El PP propone bajar de 1.800 a 900 euros la renta para declarar a una familia vulnerable
Los populares impulsan una reforma urbanística para eliminar trámites y facilitar desahucios
“¿Pero ustedes creen que una familia puede vivir con 900 euros? ¿en qué país viven?”. La pregunta, dirigida a los populares, fue corriendo de boca en boca de los portavoces que intervenían este martes en el pleno del Congreso. De Podemos al PNV, de Sumar a EH Bildu. “Son ustedes muy buenos administradores familiares, incluso magos, si con apenas 1.000 euros creen que una familia puede acceder a una vivienda y comer todos los días”, ironizó la peneuvista Maribel Vaquero.
La actual ley de Enjuiciamiento Civil considera que una familia es vulnerable, a efectos de establecer restricciones a su desahucio, cuando su renta no supera tres veces el Iprem, el índice de referencia para determinar los ingresos que permiten el acceso a ayudas y subsidios públicos. Este año el Iprem se sitúa en 600 euros, por lo que una familia sería considerada vulnerable cuando su renta mensual es inferior a 1.800 euros. El PP pretende reducirlo a la mitad.
Así figura en una proposición de ley de los populares que ha sido tomada en consideración por el pleno del Congreso y que supondría un importante cambio en la normativa urbanística y de vivienda. Uno de los apartados de la iniciativa rebaja a 1,5 veces el Iprem el umbral de renta para que una familia se declare vulnerable y de ese modo se dificulte su expulsión de la vivienda. También plantea reducir de dos meses a uno el periodo del que dispone un inquilino para abandonar su vivienda una vez que un juez dictamine el desahucio.
La izquierda se le echó encima. “Ustedes tienen miedo a los pobres, les disgustan, los odian”, acusó Oskar Matute, de EH Bildu, entre las protestas de la bancada popular. El PP también se revolvió contra el diputado de Sumar Alberto Ibáñez cuando este conminó a la portavoz popular que defendió la propuesta, Soledad Cruz-Guzmán, a que le mirase a los ojos para decirle si una familia puede vivir con una renta tan escuálida. “Entiendo que les hierva la sangre, a mí me hierve cuando leo sus leyes”, replicó un airado Ibáñez.
La propuesta del PP plantea la reforma de tres leyes, entre ellas la de vivienda para retirar la posibilidad de declarar zonas tensionadas a fin de establecer topes a los precios de los alquileres. Eso no solo dio pie a que la izquierda acusase a los populares de actuar “al dictado de especuladores y fondos buitre”. Este punto, junto al endurecimiento del criterio de vulnerabilidad de las familias, llevó al PNV a abstenerse, a pesar de que una parte de la iniciativa del PP coincidía con otra que en su día registraron en el Congreso el grupo vasco y los socialistas.
Ese aspecto de la proposición del PP supondría una reforma de la ley del suelo muy reclamada por ayuntamientos de distinto signo político. Consistiría en aligerar trámites para la concesión de licencias, acortar plazos para emitir informes sobre los planes de urbanismo y evitar que estos sean anulados en su totalidad si los tribunales dictaminan ilegalidades en alguna de sus partes.
Una reforma muy similar fue presentada en su día por el PSOE y denostada con gran dureza por sus socios de Sumar. El principal partido del Gobierno confiaba en sacarla adelante con el PP, que compartía el grueso de su contenido. Pero los populares prefirieron infligir una derrota al Gobierno y, ante el anuncio de su voto contrario, los socialistas la retiraron. El PSOE volvió a la carga y presentó un texto casi idéntico junto al PNV. El PP votó de nuevo en contra, sumado a los grupos más a la izquierda, y resultó derrotada.
Esta vez fue el PP el que apeló a que se trata de una solicitud de ayuntamientos de diferentes partidos y reclamó consenso para unas medidas que, argumentó, facilitarían la construcción de vivienda nueva. “Si la vivienda es un problema de Estado, demostremos que somos capaces de alcanzar pactos de Estado”, fue el llamamiento de la diputada Cruz-Guzmán, quien se dirigió específicamente al PNV para pedirle “coherencia con sus votantes, sus ciudadanos y sus industrias”. Maribel Vaquero le retrucó: “Votaron en contra hace un año por razones políticas y ahora nos pide a nosotros responsabilidad”. El mismo reproche de la socialista Isabel Pérez, quien rechazó el resto de la propuesta porque, según ella, prueba que el modelo urbanístico del PP “es la especulación”.
Los populares pidieron expresamente el apoyo de Junts y lo lograron, lo que permitió que la iniciativa fuese tomada en consideración, aunque resulta improbable que llegue a fructificar en ley. Una prueba más del cada vez mayor acercamiento en determinadas cuestiones entre las derechas nacionales y catalana.Vox también votó a favor, pese a los estacazos verbales a los populares de su diputado Ricardo Chamorro, quien atribuyó los “prohibitivos” precios de la vivienda en Madrid a la “dictadura del capital” instaurada por Isabel Díaz Ayuso.
El pleno también accedió a tramitar una proposición de ley del PSOE para que las mujeres puedan mantener indefinidamente sus óvulos criogenizados, sin depender, como ahora, de una decisión médica. Solo Vox votó en contra.
