Mundos paralelos en el debate público sobre Barcelona

Barcelona siempre ha sido una ciudad más inclinada a los valores progresistas que a los conservadores, pero el debate público sobre los problemas y el futuro de la ciudad no siempre refleja las preocupaciones reales de los ciudadanos. La Encuesta de Valores Sociales de 2021 muestra una vez más la enorme distancia que hay entre la percepción de los problemas que tiene la ciudadanía, y la que se expresa en el debate político, o lo que es lo mismo, la distancia entre la opinión pública y la publicada.

No hay mandato que no termine con una crisis de seguridad o de limpieza, los dos asuntos más utilizados por la oposición para desgastar a los gobiernos progresistas. Sin embargo los dos problemas sociales que más preocupan, según esa encuesta, son el paro y las condiciones de trabajo (27,4%) y la exclusión social, la pobreza y la desigualdad, (27,3%). Como en todas las ciudades turísticas, también hay problemas de seguridad, y eso es lo que más preocupa al 19,2% de los barceloneses, pero incluso este asunto ha tenido momentos peores: en 2006 era lo que más preocupaba al 28% de los barceloneses. Para encontrar la preocupación por la limpieza hay que bajar hasta el puesto número 13, pues solo lo es para 3,1%.

Pero el tema que más atención acapara en el debate público y publicado es la batalla urbanística y ambiental, protagonizada unas veces por entidades vinculadas a los sectores económicos afectados por los proyectos de transformación de la ciudad, pero también por misteriosas plataformas utilizadas como tapadera de intereses que no quieren o no se atreven a dar la cara, como la que denunció a Ada Colau por supuesto favoritismo en la concesión de subvenciones a entidades sociales afines. Esta causa, que acaba de ser también sobreseída, dio lugar a grandes titulares y mucho espacio televisivo cuando la alcaldesa fue llamada a declarar. Los titulares del sobreseimiento han sido mucho más discretos.

La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona ha acudido a los tribunales para que se paralice el proyecto de la Superilla del Eixample, que prevé crear nuevas plazas y ejes verdes para reducir la contaminación y mitigar los efectos del cambio climático. Coincide con otra entidad de nombre sonoro, Salvem Barcelona, que ha denunciado ante la fiscalía un supuesto delito contra el ordenamiento jurídico. Su portavoz, el economista Francesc Granell, se opone a los cambios de movilidad con el argumento de que “los coches en el Eixample no son para pasearse, son actividad económica”.

Es una opinión tan respetable como otra cualquiera. Pero las prioridades de los barceloneses están claras: un apabullante 74,7% está de acuerdo con la afirmación de que “se tendría que priorizar la protección del medio ambiente, aunque ello retarde el crecimiento económico y cause pérdida de puestos de trabajo”. Solo un 20,9% considera que “se tendría que dar la máxima prioridad al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo, aunque se resienta el medio ambiente”.

Parece que el ruido de las denuncias y las querellas no acaban de distraen a la ciudadanía de lo fundamental, aunque es obvio que ese es su propósito.

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