La jueza del desplome de la pasarela de Santander imputa seis delitos de homicidio a tres funcionarios de Costas

La jueza que investiga el desplome mortal de una pasarela marítima en la playa de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad el pasado 3 de marzo, investiga por seis delitos de homicidio y un delito de lesiones, todos por imprudencia grave, a tres funcionarios de la Demarcación de Costas de Cantabria, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los tres funcionarios han sido citados a declarar el próximo 15 de mayo en una sesión en la que se practicarán las pruebas periciales, tanto la judicial, como las que han solicitado la acusación particular y las defensas.

La instructora ha decidido ampliar la acción penal a quien fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas, desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló. En la causa ya estaban investigados el actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras, que sucedió en el cargo al tercer funcionario investigado, y el jefe de la Demarcación de Costas, que fue el director de Obras del Proyecto de 2014 de construcción de la senda costera.

Además de los tres funcionarios, también está investigada una operadora del servicio 112 por la gestión de la llamada que hizo un vecino avisando del mal estado de la pasarela y una agente de Policía Local de Santander que recibió el aviso derivado del 112 y no lo tramitó.

En un auto dado a conocer este martes, la magistrada señala que el tercer funcionario implicado “ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela” y tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo”. La “ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuado” generó “un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela”, destaca la jueza, citando el contenido del informe pericial.

La instructora considera que en cada responsable de la Jefatura de Obras concurre “una clara posición de garante y capacidad de actuar”, por el cargo que ocupaban y ocupan, y que “con su conducta omisiva”, pudieron contribuir, “concausalmente”, al “mantenimiento del riesgo no controlado” que desembocó en el desplome de la pasarela.

La falta de mantenimiento de la infraestructura, según el auto, podría constituir una “negligencia grave” y la posible comisión de los seis delitos de homicidio y las heridas graves que sufrió la superviviente. La magistrada también ha acordado que se examine a la joven que los bomberos rescataron con vida para evaluar las lesiones que sufrió en un informe forense.

El escrito judicial destaca que la pasarela estaba “abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción” y que no se sometió “a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014″. También recoge que, “aparentemente”, se usó un material para los herrajes de las vigas de apoyo “ciertamente inadecuado” para este tipo de estructura, sometida a un ambiente exterior sin cubrir y ubicada en un entorno costero.

Colapso por un deterioro no controlado

“La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales”, subraya. Las únicas actuaciones de mantenimiento se hicieron de forma “tardía y parcial” y se centraron solo en la estructura de madera. “El colapso pudo ser consecuencia de un deterioro progresivo no controlado”, concluye.

La magistrada ha dado permiso a los peritos de las partes para que puedan acceder al lugar del siniestro para realizar una inspección ocular y tomar muestras y les ha fijado la entrega de los informes “tres días antes del 15 de mayo”, fecha de la comparecencia de los tres investigados de Costas. También ha rechazado que el ingeniero que firmó el proyecto de las pasarelas declare como investigado el próximo viernes, en lugar de como testigo-perito, algo que había pedido el Ayuntamiento de Santander.