El juez de Tarragona a cargo del ‘caso Montoro’ rechaza enviar la investigación a los juzgados de Madrid

El juez de Tarragona del denominado caso Montoro ha rechazado enviar a los juzgados de Madrid la investigación que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a una veintena de personas. Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que desestima la petición de varias de las defensas, entre ellas las del propio exministro y su antiguo despacho, Equipo Económico. El instructor Rubén Rus considera, en contra de lo que alegan los investigados, que su juzgado es el “competente territorialmente” para indagar en la supuesta trama que, durante la etapa de Montoro en el Gobierno, presuntamente influyó en el Ejecutivo de Mariano Rajoy para conseguir legislación favorable a empresas gasistas y de otros sectores, presuntamente a cambio de pagos millonarios a su antiguo despacho, Equipo Económico. La Fiscalía Anticorrupción y tres acusaciones defendían que la causa siguiera en manos del magistrado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona sostiene que los hechos presuntamente delictivos que se investigan se habrían cometido en dicha localidad, por lo que entiende que es competente para seguir adelante con las pesquisas judiciales. “(…) Desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico (…)”, recalca. Y añade que las reformas impulsadas por la supuesta trama también produjeron un “impacto económico” en las arcas de Tarragona.

Desde que en julio de 2025 se alzara el secreto de sumario, el despacho Equipo Económico ha negado cualquier tipo de irregularidad y ha presentado distintos recursos ante la Audiencia Provincial de Tarragona. Unos para impugnar el hecho de que la investigación se haya llevado a cabo bajo secreto durante siete años, lo que ha impedido que los acusados tuvieran capacidad de acceder a las actuaciones; y, otros, para pedir que el caso quede en manos de un juez de Madrid, donde reside la asesoría fiscal. De igual forma, la firma ha intentado desmontar la investigación al pedir que se declare nulo el “hallazgo casual” de un correo en la empresa Messer Ibérica Gasses que dio pie al inicio de la investigación.

El juez Rus se apoya también en ese “hallazgo casual” para defender que debe quedarse con la causa. “Es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito”, sostiene. El instructor se ampara en el artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para insistir en que, “a falta de constancia del lugar de comisión del delito, resulta competente el del lugar en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito o, en definitiva, cualquiera que hubiese tenido noticia del delito”.

En este sentido, recuerda que en los correos electrónicos intervenidos se aprecia que varias empresas del sector pretendían “obtener una rebaja impositiva mediante la modificación de la Ley de Impuestos Especiales, en concreto en el impuesto eléctrico”. “Y de su lectura se desprende que, no habiendo obtenido la rebaja pretendida, se decide contratar a nueva empresa (Equipo Económico), ya que según se dice en los correos, esta tiene acceso directo al Ministerio de Hacienda, siendo este acceso directo lo que permitiría obtener la pretendida rebaja”, subraya. Además, recoge uno de los correos “más explícitos”, en el que se dice que “la vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.

En el marco de su resolución, el juez descarta que haya cometido irregularidad alguna al asumir la investigación. Según explica, desde el primer momento examinó su competencia territorial y descartó enviar el caso a los juzgados de Madrid. Así, niega haber actuado movido por un “especial interés en conocer del asunto”. “Se ha actuado en cumplimiento de las normas legales de reparto que resultan aplicables”, manifiesta.

Además del exministro, en esta causa están imputadas otras 27 personas. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. A lo largo de la investigación, Montoro ha defendido que salió de Equipo Económico antes de entrar en el Gobierno y se ha desmarcado por completo de las presuntas irregularidades que se investigan.