Lanzarote aparta al Canal de Isabel II de la gestión del agua tras constatar una “perturbación grave, estructural y continuada del sistema”

El Consorcio del Agua de Lanzarote —el organismo público que agrupa al Cabildo insular y a los siete ayuntamientos de la isla— decidió el lunes intervenir el servicio del ciclo integral del agua y avanzar en la resolución del contrato con la empresa concesionaria, Canal Gestión, filial del Canal de Isabel II de Madrid. El organismo ha argumentado esta decisión en la “perturbación grave, estructural y continuada del sistema” que ha provocado la empresa madrileña sobre un servicio que afecta a unas 200.000 personas. “Los problemas no son parciales, sino generalizados en todas las áreas”, abunda el Consorcio, y “los incumplimientos, continuos y reiterados por parte de la concesionaria generan afecciones directas a los usuarios y al medio ambiente, que se agravan día a día”. La decisión fue adoptada por unanimidad en una asamblea extraordinaria. Votó a favor, incluso, el alcalde popular de Arrecife.

Este martes, la empresa pública ha calificado la medida de “sorprendente” y ha anunciado en un comunicado facilitado a este periódico que adoptará, “con la máxima contundencia, todas las medidas legales necesarias para proteger su patrimonio y su buen nombre como empresa pública”.

El Canal De Isabel II aterrizó en la isla en 2013 para hacerse cargo de la gestión integral del agua a través de su filial, Canal Gestión Lanzarote. Hasta entonces, esta responsabilidad recaía en Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), que arrastraba un pasivo de 50 millones de euros y se encontraba en un procedimiento de administración concursal. El entonces presidente del Cabildo, el actual senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés (recientemente absuelto por el Tribunal Supremo del delito de denuncia falsa), optó por externalizar del servicio y adjudicar este contrato por 106 millones (los 50 millones de deuda más 56 millones de inversión) de euros en 30 años. El acuerdo se firmó por 30 años, por lo que Canal Gestión tendría que haber permanecido en Lanzarote hasta 2043.

Aquella fue la segunda ocasión en la que la empresa pública madrileña (es propiedad en 81,99% de la Comunidad; en un 10% del Ayuntamiento de Madrid y de un 8,01% de otros consistorios de la autonomía) salía fuera de los límites de la región. Antes solo lo había hecho en Cáceres. Posteriormente, se sumaría la expansión internacional en países latinoamericanos como Brasil y Colombia. Esta aventura fuera de España se convirtió, años después, en el foco principal del caso Lezo, una trama de una red de políticos y directivos que presuntamente aprovechó esta expansión internacional para cobrar jugosas mordidas. El Gobierno de la Comunidad trató de privatizar parte del Canal En 2012, el Gobierno de la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, renunció a esta operación.

Para optar a la licitación, el Ejecutivo, ya presidido por Ignacio González, creó una empresa ad hoc para esta licitación. La concesión, además, levantó cierta polémica en su día, no solo porque su oferta se impuso a las presentadas por otras empresas que ya trabajaban en las islas —una era Canaragua, entonces filial de Aguas de Barcelona y, actualmente, parte de la multinacional francesa Veolia; la otra era Gestagua, filial del también grupo francés Saur—, sino porque se comprometió a hacer inversiones por encima de lo que recogían las bases del concurso y a afrontar la deuda de Inalsa, lo que rechinó al PSOE de Madrid.

En la nota remitida a este diario, la empresa explica en este sentido que en el momento de la adjudicación, “alertó de las graves deficiencias estructurales de la red” y que presentó una oferta que “superaba ampliamente las exigencias del pliego”, que era tan solo de 15 millones. Segun su versión, el Consorcio del Agua de Lanzarote se comprometía a invertir otros 78,7 millones en la mejora de las infraestructuras.

Problemas de servicio

Pero los problemas han sido moneda común en estos años. Así, Lanzarote lleva en situación de emergencia hídrica más de un año y pese a sta situación, Canal Gestión Lanzarote perdió 2025 el 55,4% del agua que desala en sus cuatro plantas, según los datos oficiales.

Los informes elaborados por el consorcio, recogidos por Canarias Ahora, sostienen que las deficiencias afectan al mantenimiento de infraestructuras, a la reparación de fugas y averías, y al cumplimiento de las inversiones comprometidas contractualmente y que afectan a todas las fases del ciclo: desalación, distribución, saneamiento, depuración y reutilización. El deterioro del sistema ha provocado interrupciones frecuentes del suministro, pérdidas de agua elevadas y una precarización progresiva de instalaciones clave, como desaladoras y estaciones depuradoras.

Canal de Isabel II señala, sin embargo, al Consorcio del Agua de Lanzarote. Asegura que Canal Gestión Lanzarote ha invertido 145,8 millones, y que el organismo insular “no ha ejecutado las inversiones comprometidas”. Añade, además, “el bloqueo sistemático” de la actualización de tarifas desde el origen de la concesión, unas modificaciones que, sostiene, estaban “pactadas por contrato y avaladas por sentencia” judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Así las cosas, hace un año, el Consorcio comenzó a trabajar en la liquidación. Contaba entonces con no tener que devolver 58 millones de euros que la sociedad contratista depositó inicialmente.

Antes de adoptar la decisión más drástica, no obstante, el Consorcio asegura haber tratado de evitar una ruptura abrupta, explica el propio organismo en una nota. Durante el último año se mantuvo abierto un procedimiento de resolución del contrato y se ofreció a Canal Gestión la posibilidad de ceder la concesión a una tercera empresa. Para facilitar ese traspaso se concedieron dos plazos consecutivos de tres meses, sin que las negociaciones llegaran a buen puerto.

Ante el fracaso de esa vía y la persistencia de los problemas, el Consorcio decidió activar las herramientas previstas en la legislación administrativa para intervenir un servicio público esencial cuando la gestión privada compromete el interés general. El Consorcio asumirá ahora esta gestión.

“La rescisión del contrato es un paso importante hacia la resolución del problema del agua en Lanzarote y que el final de la historia está más cerca que nunca”, ha explicado en la nota el presidente del Cabildo insular, Oswaldo Betancort (Coalición Canaria).