridos periódicamente por el empresariado catalán, sería pertinente pedirles una actuación coordinada ante la opa del BBVA al Banco Sabadell. Por aquello del interés general. Pero los de Puigdemont han denunciado tibieza de Illa en la protección de la entidad vallesana y cargan de responsabilidad a Pedro Sánchez, a quien exigen que desactive la operación. Por el camino, Junts ha recurrido a la contorsión discursiva para justificar el voto de Pere Soler, vocal en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a propuesta de los independentistas, que avaló la unanimidad del regulador en el dictamen favorable a la opa. El resultado de la deliberación de Competencia causó perplejidad en dirigentes de la formación de Puigdemont, que esperaban un voto particular, concordante con la beligerancia declarativa. Si era una de las jugadas maestras del procés, en las esferas económicas sigue sin entenderse.

Junts, presente en instituciones y empresas del Estado, se había impuesto transmitir que puede ser un actor fiable para los intereses empresariales y financieros, pero no consigue afinar todos los movimientos. La astucia parlamentaria no se traduce, de momento, en el despliegue de poder que ejercía Convergència. A su vez, Illa necesita —con ayuda de la Moncloa— que el BBVA no engulla de un bocado uno de los bancos que apostaron por regresar a Cataluña, aunque el viaje de vuelta se explique por el instinto de supervivencia de Josep Oliu. El relato de Palau que la estabilidad que proyecta Illa es generadora de buenas noticias en la economía catalana quedaría parcialmente lesionado. La opa es la prueba del algodón para todos.