Ibiza desalojará a 200 trabajadores de sus asentamientos a las puertas de la temporada

Ahmed, de 35 años, originario del Sáhara Occidental, ha trabajado el viernes por la mañana en un hotel de cinco estrellas. Por la tarde, al finalizar su turno, ha regresado a la cabaña que se ha construido con maderas y cartones en un terreno salpicado de infraviviendas situado en la zona de Sa Joveria, junto al hospital de Can Misses de Ibiza. La historia de Ahmed es la de otros muchos y se replica desde hace años. Trabajadores que malviven en casetas construidas con maderas, en caravanas en dudoso estado de conservación o en tiendas de campaña compradas en una popular tienda de artículos deportivos. Cocinan al raso con bombonas de butano, cogen el agua para abastecerse de las fuentes públicas y se asean en polideportivos, gimnasios o en sus lugares de trabajo. Es el único recurso que decenas de personas han encontrado en una sociedad salvaje que reclama casi la totalidad del salario para obtener un alquiler legal.

Alrededor de 200 personas que desde hace meses habitan en dos solares ubicados en las zonas de Sa Joveria y en un terreno junto al estadio de fútbol de Can Misses serán desalojadas de estos asentamientos a lo largo del mes de abril. El drama de muchos de ellos es que son repetidores: ya fueron desahuciados en julio del año pasado del enorme asentamiento de Can Rova, en Santa Eulària, en el que llegaron a vivir más de 200 personas. Y cuando sean desalojados de nuevo, tendrán que volver a empezar.

El primer desahucio será el del solar de Sa Joveria que está previsto para el martes 21 de abril a las diez de la mañana. Afecta a unas 130 personas, según recuentos realizados por la Policía Local de Ibiza y los servicios sociales del Ayuntamiento, aunque tras la notificación del desahucio muchos de sus habitantes han decidido trasladarse a otros lugares y la cifra se ha rebajado a algo más de 70 personas. Se trata de un solar privado cuyos propietarios recibieron por parte del Consistorio reiteradas instancias para su adecuación por el riesgo medioambiental de contaminación y contra la salud pública que suponía la instalación de tiendas de campaña y caravanas. Sin embargo, ante la imposibilidad de hacerlo por parte de los dueños, el Ayuntamiento inició un proceso judicial que el pasado 20 de marzo autorizó la entrada, desmantelamiento y limpieza de la parcela, que será vallada una vez desalojada.

“La ciudad de Ibiza tiene un problema importante de vivienda, pero no podemos tolerar desde la administración que esto se convierta en un hábito de vida”, advierte el alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, del PP, que recuerda que desde el equipo de gobierno llevan meses luchando para evitar los asentamientos hasta que han podido obtener el aval de la justicia para erradicar “esta forma de vida habitual que se estaba extendiendo por la ciudad”. El alcalde incide en el peligro de mantener el solar ocupado por su cercanía con el hospital de Can Misses y por el riesgo de incendio y de acumulación de basuras. Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento para defender el desalojo en el proceso judicial se incluyen informes de distintas entidades, como la Policía municipal y el hospital de Can Misses, en los que se alerta del riesgo de ingresos no autorizados en el recinto sanitario, de problemas por no contar con agua potable y de la proliferación de plagas de mosquitos, roedores e insectos.

El 80% de los habitantes de la parcela de Sa Joveria son hombres trabajadores temporeros de origen saharaui, que se emplean en el sector de la construcción y el turismo. Es el caso de Mohamed, de 38 años, que malvive como puede en una tienda de campaña mientras intenta buscar trabajo, o el de Adem, de 26 años, que ha trabajado durante meses en la hostelería como jardinero y que estos días está a la caza de un nuevo empleo.

En el asentamiento también hay mujeres como Sofía, que hace unos días explicó a Radio Ibiza que llevaba más de un año viviendo en una caravana junto a su pareja porque con su trabajo en un hotel no podía hacer frente a los 800 o 900 euros que se están pidiendo por alquilar una habitación. También vive en una caravana Lucía, que trabaja como limpiadora en el hospital de Can Misses pero cuyo sueldo no le da para alquilar una habitación, algo que también descarta porque prefiere una caravana para ella sola que compartir con más gente. “El Consell tendría que habilitar espacios mínimos para tener las necesidades prioritarias cubiertas, que se piensen en habilitar zonas específicas”, insta.

