El careo de peritos enreda aún más la madeja del ‘caso Koldo’: “El ministerio fiscal no entiende nada”

Sus siete señorías ―seis señores y una señora, por ser precisos―, con sus puñetas, sus sillones y su estrado, ya no estaban allí. Los magistrados permanecían en cuerpo pero su mente parecía haber volado al vecino parque de la Villa de París por los ventanales del Salón de Plenos. Los peritos hablaban del hash, del icloud y de sistemas operativos. Las defensas querían (pero poquito) una prueba que habían pedido y la acusación lanzaba su órdago: o todo o nada. Tecnicismo a tecnicismo, jurídicos e informáticos, la madeja del caso Koldo se iba enredando hasta que el jefe de Anticorrupción ha verbalizado el sentimiento generalizado: “El ministerio fiscal la verdad es que no entiende nada”.

El juicio por los presuntos amaños en la compra de mascarillas en plena pandemia ha avanzado a una nueva fase dominada por los expertos. Su papel es el de explicar los informes que elaboraron en su día sobre aspectos concretos de la investigación judicial. “Intenten ser claros”, rogaba el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, antes de adentrarse en el análisis informático de los audios y mensajes encontrados en los dispositivos de Koldo García, una de las principales pruebas. Ellos lo intentan pero no siempre les sale. Y en esta ocasión la audiencia no se lo ha puesto nada fácil. Cuando el fiscal iniciaba el interrogatorio, la abogada del exasesor ministerial, Leticia de la Hoz, saltaba a la yugular. Hablemos solo de la cadena de custodia, proponía. Es que esos archivos ―aquellos con los que supimos que “la Carlota se enrolla que te cagas”― ya no están en la causa del Supremo, también han saltado por la ventana y han caído en la Audiencia Nacional, esgrimía. “¿Pero la prueba la solicitó usted?“, decía el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, claramente desconcertado. Esta jugada no se la esperaba ni él ni nadie. Jaque.

La incredulidad se adueñaba de la sala por momentos. El magistrado buscaba su tabla de salvación en el fiscal. ¿Y usted cómo lo ve?. “El ministerio fiscal no es capaz de decir nada más”, confesaba Luzón. El abogado de la acusación popular ―que lidera el PP― recogía el guante y reprochaba a su colega que intentara usar un informe concreto para “sembrar la duda sobre toda la investigación de la Guardia Civil”. Eso es “mala fe procesal”, afirmaba. No hay peor insulto. “Eso no lo puedo tolerar”, se indignaba ella. ¡Encima de que había avisado!... Sus señorías han tenido que parar, irse a deliberar y volver. Han optado por una decisión salomónica que rápidamente ha saltado por los aires. Y la prueba pericial se ha hecho sin límites.

La consecuencia no es menor. El sainete escondía una cuestión capital: hasta dónde podrá sentenciar el Supremo. Los magistrados podrán pronunciarse sobre todo lo que se haya dicho en su sala, que ahora incluirá el debate sobre la autenticidad de unos archivos mollares para toda la macrocausa. Su veredicto impactará de lleno en otra trama, la de presuntos amaños de obra pública. Y, como cabeza del Poder Judicial, su palabra será palabra de Dios. Jaque pero no mate. El desenlace de la partida llegará el próximo lunes, cuando otros expertos ―los agentes de la Guardia Civil que registraron la casa de Koldo García― detallen cómo se veló por la integridad del material incautado hace dos años. “¿Los mensajes de las chistorras son auténticos“?, planteaba De la Hoz. He ahí la cuestión.

Los guardias civiles ya han dejado fijado que no hay indicios de “manipulación” de esos archivos. Ha sido como un parto, porque antes han disertado sobre “huellas digitales”. Las defensas trataban de corregir el rumbo pero no había manera. Sus peritos, los de parte, revelaban que no podían aclarar sus dudas porque no manejaban los documentos originales. Mientras, Ábalos se quitaba el polvo de la chaqueta; García se frotaba los ojos; y algún magistrado miraba al techo en busca de misericordia divina. “Por favor, no interrumpan. Bastante complicado es esto”, imploraba también Martínez Arrieta.