Culmina, con críticas, la estabilización de los profesores universitarios asociados en Cataluña: “Han bajado sueldos y te pueden echar igual”

Maria (nombre ficticio) hace 15 años que trabaja como profesora asociada en la facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). En este tiempo ha transitado por contratos de una hora de docencia a la semana a seis -con salarios que van de los 100 a los 500 euros aproximados- y que debía renovar año tras año. El pasado 31 de marzo esperaba en la sala de actos de la facultad, junto a casi un centenar más de profesores asociados, a que dijeran su nombre para poder confirmar su plaza, que a partir de ahora será indefinida. “Te quita la presión de si querrán que continúe o no el curso siguiente, pero no me lo creeré hasta que firme”, explicaba. Las docentes tienen miedo a hablar abiertamente porque saben que son el eslabón más débil de la plantilla universitaria.

En la misma tesitura estaba Anna (también ficticio) con 20 años de antigüedad en la misma facultad. “Aunque cada año te pueden cambiar las horas de dedicación, por fin se nos reconocen los derechos y si te echan, al menos nos indemnizarán”, apunta. “Quieres enseñar porque te gusta la docencia, pero requiere mucho esfuerzo y dedicación para lo que te pagan”, añade Gemma (ficticio).

Los profesores asociados están viviendo un gran proceso de estabilización, que básicamente pasa por convertir sus contratos de temporales a indefinidos, según marca la nueva Ley de Universidades (LOSU). Como contraposición, verán reducidas las horas, de un máximo de seis a cuatro, lo que implica una reducción de sueldo. Todo este proceso despierta opiniones de todos los colores: desde el sentimiento agridulce de los docentes (más estabilidad, pero menos salario en algunos casos) a críticas de parte de los sindicatos y satisfacción comedida, con objeciones veladas, de los rectores.

Los gobiernos estatales y autonómicos decidieron atajar, finalmente, hace un par de años la inestabilidad e irregularidad de los profesores asociados, una figura explotada hasta la saciedad por las universidades desde el estallido de la crisis de hace 15 años, debido a que esta se convirtió en la única manera de contratar docentes, ante la imposibilidad de crear plazas estables y cubrir las jubilaciones. Así, los asociados han llegado a suponer hasta la mitad de la plantilla de los campus. En cifras, los siete campus públicos pasaron de sumar 5.453 profesores asociados en 2014 al máximo de 8.855 en 2022, según datos del Departamento de Universidades en una respuesta parlamentaria en marzo. Al año siguiente se rompió la tendencia, bajando a los 7.594, coincidiendo con la puesta en marcha del plan de choque de la Generalitat, consistente a inyectar 65 millones para crear 820 plazas de profesorado (básicamente de lector) en tres años.

De hecho, los asociados están viendo cambiar su situación por diferentes vías: ya sea la citada conversión de contratos a indefinidos para cumplir la LOSU (que marca la necesidad de rebajar la temporalidad de la plantilla), la creación de plazas de lector con el plan de la Generalitat o convocatorias como el programa María Goyri, que prevé contratar 1.200 docentes (también lectores) en cuatro años, financiados entre Gobierno y Generalitat.

No obstante, asambleas y sindicatos de algunas universidades critican el proceso, que tachan de “falsa estabilización”. “Nos preocupa la conversión de los asociados a indefinidos por la reducción de horas que supone, porque ello no resuelve la precariedad salarial”, sintetiza Clara Camps, portavoz de Transformem UB. En la Universidad de Barcelona, como en otras, esta adaptación a la baja de las horas de docencia que pueden hacer los asociados se hará progresivamente, durante tres años.

Desde la Universidad Autónoma tampoco relatan una buena experiencia del proceso de estabilización. “El curso pasado lo quisieron hacer urgentemente, fue algo muy rápido que no nos dejó tiempo para reaccionar. Te pedían muchos papeles, cuando la universidad ya tiene toda la información. Había un sentimiento generalizado de maltrato porque después de años trabajando te tienes que presentar a un concurso”, relata Núria Suero, presidenta del comité empresa de PDI laboral de la UAB.

Suero también destaca que algunos profesores han salido perjudicados por la reducción de horas. “Muchos tienen trabajo a fuera a tiempo parcial que les permita hacer de profesor, porque no es fácil”. La también portavoz de la asamblea de profesorado asociado de la UAB coincide en el concepto de “falsa estabilización”. “Han bajado sueldos y aunque seas estable te pueden echar fuera fácilmente porque nuestra plaza está vinculada a una asignatura y, si hay un cambio, fácilmente te pueden echar y como para contabilizar las indemnizaciones cuenta el contrato a partir de ahora, les puede salir muy barato, porque estamos hablando de sueldos de 400 o 500 euros”.

Otra visión, más positiva, tienen desde la Politécnica, cosa que atribuyen a la huelga intermitente que protagonizaron hace un par de años. Del total de 1.300 asociados, 1.087 se han convertido en indefinidos, según datos de Enric Mir, representante de la asamblea de asociados de la UPC. Aquí también se pactó una moratoria y muchos podrán mantener la antigua dedicación hasta 2028. Con todo, Mir admite que se han producido muchas impugnaciones, cosa que ha demorado el proceso de entrega de las plazas. “En el concurso se podía presentar cualquier persona, aunque daba más puntos para profesores con larga experiencia en la UPC. El problema es que docentes que hace pocos años que trabajan aquí han suspendido los méritos y reclamaban que también se les contara la experiencia en otras universidades”, abunda.

Los representantes sindicales también ven totalmente “insuficiente” la oferta de plazas de profesor permanente que se están ofreciendo en programas como el María Goiry. “Del total de 1.200 plazas, a la UB nos corresponden 395, pero tenemos 1.400 asociados que ya tienen el doctorado [datos de finales de 2023] y 440 que ya cuentan con la acreditación de lector o agregado”, detalla Camps.

Los rectores lo ven diferente y considera que ahora la prioridad debe ser “la mejora de los salarios de los profesores o planes de captación y retención de talento internacional existente”, aseguran desde la ACUP, la asociación que agrupa los rectores de las universidades públicas catalanas.

La ACUP admite que el proceso de estabilización “ha supuesto un desafío importante para las universidades por el elevado número de convocatorias en poco tiempo y porque ha generado muchas dudas en buena parte de los asociados”. Los rectores destacan que el objetivo inicial -dar seguridad a los docentes- era “razonable y justo”, pero admite que los profesores que tenían la máxima dedicación que permitía la anterior ley “han visto reducidas las horas y, consecuentemente, los ingresos”. Un gran volumen de docentes a los que se les recorta el horario ha comportado, reconocen desde la ACUP, que ha generado “agujeros de docencia”, pero ello no ha comportado problema, ya que, prosiguen, se ha cubierto con los nuevos lectores creados con el plan de choque de la Generalitat, el María Goiry y con los profesores sustitutos.

Precisamente, la figura del profesor sustituto, creado con la LOSU, está generando fuertes críticas entre los sindicatos, que denuncian un mal uso. Clara Camps asegura que se está contratando a sustitutos “de forma fraudulenta, para cubrir jubilaciones”. Núria Suero añade que “hay asociados que se han quedado fuera del plan de estabilización y han pasado a ser sustitutos. Pero son más precarios, porque pueden tener contratos de una semana o un mes”. Los rectores niegan que se esté haciendo un mal uso general y, si así ha sido, lo restringen a “casos muy excepcionales”.