Hay asimismo familias con menores a cargo que ya están monitorizadas por los servicios municipales, que han abierto seis expedientes de vulnerabilidad a personas a las que el Consistorio está dando soporte. En una situación de urgencia se encuentra Agustín, un ecuatoriano de 54 años que durante dos décadas ha trabajado en una panadería en Ibiza, pero que tiene una discapacidad declarada que le impide trabajar después de superar un cáncer hace dos años y de ser operado hace muy poco tiempo. Vive en una caravana, en la que recaló porque no podía pagar un alquiler, y estos días se plantea cuál será su futuro.

Drama habitacional

El florecimiento de estos asentamientos es solo la punta del iceberg que es el problema de acceso a la vivienda y del que Ibiza es el epicentro a nivel nacional al conjugar varios elementos que crean una tormenta perfecta: escasez de suelo para construir nuevas edificaciones al tratarse de una isla y una desbordante demanda al ser un territorio dedicado al sector servicios. Los datos lo corroboran: Santa Eulària des Riu superó el año pasado los 6.000 euros el metro cuadrado, batiendo todos los récords existentes, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En la ciudad de Ibiza, según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado de alquiler se situó el mes pasado en los 29 euros, un 14% más que hace un año, lo que deja un piso de 75 metros cuadrados en un precio de 2.175 euros al mes. El mercado de las habitaciones va por libre y en los principales canales de Telegram no bajan de los 1.000 euros para personas solas y de los 1.300 para parejas.

Las entidades sociales llevan años alertando del cambio de perfil de los usuarios a los que atienden. Lo corrobora el coordinador de Cáritas Diocesana Ibiza, Gustavo Gómez, que habla de un grueso de personas que antes podían acceder a una habitación a través de las ayudas públicas, pero a las que esto ya no les basta para poder dormir bajo techo. “Por lo menos, ahora no tienen que elegir entre pagar el alquiler o comer, porque gracias a la ayuda que ofrecemos pueden garantizarse la comida”, lamenta. En el informe referido al año 2024, la entidad constató que la mayor parte de las personas atendidas en Cáritas Ibiza es de nacionalidad española, trabajadores en activo llegados de otras provincias que han aterrizado en la isla para buscarse la vida y también residentes de siempre que han agotado todas las ayudas familiares.

A través del albergue Nazaret, que la entidad gestiona en la ciudad, han dado refugio a madres con niños pequeños que fueron desalojadas del asentamiento de Can Rova el pasado mes de julio. Sin embargo, es un recurso temporal con un máximo de 23 plazas, en el que las familias se pueden quedar tres o cuatro meses como mucho, porque ni ellos ni las Administraciones tienen “nada definitivo” para solucionar el problema. “Estamos viviendo la situación con preocupación”, dice Gómez, que cree que con los habitantes de estos asentamientos pasará lo mismo que en los últimos casos y terminarán buscando nuevos terrenos “para intentar vivir como puedan”.

Al desalojo de Sa Joveria se sumará el próximo 29 de abril el desahucio previsto en los terrenos de Can Misses, donde viven entre 70 y 80 personas, también trabajadoras y buena parte de ellas procedentes del desahucio del solar de Can Rova. En este poblado el perfil es diverso, con múltiples nacionalidades y ocupaciones, distribuidos en caravanas y casetas en las que han resistido todo el invierno y que ahora se quedarán sin un lugar en el que refugiarse.

El alcalde de Ibiza ya ha advertido de que la Policía Local vigilará que sus habitantes no tomen otro solar para establecerse. “Entendemos que de forma natural estas personas se desplazarán a otras ubicaciones y nosotros tendremos una vigilancia permanente. Se pueden trasladar a otros municipios, quizás sí”, reconoce Triguero, que incide en la necesidad de que en esa avalancha de trabajadores de temporada que llegan a la isla por estas fechas la mayoría llegue con una solución habitacional digna. Una quimera, hoy por hoy, en una isla totalmente tensionada.