Con la vida en una caja tras el fin del escudo social

No habían pasado ni tres horas desde que a finales de febrero PP, Vox y Junts votaron en contra de prolongar el escudo social cuando a los juzgados de toda España comenzaron a llegar correos de abogados pidiendo que se reactivasen los desahucios paralizados desde 2020. El Decreto vigente no había logrado los apoyos políticos suficientes y desde ese día, el término “vulnerable” ya no salva a nadie de terminar en la calle.

“Tengo mi vida metida en un montón de cajas”, dice Ana de 63 años, un nombre elegido por ella para no revelar su identidad. A la votación en la Carrera de San Jerónimo le siguió una llamada de su abogada para decirle que en cualquier momento podría llegar la fecha de desahucio y desde entonces no ha dejado de hacer bultos que se apilan en el salón de su casa de Carabanchel. Sin empleo y débil de salud, el mismo banco que le vendió la casa hace 21 años es el mismo que ahora se la quita. La entidad lleva seis años esperando para ello. “No sé dónde iré a partir de ahora. Las Navidades fueron angustiantes pero la abogada me dijo que hubo una prórroga”, dice en referencia a los dos meses que utilizó el Ejecutivo para negociar un nuevo escudo social cuando el ataque contra Irán no estaba ni siquiera en el horizonte. “A mi edad es casi imposible encontrar trabajo. Estoy enferma y ahora también vivo con una depresión que no me deja respirar”, dice llevándose la mano al pecho.

Las demandas de los propietarios no son nuevas: muchas se presentaron antes y algunas de ellas tenían fecha de lanzamiento marcada cuando quedaron paralizadas por un Decreto-ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 que obligó a suspender los desalojos si se acreditaba vulnerabilidad y ausencia de alternativa habitacional. Ahora, sin prórroga, esos expedientes se han reactivado. “En un contexto de crisis inmobiliaria y con el precio de la vivienda más alto de los últimos 18 años veremos escenas parecidas a las que vimos durante los peores años de la crisis económica”, explica Alejandra Jacinto, abogada especialista en vivienda y fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

Una angustia similiar a la de Ana en Carabanchel es la que vive en Sevilla Mari Ángeles Camacho en su casa del barrio Parque Alcosa. Camacho, de 41 años, gana 1.079 euros trabajando como cuidadora de ancianos y su día a día es una continua lucha contra los elementos: del trabajo al médico de su hijo discapacitado, de ahí a las frustrantes citas con los servicios sociales del Ayuntamiento y vuelta a empezar. Desde el mes pasado, al agobio de cada día suma una fecha: el jueves 16 de abril. Para ese día está fijado el juicio del que podría salir la fecha para su desahucio.

El propietario del piso, La Caixa, no quiere que siga en la vivienda una vez que ha terminado su contrato por el que pagaba 450 euros de alquiler en un barrio donde lo normal es pagar el doble. “Ahora por ese precio solo encuentro una habitación pero ni siquiera alquilan una habitación a una mujer con un hijo con discapacidad”, añade.

En cuanto a la venta, el precio medio de una vivienda en Parque Alcosa ronda los 200.000 euros pero si tienen “bicho dentro”, como se dice despectivamente en el argot inmobiliario, se vende a unos 80.000 euros. Muchos de estos pisos están siendo adquiridos por especuladores ahora que “vulnerable” dejó de ser una razón para impedir el desahucio.

“Después de 16 años viviendo en esta casa es imposible vivir con tranquilidad sabiendo que en cualquier momento iré a parar a la calle”, explica. Desde hace algunas semanas, Camacho no mete sus cosas en cajas sino que las tira: “Ropa, juguetes...me tengo que ir deshaciendo de cosas”, lamenta. “Solo tengo ganas de estar en casa y llorar, pero no puedo permitírmelo”. Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas calculan que el fin del escudo social pone al borde del desahucio a 60.000 familias, concentradas principalmente en Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid que encabezan el número de lanzamientos en España.

En este contexto y con el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán como telón de fondo, Sumar y Podemos presionan ahora para que el Gobierno añada a las medidas económicas que se anunciarán la próxima semana un nuevo escudo social del que, sin embargo, quedará fuera todo lo relacionado con vivienda e inquilinos “vulnerables”, confirmó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

En España, en 2024 se practicaron 27.564 desahucios, un 3,4% más que el año anterior. Casi el 75% fue por impagos de alquiler y el 18% por ejecuciones hipotecarias, según el Consejo General del Poder Judicial. Familias de bajos ingresos, emigrantes y trabajadores temporales en pisos de alquiler son los principales protagonistas.

En los juzgados, la secuencia es conocida: demanda por impago, decreto de admisión y señalamiento de fecha de lanzamiento. Si el inquilino acredita vulnerabilidad ante el órgano judicial y los servicios sociales certifican que no dispone de alternativa habitacional, el procedimiento podía suspenderse durante el plazo que marcaba la ley. Esa fue la vía que permitió congelar miles de desalojos desde 2020 como el que amenaza la vida de Ana hasta que esta semana recibió la llamada de su abogada.

Con 68 años, Iván Giesen también vive pendiente del teléfono en su casa de Barcelona en el barrio de Poble Nou. Declarado “vulnerable” por los servicios sociales debido a sus bajos ingresos, una familia compró el edificio en el que vive y decidió dar por concluido el contrato de alquiler. Desde entonces comenzó una lucha en los juzgados que ahora da resultados para los propietarios. “El anterior desahucio se paralizó hace un año pero ahora no hay marcha atrás después de 26 años viviendo en la misma casa”, explica. Giesen es uno de los 13.000 posibles desahucios paralizados hasta ahora en Cataluña.

Para la abogada, “la guerra contra Irán aporta un argumento más para tomar medidas urgentes. Como país no podemos permitirnos imágenes que parecían olvidadadas de miles de inquilinos de bajos recursos en la calle”, señala Jacinto.

Otra de las familias que también ha empezado a meter su vida en cajas es la de Salma Begum desde que el lunes 2 de marzo, cuatro días después de que terminara el Real Decreto, recibió en su casa de Puente de Vallecas el aviso de su casero. “Tengo un certificado de incapacidad por los fuertes dolores que tengo en la espalda y en las rodillas que me impiden trabajar”, dice Begum, madre de dos hijos que viven con los 550 euros que recibe en concepto de Salario Mínimo Vital. “Lo peor es que tendré que pasar a dormir en la calle porque nadie me alquila nada. Ni una casa, ni una habitación ni nada con estos ingresos”, añade.

A emigrantes o madres solteras “vulnerables” se han unido en esta lucha miles de pensionistas al borde de la indigencia. En su última concentración justo antes de la votación, los pensionistas recordaron a los partidos políticos que uno de cada tres pensionistas, casi 2,5 millones de personas, cobran menos de 1.000 euros al mes.